A un mes del punto más álgido en el conflicto por el presupuesto educativo entre el Gobierno y las universidades nacionales, la UBA comunicó que llegó a acuerdo por los fondos y, en consecuencia, levantó el estado de emergencia que regía en el establecimiento. No obstante, la disputa todavía continúa: en las instituciones del resto del país reclaman que ellos aún no alcanzaron ningún arreglo con las autoridades y piden que se les trasfiera la misma plata que la arreglada para la Universidad de Buenos Aires.
Buenos Aires.- Los directivos de las instituciones piden que se les transfiera el mismo monto de dinero que a la Universidad de Buenos Aires. Reclaman una “discriminación federal”.
Se trata de al menos 60 institutos los que insisten en la necesidad y urgencia de que el Estado les transfiera el monto de dinero requerido para garantizar su normal funcionamiento y el dictado de clases. “Estamos en plena discusión viendo si nos dan lo mismo a todos. Si no, habrá problemas”, adelantó a Infobae Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Horas más tarde, desde el CIN emitieron un comunicado enfatizando su malestar y calificando de “inadmisible y provocadora” la medida adoptada para la UBA.
Las negociaciones por las que protestan están a cargo de la Secretaría de Educación, liderada por Carlos Torrendell, y del Ministerio de Capital Humano, administrado por Sandra Pettovello, quienes se mostraron abiertos a dialogar con rectores y vicerrectores luego de la masiva marcha federal universitaria llevada a cabo el pasado 23 de abril.
Sin embargo, habiendo pasado más de tres semanas desde aquella fecha, solo la Universidad de Buenos Aires logró acordar una suma acorde a sus necesidades. Se trata de $26.016.488.265 que el Gobierno les transferirá con destino a afrontar los Gastos de Funcionamiento y otros $35.436.785.336,00 para sostener los niveles de atención de la salud, sin perjudicar el resto de las funciones que llevan adelante.
La medida fue resuelta por el secretario de educación este martes y comunicada este miércoles por la UBA a través de un comunicado. En el mismo, contaron que en los últimos días se concretó una serie de reuniones con las autoridades en el que llegaron a un acuerdo y anunciaron el fin de la emergencia presupuestaria activada a principios de abril.
“La Secretaría de Educación ha dictado las resoluciones Nro. 179 y 180, incrementando el presupuesto oportunamente prorrogado. Si bien (las sumas) se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la universidad, posibilitan una programación presupuestaria”, se lee en los primeros puntos del documento emitido por los directivos.
Este continúa: “Resulta oportuno suspender la emergencia presupuestaria vigente en el ámbito de la Universidad estableciendo, no obstante, el estado de alerta y profunda preocupación tanto en materia de la imperante actualización salarial así como también de la continuidad de las asignaciones presupuestarias aún restantes que permitan la planificación y desarrollo de todas las actividades durante el presente ejercicio”.
La novedad provocó la reacción del resto de las universidades nacionales que, ante esta resolución, remarcan que con ellos todavía no avanzaron las tratativas y que no recibieron ninguna trasferencia de fondos. En este sentido, subrayan que existe una “discriminación federal injusta” de parte del Gobierno y piden que se aceleren las negociaciones.
A través de un comunicado emitido en la tarde del miércoles, desde el Comité Ejecutivo del CIN señalaron: “La actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.
Asimismo, calificaron como “inadmisible y provocador” que se reconozca este aumento solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 establecimientos.
“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, continuó el documento.
Este concluyó con la resolución adoptada por las autoridades universitarias ante esta situación: “Reunido en la sede del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.
