La vicepresidente de CAME Claudia Fernández explicó los alcances del amicus curiae presentado ante la Corte Suprema por la entidad, junto con CONINAGRO y la Sociedad Rural. Lo que se cuestiona son las multas económicas que se cobran ante un juicio laboral y el pago de las indemnizaciones. Puntualmente se ataca el artículo 4 del DNU y hay expectativas de una resolución favorable.
Río Grande.- La vicepresidente de CAME, Claudia Fernández, explicó los alcances del recurso judicial que presentaron CAME, CONINAGRO y la Sociedad Rural, bajo la forma de un amicus cureae ante la Corte Suprema.
“Lo que se está pidiendo es la inconstitucionalidad del artículo 4, que contempla multas económicas y son parte de la litigiosidad laboral que tenemos. Esto dificulta la generación de empleo genuino”, dijo por FM Del Pueblo.
“Lo que pedimos es relativo únicamente al derecho individual del trabajo, excluyendo expresamente toda la vinculación del derecho colectivo al trabajo. Estamos de acuerdo con la actualización del contrato laboral, porque es muy vetusto y no ayuda ni a los empleados ni a nosotros. Queremos que quede absolutamente claro que no queremos quitar derechos, lo que vemos es que hay muchas nuevas modalidades de trabajo que, al no estar incluidas, quedan sin registro. Creemos que hay que trabajarlas y estamos dispuestos a hacerlo en conjunto, brindar nuestras ideas para poder trabajar tranquilamente”, señaló.
Explicó que “las multas económicas son las multas sobre intereses. Justamente el jueves por la tarde la Corte Suprema puso límite al cálculo de intereses de una indemnización por despido. Ese fallo está en concordancia con una presentación que hicimos desde CAME hace siete meses ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y la Corte Suprema, porque se cobraban intereses sobre intereses y era imposible pagar una indemnización. Nosotros defendemos a las medianas y pequeñas empresas, y muchas de ellas son unipersonales, no son sociedades anónimas o sociedades de hecho. Las indemnizaciones que se pagaban provocaban directamente la pérdida del negocio y hasta de la vivienda del titular, porque somos empresarios muy chicos. Esto provoca miedo a tomar un nuevo empleado y el trabajo genuino no está demostrado”, planteó.
Destacó que “en Tierra del Fuego tenemos un alto grado de blanqueo, somos una de las principales provincias que no tenemos registrado trabajo en negro. Para nosotros eso es un gran orgullo, pero implica un esfuerzo sumamente importante ante la litigiosidad y muchas veces el dinero no es para el trabajador sino para todas las partes intervinientes”, sostuvo.
Respecto de las ventajas comparativas de la ley de promoción, aclaró que “nosotros pagamos Ingresos Brutos, no pagamos Ganancias ni Bienes Personales, pero tenemos que pagar la zona desfavorable, que es un 80% más del salario, que también tributa en el 931. Por eso los empleados de Tierra del Fuego son los más caros del país. La situación está casi compensada con el continente”, aseguró.
La Corte “no hay plazo para expedirse. Con CAME, CONINAGRO y la Sociedad Rural estamos esperando el tiempo oportuno. Este amicus curiae tiene un tiempo de presentación y teníamos el escrito preparado para presentarlo cuando correspondía. Hubo otras organizaciones que lo presentaron antes de tiempo, cuando no correspondía, y no les dieron lugar. Todas las presentaciones anteriores han quedado fuera de análisis. Vamos a ver cómo resulta, estamos muy esperanzados, aguardando el momento para poder trabajar y tener una ley laboral que realmente nos represente a todos”, concluyó.
