La arquitecta Laura Montes recorrió en detalle las distintas obras del IPV y planteó como prioridad la finalización de las que están más adelantadas, con hasta un 95% de avance, que se van a terminar pasada la veda invernal. Paralelamente se está trabajando en una modificación de los lotes, que van a ser un poco más reducidos, para poder dar mayor cantidad de soluciones habitacionales. La planificación de viviendas multifamiliares se va a cambiar a una operatoria de lotes con servicios. El instituto ya comenzó a cancelar deudas nominales y se avanza en la cancelación de intereses e improductivos. A nivel nacional sigue la incertidumbre “porque no hay una bajada de línea ni parámetros por escrito de cuál va a ser la nueva política”, dijo.
Río Grande.- La presidente del IPV, arquitecta Laura Montes, visitó los estudios de Radio Provincia y efectuó un recorrido por las diferentes obras que hoy están paralizadas, algunas de las cuales se podrían reactivar luego de la veda invernal, a partir de la cancelación de deudas que ya comenzó a realizarse.
La Cámara de la Construcción había estimado en cuatro mil millones la deuda del IPV con las empresas constructoras y faltarían unos 25 mil millones para terminar las viviendas, pero habrá un cambio de operatoria a la entrega de lotes con servicios para la autoconstrucción.
“Nosotros tenemos muy buen diálogo con la Cámara de la Construcción y semanalmente estamos hablando particularmente con el ingeniero Wallner. El año pasado fue muy malo a nivel FONAVI, que es el fondo nacional de vivienda. Recién este año, con la reactivación del impuesto a los combustibles, ha ido mejorando muy parcialmente la situación, con algún retroactivo que se dio en los últimos dos meses, pero tenemos deuda con las diferentes empresas. Lo prioritario son las viviendas que están más adelantadas, y aquellas que están en una etapa incipiente de movimiento de suelo van a ser postergadas probablemente. Nosotros hemos mandado consultas sobre el cambio en los convenios de los programas nacionales y básicamente no son cambios positivos, porque nos invitan a finalizar las obras con fondos propios. Si el gobierno nacional va a estar presente, va a ser para pagar deudas nominales, sin intereses. Nos exigen que las obras estén al 80% y no tenemos casi obras con ese grado de avance, al 70% sí; además nos piden una finalización de obras en 90 días, que no podemos hacer por la veda invernal, así que está complicado el panorama”, dijo.
Aunque las perspectivas con nación no son buenas, “estamos viendo varias posibilidades a nivel provincial. La coparticipación va en alzada últimamente por el impuesto a los combustibles y tenemos un resto como para hacer un plan un poco más distendido, como para poder empezar a pagar deudas. Lo primero es pagar deudas y ver cómo reiniciamos. Hoy por hoy las obras están todas paralizadas”, señaló.
“En Tolhuin no tenemos obras, estamos trabajando en los costos de los lotes con servicios y tenemos 91 lotes para poner servicios. Hay 446 viviendas entre Ushuaia y Río Grande, que son las viviendas Casa Propia y también las 54 viviendas de Río Grande que están a más del 95%. Tenemos que firmar el convenio ya para ver cómo pagamos los ajustes de precios para que se puedan entregar, y esas viviendas están en Chacra XIII. En Ushuaia tenemos viviendas en diferente grado de avance. Una misma obra tiene edificios que están más adelantados y otros en movimiento de suelo. En Río Grande tenemos desde un 30 a un 70% aproximadamente en el barrio Chacra IX y en CGT”, precisó.
Sin interlocutores
Pese a los meses transcurridos, todavía no hay interlocutores a nivel nacional. “Es verdad que nosotros no tenemos comunicación con el funcionario que está nombrado, pero sí tenemos comunicación con la gente de planta, con los técnicos, que también están con incertidumbre porque no hay una bajada de línea ni parámetros por escrito de cuál va a ser la nueva política. Ellos entienden que le están dando prioridad a lo económico, que es Bienestar Humano, todo lo que tiene que ver con Salud y Educación, la parte social, y que posteriormente vendrá la obra pública”, expuso.
“No hay un avance de cómo sería un plan de una política a otra. Es un quiebre directamente y no se hace obra pública hasta que no se equilibre la macroeconomía, por lo cual nuestra planificación como institución se cortó abruptamente y tenemos que empezar a hacer un trabajo interno de adaptación. Esto se da en todos los niveles de los ministerios”, aseguró.
El rol del IPV
La arquitecta destacó que “entre viviendas llave en mano, entrega de lotes y créditos, se han dado 22 mil soluciones habitacionales en la historia del IPV. Casi un 50% de la población de Tierra del Fuego tiene una solución IPV, porque el INTEVU en su momento y después el IPV vino acompañando el gran crecimiento demográfico de la época de los ’80 y de los ’90. En ese momento la demanda y la oferta estaban absolutamente equilibradas. Con el crecimiento exponencial que tuvieron las ciudades, es imposible poder acompañar. Por eso cada vez estamos más lejos de poder satisfacer la demanda. Todavía hay gente que paga muy poco de cuota porque los contratos no se pueden modificar, y hasta el 2018 estaba prohibido indexar. Hay cuotas de 280 pesos, de 6 mil pesos, de 9 mil pesos. Hay mucha gente que ya ha terminado de pagar y nos quedan 7 mil adjudicatarios que están pagando, pero el recupero de eso es mínimo, de alrededor de 70 millones, que alcanza para una vivienda. El metro cuadrado está en un millón y medio de pesos”, indicó.
Los futuros adjudicatarios
Respecto de los inscriptos que esperan viviendas, dijo que las que están en construcción “son para inscriptos del 2005 y 2006. Tenemos cupos de discapacidad que están un poco más adelantados, pero ninguno supera el 2008. Es mucho el tiempo de espera, por eso estamos buscando otras opciones, como la entrega de lotes con servicios, para que la gente pueda acceder a créditos”.
“Nosotros tenemos muy buen diálogo con el Ministro de Economía, que ve las prioridades a nivel provincial. Hoy la prioridad está puesta en el bienestar social, en la educación, en la salud, en el trabajo de la gente, por lo cual la obra pública, si bien genera mucho trabajo y movimiento, no es que esté relegada pero viene detrás de todo eso. Él siempre que puede nos ha asistido con sueldos para sostener la institución, y ahora que el IPV empieza a recaudar más en coparticipación vamos a poner el foco para terminar viviendas y entregar lotes con servicios”, anticipó.
“El gobierno estaba pagando alrededor de 250 millones por mes para sostener el pago de sueldos, pero ya este mes pudimos sostenernos solos, por eso vamos avizorando un horizonte más alentador. Tenemos suficiente como para pagar haberes y nos va quedando un resto para ir saldando mínimamente la deuda nominal que tenemos con las empresas. Estos meses hemos estado pagando deuda del año pasado, este mes se va a pagar hasta diciembre, y luego veremos montos improductivos e intereses, que es un monto bastante alto también”, sostuvo.
Aclaró que “los cuatro mil millones estimados por la Cámara de la Construcción incluyen intereses e improductivos. Nosotros tenemos un número que se acerca al 70% de eso, pero como hay esfuerzos compartidos, el empresario expone sus números y el Estado verifica y propone los números propios”.
Inversión privada
Sobre la posibilidad de una operatoria público-privada, informó que “estamos trabajando en un proyecto en Ushuaia, que tiene más atractivos para la inversión privada. Hoy dependemos mucho del privado, que está en un parate por los precios de la construcción y sobre todo hasta que se estabilice la economía a nivel nacional”.
“Ya estamos trabajando en una operatoria especial para personal de la salud, educación y seguridad. Esa operatoria es especial porque está segmentada la demanda. Si bien desde el IPV se tiene como parámetro la antigüedad, estamos trabajando en esto, llamando a la gente y pronto se van a exponer los listados para la impugnación, con un proceso absolutamente transparente. No es lo mismo entregar viviendas llave en mano que un lote con servicios, porque esto implica que la persona va a poder invertir en ese lote. Estamos en una época difícil para una inversión en la construcción, por eso el que se acerque debe tener el recurso y la convicción para poder invertir”, observó.
Lotes por viviendas
Lo cierto es que la coyuntura actual obligó a modificar la planificación. “Estamos trabajando en la operatoria de entrega de lotes, en las tierras que hemos comprado que inicialmente iban a ser para vivienda multifamiliar, y ya están todas canceladas y en trámite de transferencia al IPV. Tenemos 50 lotes de 240 metros cuadrados en Chacra IX. Hemos presentado la modificación en la Municipalidad para que sean lotes de 180 metros cuadrados, lo que nos permite conseguir 15 lotes más, para poder entregar a más gente. En San Martín norte estamos haciendo el mismo trabajo y vamos a poder generar 200 lotes aproximadamente. Allí tenemos que completar la infraestructura, porque no es lo mismo planificar para vivienda multifamiliar que para lote individual”, expresó.
Recordó que “la cuota no puede superar el 30% del haber. Por más que tengamos una cuota tipo de 150 mil o 190 mil pesos, siempre se va a adecuar a lo que la persona tenga como haber. Estimamos que la cuota va a ser de 120 mil pesos, que son dos salarios mínimo, vital y móvil y ell plazo de pago es de 30 años. Queremos hacer la entrega cuanto antes y estamos viendo la posibilidad de generar un convenio. Hoy nuestro ajuste de precios está siendo revisado por el Tribunal de Cuentas y, apenas tengamos una devolución, podremos firmar el convenio. Las empresas tienen muy buena predisposición y, si nosotros firmamos una adenda al contrato que reconozca el ajuste de precios, inmediatamente ellos van a terminar con los servicios y algunas veredas exteriores, para poder entregar”, anunció.
“También estamos esperando el financiamiento del FAMPF, que todavía está parado, y es una muy buena oportunidad para generar infraestructura. Ahí podremos entregar lotes tanto en Tolhuin como en Ushuaia. En Ushuaia hay una gran franja en el sector III del Pipo, donde hay que hacer completamente la infraestructura”, dijo.
En Ushuaia cuentan con tierra para “generar 130 lotes en diez hectáreas que tenemos y otros que están pegados al Río Pipo, donde estamos trabajando en las mensuras. Teníamos nuestra prioridad en las viviendas multifamiliares y ahora tenemos prioridad en generar lotes con servicios”, planteó.
Asimismo, abrió la posibilidad de pagar deuda con lotes. “Tenemos algunas propuestas de algunos empresarios de Ushuaia que están ocupando predios con sus obradores y en parte de pago de la deuda que tenemos han propuesto la entrega de tierras. Eso es factible por la ley de IPV y lo estamos evaluando para el momento en que cerremos todas las deudas que tenemos con las empresas. El precio es el valor del mercado con una quita mínima por la cuestión social que en este caso no se haría”, manifestó.
Consultada sobre la factibilidad de gas y de luz, afirmó que “en general estamos bien. Nosotros siempre hemos tenido factibilidades para nuestras obras multifamiliares, y pensamos que al tener lotes con servicios, que baja la densidad de población por metro cuadrado, no tendríamos mayores problemas”.
En cuanto al ex campamento YPF, “hemos hecho un relevamiento en 2019 con las 40 personas que están ocupando. La tierra es de la provincia y la provincia a través de la escribanía general de gobierno puede regularizar la situación y darle las escrituras a cada persona, o puede transferir al IPV, y el IPV regulariza. Hicimos el relevamiento, presentamos dos notas, y entendemos que lo está evaluando la escribanía. Todavía no somos el nexo y usualmente cuando hay leyes de expropiación y cuando hay que hacer regularización o problemas con privados, el IPV interviene para auxiliar en cuestiones técnicas. En este caso hay tierras que están a nombre de la provincia y, si son transferidas al IPV, interviene regularizando, como es el caso de la margen sur con las dos leyes de expropiación. Paralelamente vamos haciendo relevamientos y es lento lo que tiene que ver con regularización dominial”, señaló.
Seguros de vivienda
Consultada sobre los seguros de las viviendas del IPV, dijo que “en 2022 se firmó un convenio con una compañía de seguros y se le propone al adjudicatario de las viviendas que no tenían seguro, si acepta. Si no acepta, puede traer su propio seguro. El IPV propone una compañía pero siempre está la libertad del adjudicatario poner el seguro que quiera. El seguro es obligatorio, pero no la compañía. Tenemos muchos convenios que permiten que la gente tenga mejor accesibilidad a un precio, pero la gente es libre de elegir, no se impone una compañía. Eso está claro en los contratos y no hay una imposición”.
Perspectivas luego de la veda
El objetivo una vez pasada la veda invernal es “en primer lugar entregar las viviendas de Río Grande que están al 95% y entregar los lotes con servicios; también queremos pagar la deuda que tenemos, que no es solamente de certificados, sino de intereses e improductivos. Además queremos ver qué posibilidad hay de seguir con las diferentes obras que hoy están paralizadas. Si tenemos algún tipo de financiamiento, se van a continuar y, si no, se van a neutralizar hasta tanto podamos contar con los recursos. Desde el gobierno se está buscando constantemente el financiamiento con privados. Siempre que paralizamos alguna obra tenemos que cumplir con las contratistas pagando los improductivos, que hasta ahora no estamos haciendo pero estamos en vistas de hacerlo, porque ha aumentado nuestra coparticipación. Venimos pagando deuda atrasada y se va a ir saldando en el transcurso de los meses. Ahora vamos a empezar a pagar los improductivos de estos seis meses y hay algunas obras que están más avanzadas que podrían reiniciarse, siempre que contemos con los fondos”, indicó.
“En el caso de los lotes con servicio, va a haber un tiempo para la construcción. Damos un tiempo para cercar el lote y hasta 24 meses para que empiecen a construir o mínimamente presenten los planos. Tenemos dentro de la operatoria la posibilidad de entregar nosotros un proyecto ejecutivo, y hay varias viviendas que están hechas con un prototipo IPV, que puede ser ampliable”, apuntó.
En lo que hace a la morosidad, sigue siendo muy baja. “Está en un 15% y la gente cumple porque mayoritariamente las viviendas que entregamos son anteriores a 2017 y la cuota ha quedado bastante baja. La gente ha cancelado viviendas y las cancelaciones van de los 200 mil pesos al millón y medio o dos millones, que no es mucho, porque las viviendas que se entregaron el 2017 no superaban los cuatro millones de pesos. Cuando se paga la vivienda, tenemos un convenio con el colegio de escribanos a nivel provincial y el adjudicatario puede pagar en cuotas la escritura. En Ushuaia están con la escribanía general de gobierno y la entrega de la escritura tarda un poco más”, diferenció.
Sin judicialización
A pesar de los retrasos, no hay casos de judicialización de parte de las empresas por la deuda acumulada. “Siempre nos estamos comunicando con el equipo de Gabriela Castillo para tener el mismo criterio con los improductivos y el pago de intereses. El IPV jamás ha pagado intereses ni improductivos, esta es la primera vez. Siempre ha tenido fondos para solventar por cuenta propia todo lo que era vivienda. Hubo muchas viviendas que se cortaron desde nación y pagamos con fondos propios. En los 20 años que trabajo en el IPV hubo un parate importante con la ejecución de las 1017 viviendas de Chacra XIII, pero fue por una cuestión de infraestructura, no por falta de pago. Las viviendas estuvieron paradas hasta que hubo infraestructura, pero no tenía que ver con lo económico”, concluyó.
