La legisladora Mónica Urquiza informó sobre el dictamen favorable que obtuvo ayer el proyecto girado por el Ejecutivo que unifica los yacimientos San Sebastián y Lobo, dejándolos en manos de YPF sin mediar una renegociación. Consideró que debió llamarse a licitación y, en todo caso, YPF podía presentarse. Aseguró que, con este anexo del yacimiento, lo único que percibirá la provincia son 200 mil pesos por año.
Río Grande.- La legisladora del MPF Mónica Urquiza informó por FM Aire Libre que el plenario de comisiones dictaminó ayer favor del proyecto girado por el Ejecutivo que unifica el área CA1 San Sebastián con el yacimiento Lobo, por lo que quedarían ambos bajo la órbita de YPF.
“Tuvimos la reunión de las comisiones 1, 2 y 3, de legislación, presupuesto y recursos naturales, y efectivamente salió el dictamen a favor, con el voto positivo del oficialismo y del bloque UCR-Cambiemos, como era de esperar. Precisamente habían pedido no tratarlo en la sesión ordinaria y hacer una sesión especial. Lamentablemente no estuvieron los funcionarios de Hidrocarburos para ampliar la información, tampoco hemos tenido ningún informe del Tribunal de Cuentas”, sostuvo.
“El día martes elevamos toda la información que teníamos al Fiscal de Estado para poder tener una opinión legal”, indicó, a la espera del dictamen, que podría llegar con los hechos consumados.
“En esta reunión plenaria el legislador Harrington y el legislador Blanco fueron los que fundamentaron. El legislador Blanco me aclaró que el gas que inyecta el área CA1 va al gasoducto fueguino y no al San Martín, es decir que inyectan gas que se consume en la provincia, pero están fundamentando en base a un artículo de la ley 17.319, que no es precisamente el mismo que utiliza la señora gobernadora en su fundamento legal en el decreto que suscribió, ni tampoco el fundamento legal que utiliza la Secretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Hidrocarburos”, dijo.
“Existen muchas contradicciones, desde lo técnico en lo que tiene que ver con las reservas comprobadas, probables, y lo legal. Quedó muy clara la explicación que dio el geólogo de la Secretaría de Hidrocarburos Alejandro Aguirre, que es el único que se acercó a la reunión, y dijo que efectivamente sumarle el área Lobo a la CA1 lo que va a hacer del punto de vista económico, es potenciar el área Lobo y además potenciar el área CA1. Esto es un beneficio económico para YPF”, sentenció.
“Al margen de que sea un beneficio para la provincia porque se va a inyectar más gas en el gasoducto fueguino, esto es económicamente beneficioso para YPF. Entonces también debería ser económicamente beneficioso para la provincia”, remarcó.
En la reunión planteó la posibilidad de que YPF pague un bono, pero la respuesta fue que “no corresponde calcular un bono porque la concesión del área Lobo ya venció y no es una renegociación de concesión, pero por lo menos debería haber un aporte por responsabilidad social empresaria”, consideró.
Recordó que “la semana pasada los legisladores de UCR-Cambiemos Oscar Rubinos y Pablo Blanco pretendían esto, pero ahora han desistido y dicen que no corresponde. Nosotros sostenemos lo contrario y en la sesión fundamentaremos por supuesto nuestro voto negativo”, adelantó.
Lo cierto es que “no va a haber licitación, y no se llama a licitación porque la concesión la tenía YPF y venció en noviembre de 2017. Era una concesión antigua bajo la figura de la ley 17.319, concesionada por la nación. En 2012 -en la gestión Ríos- el secretario de Hidrocarburos Omar Nogar, que sigue siendo el mismo, solicitó a la empresa YPF las inversiones que tenían que hacer y no las hicieron. En el año 2016 lo que hace YPF es comunicarle a la Secretaría de Hidrocarburos que han encontrado que entre la CA1 y Lobo existe una falla geológica y hay una conexión hidráulica. Esto significa que cuando sacan el gas de CA1, están sacando el gas de Lobo y viceversa. La Secretaría de Hidrocarburos nos dijo que el análisis geológico llevó tiempo y recién desde diciembre de 2016 a junio de 2018 hacen un informe confirmando lo que decía YPF. A los tres días la Secretaría Legal y Técnica hace un informe fundamentando el porqué de unificar las áreas. Básicamente unificar el área CA1 con Lobo le va a permitir a YPF que obtenga mayor volumen de gas, más allá de las inversiones que tenga que realizar”, aseguró.
La legisladora aclaró que no se opone a que YPF maneje el área Lobo, “pero no en forma gratuita porque esto es un beneficio para YPF y lo dice la propia Secretaría Legal y Técnica. Al no prorrogar la concesión del área Lobo en su momento, se perdió la oportunidad de solicitar un bono. Ahora nos dicen que, como es un área revertida porque se venció la concesión, no se puede solicitar un bono y lo único que va a seguir cobrando la provincia por el área Lobo son 200 mil pesos al año. Esto lo dijo el legislador Blanco: esos 200 mil pesos se pagan por el canon del área, y eso se calcula por los kilómetros cuadrados, y son más de 1.500 kilómetros”, señaló.
“Por el hecho de que el área Lobo le dé beneficios a CA1, se está cotizando, y esto es un beneficio económico para YPF y también debería ser un beneficio para la provincia. Pero sostienen que no corresponde el bono porque no es una renovación y, según ellos, las reservas son cero. Ahora resulta que, si explotan desde la CA1, esas reservas cero se convierten en reservas reales. La provincia está en condiciones de exigir un beneficio”, insistió.
¿AREF con error de cálculo?
La legisladora llamó la atención sobre la desmentida de los legisladores respecto del informe que había elevado la AREF la semana pasada, según el cual el área Lobo aportaría unos 23 millones de dólares: “La semana pasada cuando estuvieron los funcionarios de Hidrocarburos, vino un funcionario de la AREF. Dejó un análisis que ellos realizaron, lamentablemente sin firmar, sobre la probabilidad de los recursos que puede aportar Lobo a la provincia. Estaban hablando de unos 23 millones de dólares. Ahora nos dice el legislador Blanco que esto no es así de acuerdo a las averiguaciones que hicieron y que AREF cometió un error en ese cálculo”, dijo.
“Nosotros hicimos el análisis de la documentación que nos dejaron el miércoles pasado, y en esta reunión hice varias preguntas pero nos contestan que, de acuerdo a lo que ellos averiguaron, el informe de AREF estaba equivocado. La AREF es la responsable de cobrar las regalías, porque se modificó la ley y se le dio el manejo de todas las regalías hidrocarburíferas”, remarcó Urquiza.
Puntualmente sobre la ley que se aprueba hoy, dijo que “es un decreto donde la gobernadora amplía el área CA1, sumando el área Lobo. Al área CA1, que se conoce como San Sebastián y está explotando YPF, se le suma el área Lobo. Esto le va a permitir a YPF que obtenga mayor volumen de gas, porque al haber una conexión hidráulica van a poder absorber el gas de Lobo. Y nos dicen que teóricamente con esto se va a poder inyectar más gas al gasoducto fueguino”.
“Nosotros elevamos una nota al Fiscal de Estado explicando todo esto, le adjuntamos todos los antecedentes que nos dejó la Secretaría de Hidrocarburos y la AREF, y le solicitamos una opinión legal, porque los fundamentos del decreto no se condicen con lo que están explicando los legisladores en el plenario. La gobernadora en el decreto fundamenta de acuerdo al artículo 9 de la ley 17.319, que dice que la provincia determina cuáles son las áreas a concesionar y cómo se deben concesionar, que tiene que ser mediante concursos, licitaciones y demás. La ley 17.319 en un artículo determina que, si alguna empresa se ve perjudicada por el llamado a licitación, puede presentar un recurso y demostrar esa situación. Esto tranquilamente podría haber ocurrido con YPF: se podría haber licitado Lobo como corresponde, pero nos dicen que no se puede licitar porque es un área revertida que nunca se explotó, y no se explotó porque nunca YPF hizo las inversiones correspondientes”, concluyó.
