Faltan avales y también, que dialoguistas presenten despachos propios para obtener el mínimo de rúbricas en las tres comisiones que analizaron la iniciativa. Al final, este miércoles se pasó a cuarto intermedio
Buenos Aires.- El oficialismo quiso cerrar este miércoles el debate de la ley Bases y pasar a la firma de un texto con la intención de convertirlo en dictamen, pero no logró la cantidad de firmas necesarias ante la falta de avales de la oposición dialoguista y, por ahora, no llegará al recinto. Esto significó la activación de un nuevo cuarto intermedio y un duro traspié a las negociaciones que encaró en las últimas horas el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que en varias ocasiones anunció consensos blindados.
Para entender este delicado escenario es necesario ver a los integrantes de las comisiones que discutieron este tema. La de Presupuesto y Hacienda, que comanda el oficialista Ezequiel Atauche, tiene 17 integrantes, de los cuales 10 son del oficialismo y la oposición dialoguista; el resto, del kirchnerismo.
Misma situación corre la de Legislación General -cabecera de debate de la ley Bases-, que maneja el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala. En tanto, la de Asuntos Constitucionales está liderada por el peronista disidente Edgardo Kueider y cuenta con 19 integrantes: 11 del oficialismo y la oposición dialoguista, y ocho kirchneristas.
Para que un dictamen pueda convertirse en tal, se precisan las firmas de la mitad más uno de los integrantes de cada una de las comisiones. No hace falta que sean sobre el mismo texto, ya que pueden haber varios despachos. No obstante, ni siquiera con esa opción se llegó este miércoles al objetivo.
Minutos antes del plenario, uno de los integrantes de las comisiones, el santacruceño José María Carambia, adelantó por nota que presentará un despacho propio. Al dejar abierta la fecha para consumar dicho acto, le quitó -por ahora- la sumatoria de una rúbrica al debate. Una picardía en contra de los intereses del oficialismo, que volvió a pecar de ansiedad y se dejó llevar una vez más, de manera errada, por la Casa Rosada. Por el mismo camino irá el radical Martín Lousteau, que empujará un dictamen “como si fuera una ley nueva”, según anunció por la tarde.
Objeciones y defensas
Abdala reanudó la discusión en el plenario y dijo que la misma no fue de “tipo dictatorial”, ya que “se ha dialogado y se han escuchado sugerencias”. Rápido de reflejos, el jefe del kirchnerismo senatorial, José Mayans, le espetó al puntano que estaba obligado a aclarar, al final de la reunión, si el oficialismo tenía “o no dictamen”.
“El proceso supone que ustedes nos expliquen las modificaciones. Si no, no entiendo qué vamos a firmar, si la versión original que vino de Diputados o el borrador que circuló entre senadores”, advirtió la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), que fue clave con sus observaciones para que el oficialismo abriera el juego y cambiara los proyectos. De hecho, reiteró algunas críticas al plazo de dos años de ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
Sobre este punto, Abdala respondió: “Es un tiempo importante para saber cuáles se anotan y, si prospera, este mismo Cuerpo podrá postergar por otros dos. O lo podemos dejar eterno, porque captamos dinero que no está entrando en la Argentina”. “No es feliz la redacción y no satisface”, opinó la camporista Anabel Fernández Sagasti.
En tanto, sobre el rechazo a la posibilidad de privatización de Aerolíneas Argentinas, el peronista disidente Juan Carlos Romero dejó en claro que un mecanismo “parcial” sería una mejor solución debido a que, de seguir así, “continuará como una Sociedad Anónima y, ante sumatoria de problemas, puede ir a la quiebra y ser mucho peor”. Y agregó: “No la están protegiendo”.
Fue esperado el discurso del opositor dialoguista más crítico de la ley Bases y el paquete fiscal -junto a Tagliaferri-, el radical Lousteau: el titular del centenario partido sostuvo que las modificaciones de la primera iniciativa fueron de “índole cosmético” y remarcó las “ventajas enormes” que se darán con el RIGI, en detrimento del plano local. En esa línea, detalló: “Habrá distorsión de mercado y el presidente no cree en eso, pero lo estará creando”.
Por su parte, Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria) enfatizó que, con el proyecto en cuestión, “tres de cada 10 argentinos se van a jubilar” y que “no lo hará ninguna mujer”, a quienes las “obligarán a trabajar cinco años más”.
Otro radical crítico fue el fueguino Pablo Blanco, quien reiteró que no acompañará la delegación de facultades delegadas -”desde 2000 a la fecha, nunca votamos esto”, precisó-, así como la privatización de Aerolíneas, Correo Argentino y medios públicos. Sin embargo, confirmó que firmará dictamen.
Sobre el final y, ante el complejo escenario, Abdala se desdijo en relación con cerrar el debate y pasar a la firma del dictamen y pasó a un cuarto intermedio, sin fecha.
Qué cambios aceptó el Gobierno y por qué no fueron suficientes
El Gobierno pretendía sancionar un dictamen de mayoría en el Senado este miércoles, pero la ley Bases volvió a empantanarse en el debate.
Nuevamente, el Gobierno tuvo un fracaso legislativo. Esta vez fue con la ley Bases en el Senado, que se consolida como un territorio hostil para el oficialismo por la sólida posición de Unión por la Patria (33 senadores, a cuatro del quórum). Sin embargo, el período de negociaciones y los acuerdos con opositores lo acercaron a un dictamen, tanto para este proyecto como para la reforma fiscal.
La presencia de empresas públicas -como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino o los medios públicos- en la lista de compañías susceptibles a ser privatizadas provocaron el rechazo de senadores de distintos bloques, que argumentaron que debilitaba al federalismo. Las modificaciones en el RIGI no resultaron suficientes y la propuesta moratoria, que excluye a personas que no cuentan con la totalidad de años de aporte, también provocó resistencias.
Las reformas que aceptó el Gobierno
Los cambios que habilitó el Gobierno y que se encuentran presentes en el borrador de la ley Bases son:
Inclusión de nuevos organismos del Estado que no se podrían disolver: entre ellos, el INCAA, la CONAE, el INCUCAI, el INTI, el SENASA y la CONEAU.
Se prolonga el plazo que tiene la Auditoría General de la Nación para evaluar procesos de privatización, de 30 días a 120 días.
La posibilidad de manifestar la voluntad de no realizar aportes a obras sociales sindicales.
Exceptúa la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo a trabajadores de la Administración Pública, personal doméstico, empleados rurales y contratados.
En cuanto a la reforma fiscal, ancladas en el proyecto Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, se incorporaron:
Figura del monotributo social.
Impuestos a las Ganancias: un 22% de aumento en el piso mínimo de los asalariados de las provincias que integran la región patagónica.
Blanqueo de Capitales: quitaron la posibilidad de hacerlo a través de criptomonedas y de que ingresen familiares de funcionarios.
