El empresario argentino Leo Bilanski planteó un panorama complejo para el corto y mediano plazo, y cuestionó la falta de un plan de país por parte del gobierno nacional. De acuerdo a las encuestas realizadas, la capacidad industrial se derrumbó del 62% en el gobierno de Alberto Fernández, al 45% en la gestión Milei. La consecuencia inmediata será el despido de trabajadores de las industrias. Con la quita de subsidios al transporte, el aumento de los servicios y de la canasta básica, el salario real se ve reducido y el mensaje del gobierno es no recomponer en paritarias porque subiría la inflación. De no modificarse el rumbo se avizora una conflictividad social que equiparó a la crisis de 2001.
Río Grande.- El empresario argentino Leo Bilanski, uno de los dirigentes de los empresarios nacionales para el desarrollo, planteó un panorama crítico por FM La Isla a partir de los primeros meses de gobierno de Javier Milei, y la posibilidad de un aumento de la conflictividad social casi equiparable a la crisis del 2001.
En principio dio a conocer la encuesta trimestral que vienen haciendo desde hace siete años. “Estamos procesando una encuesta que hacemos trimestralmente y aborda el último trimestre del gobierno de Alberto Fernández. Extendimos el parámetro de respuesta a enero de este año, para abordar los 45 primeros días de la gestión de Javier Milei, que tomó medidas de impacto significativo, como la devaluación del 118%”, dijo.
“El dato que difundimos primero es el de la capacidad industrial utilizada. El gobierno de Alberto promedió en todo el año el 62% en todos los trimestres, pero notamos que en enero cayó al 45%. Eso es preocupante. Es un mes de vacaciones, se suman problemas de índole económico y político como el cepo a las importaciones, que todavía está sin resolver, y la devaluación profunda que hubo. Hay un componente importante que es la incertidumbre, en función de que no hay un modelo de país claro que esté impulsando el gobierno nacional”, expresó.
“La ley ómnibus, que configuraba más o menos un modelo de país, fue rechazada por el Poder Legislativo. La verdadera transformación viene por el lado de la ley ómnibus, que se cayó. Para poner en marcha una industria se necesita una planificación previa y una planificación futura. Una industria automotriz cuando se pone a armar autos, seis meses antes sus autopartistas tienen que componer las partes. Hoy hay automotrices que están sin producir, los autopartistas están con incertidumbre, los proveedores de la construcción tuvieron caída de ventas de hasta el 80%. Si este dato se sostiene en enero, febrero y marzo, la resultante es el despido de trabajadores industriales. Esto va a ser preocupante en un escenario de recesión”, advirtió.
En cuanto a la compra de dólares del Banco Central, consideró que “es fácil acumular dólares cuando no se gastan. En enero no se pagó ni una importación. Es lógico que se recomponga el Banco Central pero genera un problema en la industria. La industria no produce porque no está comprando los insumos ni los bienes intermedios para producir. A partir del 10 de febrero recién se pueden pagar las importaciones de pymes pero a cuentagotas. Dicen que se va a normalizar en cuatro meses, pero hasta ese momento el Banco Central va a tener dólares disponibles. Después no se sabe si viene una avalancha de importaciones y qué va a pasar con el Banco Central, si van a poner un cepo o no. No se sabe qué va a pasar con la deuda”, planteó.
“En el mediano plazo, si no hay dólares genuinos de inversión, si no se sanean las cuentas macroeconómicas de Argentina y la inflación no baja, los financistas van a hacer lo mismo que hacen siempre: especular contra el Estado. Por ahora hay una paz cambiaria que es buena, porque dejamos de desayunarnos todos los días con el dólar blue, pero hay una incertidumbre en el corto y mediano plazo. La verdad es que los cueveros no dan empleo a los trabajadores industriales, sino que lo dan las fábricas. Hasta que las fábricas no prendan sus motores, esto puede terminar con despidos y esto es lo más difícil de rescatar”, remarcó.
“No vemos despidos generalizados hasta ahora. Cuando Milei presentó la ley ómnibus fuimos al Congreso a plantear que ese modelo ponía en riesgo el 10% de las empresas de Argentina. La gente eligió esto y no hay otro escenario. El gobierno está generando una recesión forzada para mitigar la inflación, pero le va a llevar meses controlar la inflación y por ahora no se ven los resultados”, cuestionó.
“Los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo a pedazos todos los meses, con perspectiva de no recuperarlos en las paritarias, pero eso es lo que eligió la gente y en particular el empresariado. Nosotros no gobernamos, gobierna Luis Caputo, Javier Milei y los funcionarios de este gobierno. Yo creo que no hay margen cultural en la Argentina para la dolarización. Antes de tomar una decisión así hay que explicarla muy bien a la sociedad, porque si se toma de manera temeraria y al otro día el costo de vida de la canasta básica es de 750 dólares, pero los salarios son de 325 dólares, es decir la mitad, va a haber una rebelión social”, adelantó.
“La historia de la Argentina marca que los gobiernos que no miraron las consecuencias terminaron yéndose en helicóptero. La sociedad lo eligió a Milei para controlar la inflación, para bajar la pobreza, para que el Estado se corra de la presión de los impuestos, pero a los empresarios no nos bajaron ningún impuesto hasta ahora. La reforma laboral no se aplicó, es decir que las relaciones laborales son las mismas que estaban cuando gobernaba Alberto Fernández. No se ven todos los beneficios que iba a traer este gobierno y estamos viendo todos los perjuicios. Lo que no podemos decir es que la sociedad no sabía que iba a pasar esto, porque el 45% de capacidad industrial utilizada es el voto de la sociedad, que dijo que no quería industria sino apertura de las importaciones. Después le tendrán que ir a pedir trabajo a Javier Milei. Los que tienen que reflexionar son los que lo votaron y tendrán que salir a reclamar que no lo votaron para esto”, sentenció.
Agregó que “los que tienen que responder por qué todavía no hay un plan de gobierno no son los de la oposición sino que es el presidente, que no pudo proponer al Congreso un plan de país. No sé qué van a hacer para frenar los despidos en las industrias y volver a reactivar la capacidad industrial utilizada”.
En términos concretos, se le preguntó sobre el impacto del aumento del transporte, y desarrolló todo lo que impacta en el poder adquisitivo real. “Los empresarios más formados reconocen que la política de Estado presente que tenía el gobierno anterior, promovía un componente del salario que se llama el salario indirecto. Esto implica que la energía sea asequible para un salario promedio, que el transporte sea asequible para un salario promedio, que los alimentos de la canasta básica tengan administrados los precios para que tengan un consumo garantizado, y es un salario indirecto. El Estado interviene y complementa el salario que el privado puede pagar. Este gobierno no cree en el salario indirecto. Cree que cada trabajador tiene que negociar con su empleador el salario que cree que le corresponde. Está quitando el salario indirecto sin garantizar que el proceso de negociación salarial se recomponga, por lo tanto le está sacando plata real a los trabajadores en relación de dependencia. Va a llegar un punto en que el empleado va a plantear que no puede llegar a trabajar y nos van a forzar a recomponer. Los empresarios cuando tienen que recomponer salarios suben los precios y, si suben los precios, sube la inflación. La señal de este gobierno a los empresarios es que no ajusten los salarios a la alta y que no arreglen paritarias”, afirmó.
También tuvo en cuenta la demanda de trabajo de los sectores populares, que estarían dispuestos a aceptar cualquier condición. “La economía popular, que tenía un salario complementario por parte del Estado, son seis millones de personas. Cuando le saquen es salario complementario, van a competir mano a mano con el empleado registrado por un puesto de trabajo. Lamentablemente es una impericia del gobierno anterior, pero es la situación en la que nos encontramos. Esto le va a garantizar a los empresarios no tener la obligación de recomponer salarios, porque va a haber otro que toma el puesto de laburo por menos plata. La reforma laboral que planteó el gobierno en la ley ómnibus habla de ocho meses de período de prueba, y se puede despedir sin indemnización. Se están generando condiciones para que el sector privado se beneficie entre comillas. A los empresarios le pueden dar todas las herramientas para sentirse un patrón de estancia frente a un laburante, pero si al final del día no venden, se funden. Ese es el aprendizaje de la década de los ’90, porque ya se aplicó la reforma laboral, se abrieron las importaciones, y terminamos todos fundidos en la crisis del 2001. Hay un riesgo de conflictividad social a mediano plazo”, concluyó.
