RIGI, privatizaciones y moratoria

A minutos de que terminen las exposiciones en la Cámara alta y los senadores procedan a votar la ley Bases, el oficialismo continuaba anoche negociando modificaciones en el texto para lograr su aprobación, concediendo nuevos cambios en la iniciativa para garantizar su aprobación, aunque los números continúan ajustados.

Buenos Aires.- En las horas previas a la votación de la iniciativa en el Senado, el Gobierno continuaba anoche negociando modificaciones en el texto para lograr su aprobación.

Algunas de las nuevas modificaciones estarán centradas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: se acotó a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología; y se estableció un compromiso de contratar proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% de la totalidad del monto de la inversión

 

Cuáles son las nuevas modificaciones a la ley Bases

 

  1. Se propone incorporar dentro del artículo 3 la prohibición de disolver los organismos vinculados a la cultura.
  2. En el Artículo 6 se propone incorporar a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como organismo excluido de la facultad de intervenir.
  3. En el Artículo 7 se propone eliminar del Anexo a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA.
  4. Se propone incorporar el Artículo 63 bis que dice: “Artículo 63 bis.- A los fines de lo establecido en el Art. 63, se entenderá que resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción. En caso de que dichos contratos se hayan visto suspendidos, su ejecución se reanudará previo acuerdo firmado entre comitente o contratante y contratista, el que deberá ser aprobado por la autoridad competente en razón de la materia y deberá ser suscrito dentro de noventa (90) días desde la publicación de la presente ley.”
  5. En el Artículo 175 a través de las modificaciones de los 3 primeros párrafos se propone Morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos.
  6. Se elimina del dictamen el titulo VIII “Previsional” que contiene los artículos 227 y 228.
  7. Se modifica el art.165 para acotar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones al sector agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.
  8. Se propone una modificación en el art. 174 inciso L para especificar los alcances del plan de desarrollo de los proveedores locales: “Artículo 174 inciso L).- Plan de desarrollo de proveedores locales: El que deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales respecto de bienes y/u obras para el desarrollo del Proyecto equivalente como mínimo al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores correspondiente al Proyecto, siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. Dicho porcentaje mínimo deberá mantenerse durante las etapas de construcción y operación.”
  9. Se modifican los plazos establecidos en el artículo 196: “Artículo 196.- Los cobros de exportaciones de productos del Proyecto Adherido al RIGI efectuados por los VPU quedan exceptuados en los porcentajes descriptos a continuación de la obligación de ingreso y/o negociación y liquidación en el mercado de cambios:
  10. a) Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;
  11. b) Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU;
  12. c) Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido cuatro (4) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU.
  13. Se modifica el artículo 205 para que las acciones, cuotas o participaciones sociales de los VPU adheridos al RIGI puedan ser objeto de negocios jurídicos de garantía.

 

Se eliminó el capítulo previsional y seguirá rigiendo la moratoria jubilatoria

 

En medio de febriles negociaciones para aprobar el proyecto oficialista fue retirado del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes, por lo tanto el proyecto ómnibus del Gobierno de Javier Milei se quedó sin una de las reformas más resonantes que contenía: la derogación de la moratoria previsional y la creación la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. Los cambios habían pasado el filtro de los diputados pero no obtuvieron el visto bueno de los senadores.

En las primeras horas de debate se dio a conocer que el texto que tratarán los senadores en el recinto no incluye el capítulo que eliminaba la moratoria. Esto deja vigente la moratoria jubilatoria tal como rige desde el Gobierno de Alberto Fernández y da por tierra con el retiro proporcional que se proponía. Los cambios a las normas previsionales, además, afectaban en los hechos la edad en que se jubilaban más que nada las mujeres, no por un cambio en la edad mínima sino en las condiciones en las que podían adherirse al retiro proporcional propuesto. Esa alteración al régimen actual también fue dejada de lado y, en consecuencia, se mantendrá el status quo.

 

¿Cómo era la reforma que proponía la Ley Bases?

 

El artículo 226 de la ley Bases derogaba la moratoria previsional, sancionada en marzo del año pasado bajo la Ley N° 27.705. Y establecía un nuevo sistema para reemplazarla.

El artículo 227 contemplaba: “Créase la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco (65) años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 Inciso “c” de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.

El detalle de la Prestación de Retiro Proporcional establecía que “el haber mínimo para los beneficiarios de esta prestación de retiro será el establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27.260 y alcanzará únicamente a aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13 de dicha ley. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a treinta (30) días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación”.

Mientras tanto, quienes quedaran debajo de esa figura cobrarían a partir de esa edad un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En junio la PUAM es de 165.507,24 pesos.

Sobre ese nivel, de acuerdo a la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se proponía pagar un adicional. El haber hubiera sido diferente, por ejemplo, para una persona con 10 años de aportes que para otra con 25 años de aportes.

 

¿Qué pasa con la edad para la jubilación?

 

Según especialistas, la derogación de la moratoria anticipada implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM, en caso de no contar con aportes, o un retiro proporcional, en caso de contar con aportes por menos de 30 años en total. Esto se debe a que solo el 10% de las mujeres logra completar los 30 años de aportes al alcanzar la edad jubilatoria, explicaban previsionalistas.

Entre los hombres el cambio era menor, en comparación, pero también relevante. Si se hubiera incluido el fin de la moratoria en el texto que se trata en estas horas en el Senado se calculaba que 7 de cada 10 hombres tampoco podrían jubilarse a los 65 años, debiendo optar por una pensión no contributiva o una jubilación proporcional. Esto es porque los altos niveles de informalidad que todavía persisten en el mercado laboral hace que esa porción de los trabajadores no llegue a la edad jubilatoria con aporte suficiente.

En resumen, el capítulo previsional de la Ley Bases no cambiaba la edad para la jubilación pero sí tenía un impacto práctico en la edad a la que muchos eventuales beneficiarios podrían jubilarse. Con todo, la intención quedó trunca: estos cambios ya fueron eliminados del texto.

 

Cómo funciona el sistema actual

 

La moratoria, que seguirá vigente, está dirigida a dos grandes grupos de personas. El primero está conformado por los ciudadanos que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la ley 24.241; el otro, lo constituyen quienes todavía no tienen la edad límite, pero ya saben de antemano que no llegarán a los 30 años de aportes jubilatorios.

Quienes ya tienen la edad para jubilarse (mujeres de 60 años y hombres de 65 o más), pueden acceder a una moratoria cuyas cuotas se ajustan según la “unidad de pago de deuda previsional” (UPDP), un valor que depende directamente de la “remuneración mínima imponible”.

Según dicta la normativa, las cuotas que se descuentan en cada pago de haberes son equivalentes al 29% de dicha remuneración mínima no imponible.

En el caso de quienes aún no cumplen con la edad mínima de jubilación, el sistema es exactamente igual, pero solo pueden acceder quienes acrediten ingresos que demuestran capacidad para pagar la deuda.

 

Violencia frente al Congreso

 

Los alrededores del Congreso de la Nación se convirtieron en un campo de batalla en el que chocaron manifestantes y fuerzas de seguridad durante toda la tarde de este miércoles 12 de junio. Organizaciones sociales, piqueteras, de izquierda, peronistas, de derechos humanos, asambleas barriales y sindicatos se manifestaron en rechazo a la Ley Bases que se debate en el Senado. El objetivo del ataque fue interrumpir la sesión.

Los enfrentamientos más fuertes tuvieron lugar en el frente del histórico edificio, sobre la Plaza de los Dos Congresos. Cinco efectivos, dos policías y tres gendarmes, resultaron con heridas de consideración por lo que debieron ser trasladados al hospital Churruca. Al menos dos automóviles prendidos fuego y varios más vandalizados, gases, y proyectiles volaron sostenidamente a lo largo de la tarde y hasta el momento 27 personas fueron detenidas en el marco de los incidentes.

Entre los arrestados se encuentra un hombre de 41 años que tenía en su poder una granada de gas, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

Las escenas de violencia recién cesaron cuando cayó la noche. El Gobierno celebró los resultados del operativo y que los protagonistas de los incidentes no hayan logrado su verdadero objetivo, el de suspender la sesión de la Ley Bases. “Pagarán uno por uno los daños causados”, escribió en su cuenta de X la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, su sumó a los funcionarios que expresaron satisfacción por el desempeño de las fuerzas de seguridad sobre el final del día. “Vamos a hacer pagar a estos delincuentes por el caos que provocaron”, escribió Macri y aseguró que la Justicia porteña avanzará con causas penales sobre los protagonistas de los incidentes.

“La Justicia tiene a disposición las imágenes de las cámaras de seguridad de la Ciudad para poder identificar y detener a cada uno de los criminales. En nuestra gestión romper todo y agredir tiene consecuencias”, insistió el alcalde.

La policía disparó balas de goma, gas pimienta y utilizó los camiones hidrantes para dispersar a los activistas que atacaron el vallado dispuesto en los alrededores del palacio que alberga al Poder Legislativo. Las esquinas de Callao y Rivadavia, por un lado, y Entre Ríos e Yrigoyen, por otro, fueron un verdadero polvorín.

Durante más de tres horas la violencia reinó en la zona, con distinta intensidad. Cada vez que la situación parecía estar controlada, desde distintas arterías aparecían nuevos atacantes que reavivaban los incidentes. Los grupos dispersados retornaban por diferentes accesos al edificio del Congreso, pese a que los efectivos los esperaban con escudos, gases, balas de goma y camiones hidrantes.

La policía Federal, Gendarmería Nacional, PSA y 600 efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, sostenían el operativo, mientras decenas de militantes de partidos de izquierda arrojaban insistentemente piedras, palos, botellas y bombas molotov.

Uno de los automóviles que fue prendido fuego pertenecía a Cadena 3, medio de comunicación de la provincia de Córdoba que llegó a la Ciudad de Buenos Aires para cubrir la sesión en el Senado. El otro, dado vuelta en plena calle Sáenz Peña, fue atacado frente a los móviles de canales de televisión por agresores, algunos a cara descubierta.

“No lo puedo creer. Hijos de re mil puta. Me pegaron. Iba a sacar el móvil y me lo dieron vuelta. No se puede creer”, expresó Orlando Morales, el cronista cordobés que fue atacado por los manifestantes.

“Estos son unos sinvergüenza, unos caraduras. Encima yo estaba arriba del móvil. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron. No se puede creer”, dijo angustiado Morales.

Pasadas las 18 horas, el reporte de las fuerzas de seguridad daba cuenta de 27 detenidos en el marco de los incidentes. Nueve de ellos fueron aprehendidos por la Policía Federal, en tanto que a los otros 18 los apresaron efectivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes reflejaban una lucha cuerpo a cuerpo entre la policía, en la que volaron proyectiles de todo tipo. En la zona, el aire se tornó irrespirable como consecuencia de los gases que utilizó la policía para disuadir las agresiones de los activistas, que tienen como objetivo interrumpir la sesión en la que se discute la Ley Bases.

Los incidentes fueron una continuidad de lo que había ocurrido cerca del mediodía, cuando manifestantes habían logrado cortar el tránsito sobre avenida Callao. En ese primer momento fueron desalojados por la policía, en una maniobra que terminó con cinco diputados opositores, que eran parte de la manifestación, heridos por gases lacrimógenos. Se trata de Eduardo Valdés, Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Carolina Yutrovic y Luis Basterra. De esa nómina, Castagnetto debió ser hospitalizado. Dos horas después, los disturbios regresaron.

Fue en ese mismo sitio en el que los manifestantes comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov contra el cordón montado por la policía. La respuesta fue contundente: el camión hidrante buscó disuadirlos y comenzaron detonaciones. La tensión invadió la escena, mientras volaban cascotes, baldosas y objetos contundentes que los agresores arrojaban a su paso.

Mientras los incidentes se intensificaban, en el recinto de la Cámara de Senadores continúa el debate del mega proyecto que el Gobierno busca aprobar durante este jornada, aunque los senadores no fueron ajenos a los disturbios y varios de ellos mocionaron para interrumpir el debate dados los hechos de violencia que ocurrieron en las inmediaciones del palacio legislativo.

Pasadas las 19 horas, no quedaban manifestantes en los alrededores del Congreso y había una situación controlada, sin grupos enfrentando a las fuerzas de seguridad, aunque se veía personas dispersas, rondando por la zona, lo que motivó que las fuerzas de seguridad permaneciera patrullando la zona.

En esas circunstancias, el gobierno nacional emitió un comunicado en el que felicitó el operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad por el operativo realizado. Lo hizo a través de la cuenta de la red social X, Oficina del Presidente.

Por su parte, el Comité Nacional para la prevención de la Tortura también se expresó al final de la jornada y advirtió que hubo “un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública, que ha provocado lesiones en decenas de manifestantes”.

“Las Fuerzas de Seguridad comenzaron a reprimir con gases MK-9, lacrimógenos y disparos de balas de goma, incluso a los manifestantes apostados sobre la Plaza y veredas”, advirtió el organismo, que aseguró haber recorrido las inmediaciones del Congreso durante la álgida jornada.

 

 

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