El vicejefe de gabinete, Jorge Canals, participó ayer de la reunión de la comisión de seguridad y destacó el “diálogo franco” con los legisladores, que ha permitido un intercambio positivo de ideas. Abrió la posibilidad de avanzar en una operatoria público-privada para la construcción de cárceles en el mediano o largo plazo, tal como propone en su proyecto el legislador Pablo Villegas. Citó ejemplos de otras localidades donde ya se está avanzando en este sentido. Informó que la población carcelaria de la provincia hoy asciende a los 348 detenidos, de los cuales el 45% son condenados por delitos sexuales.
Río Grande.- El vicejefe de gabinete, Jorge Canals, informó sobre los temas tratados en la reunión de la comisión de seguridad realizada ayer, en la que estaba previsto dar tratamiento al proyecto ingresado por el legislador Pablo Villegas, sobre la posibilidad de una operatoria público-privada para construir cárceles en la provincia, una contratación que sería posible por la vía de la declaración de la emergencia del servicio penitenciario.
Por FM La Isla, dijo que “nosotros veníamos hablando con la Legislatura y con el Poder Judicial, y esta reunión tenía que ver con el proyecto que presentó el legislador Villegas en 2023. Como provincia nos hacemos cargo de que hay una problemática, producto de una infinidad de variables. Hay un crecimiento de la población carcelaria, un endurecimiento de penas y diferentes criterios que se van tomando. Hoy el 45% de la comunidad carcelaria tiene que ver con delitos sexuales y la justicia ha tomado como criterio dejar detenidas a estas personas en el mismo momento. Se han incrementado los delitos y a esto se suma que la única unidad de detención es la de Río Grande, porque en Ushuaia hay una alcaidía con capacidad limitada”.
“La situación es compleja pero esta realidad no es propia de Tierra del Fuego, porque la nación tiene una emergencia desde hace cinco años que se ha prorrogado. Existía una posibilidad presupuestaria hace dos años para poder construir una unidad carcelaria, que quedó trunca por trabas e impedimentos. Todos los vecinos quieren tener seguridad, pero a nadie le gusta tener una cárcel en el patio de su casa. La policía tiene una resolución de delitos bastante rápida, la justicia funciona bien porque no hay procesados de cuatro o cinco años, y se genera esta realidad que hoy tenemos. En el corto plazo se va a oxigenar la capacidad con un anexo más en Ushuaia, con 30 lugares para detenidos. Además hay un proyecto de ampliar en 70 lugares el complejo de Río Grande”, adelantó.
“Para el mediano plazo hemos estado trabajando con la ciudad autónoma de Buenos Aires y con el gobierno nacional, viendo opciones como las cárceles modulares. Hay varias empresas del país que están llevando adelante estas soluciones. A largo plazo, está en análisis el proyecto del legislador Villegas. Hoy la obra pública está paralizada y pensar en la construcción de una cárcel implica un costo de 2.000 dólares el metro cuadrado. El gobierno hoy no puede encarar una inversión de ese tipo. El proyecto que presentó Villegas plantea una iniciativa público-privada, donde el privado haga la construcción de estas unidades, porque hay diferentes unidades de negocio relacionadas, como los alimentos, para tener recupero de la inversión. Uno no busca una cárcel privada sino alternativas que nos permitan tener una política a largo plazo. Esta primera reunión ha sido muy enriquecedora, se ha entendido la realidad en la que estamos y que cada acción que uno proyecta tiene que estar respaldada por recursos económicos”, evaluó.
Como antecedentes, citó que “hay dos unidades proyectadas con el sistema público-privado para la provincia de Buenos Aires y serían cárceles federales. Son variables que uno va visualizando a mediano plazo”.
Respecto de la población carcelaria, dijo que “hoy tenemos 348 reclusos, 324 están alojados en la unidad de detención o en los anexos, y hay 24 con prisión domiciliaria que tienen el sistema de tobillera electrónica. Hay presos por delitos federales cometidos en la provincia, que están alojados en unidades de detención de la provincia. Son pocos casos y rondan los 21 detenidos, pero son casi un 10% del total de reclusos. Los costos para la provincia son elevados y se hace una inversión muy importante para mantener lo que se tiene. Estamos hablando con la nación para que sea reconocido lo que significa mantener a esos 21 detenidos, porque es irrisorio lo que aportan. Hay dos años y medio de demora en los pagos y pagan 375 pesos por cada detenido”, afirmó.
Finalmente destacó que “en la reunión de la comisión de seguridad hemos podido tener una mesa de diálogo franco y uno tiene que destacar la gran cantidad de ideas y de acciones que uno puede llevar adelante. Han salido muchas cosas positivas que vamos a estar trabajando en estos días”.
