El legislador del MPF Pablo Villegas sentó postura en contra de los descuentos que aprobó la mayoría de la Legislatura para la tasa de verificación de procesos productivos, que se cobra a las industrias bajo la ley de promoción. Cuestionó que se haya impuesto la norma en base al acuerdo que realizó el Ministro de Economía con AFARTE y la UIF, para que desistieran de las acciones judiciales contra la provincia. La ley no solamente retrotrajo los valores de la alícuota sino que incorporó descuentos del 10 y el 20% en caso de que las empresas realicen inversiones productivas. Villegas lamentó que en esa negociación no se pusiera como condición el sostenimiento de los puestos de trabajo y la reincorporación de los despedidos. Tampoco hubo margen para modificar el texto girado por el Ejecutivo. “El Ministro de Economía no me va a limitar en mi función y mucho menos estos grupos de poder”, disparó.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas explicó su voto en contra en la sesión de este miércoles, al momento de tratarse la tasa de verificación de procesos productivos que se cobra a todas las empresas que operan bajo la ley de promoción. El oficialismo había realizado un acuerdo con AFARTE y la UIF, para que retrotraigan las acciones iniciadas a partir del aumento de la alícuota en el ejercicio anterior, a cambio de dar marcha atrás con ese incremento. Pero además de retrotraer el aumento, se incorporaron descuentos de entre el 10 y el 20%, a su entender por la presión de “los grupos de poder”.
Villegas sostuvo que esta tasa “es un ingreso muy importante para la provincia y, según la AREF, en el año 2023 superó los 2.066 millones de pesos. Yo puse una voz crítica por entender que el acuerdo al que había arribado el Ministro de Economía con AFARTE y con la UIF no tuvo en cuenta la defensa de los puestos de trabajo en todas las fábricas que están bajo el subrégimen industrial, y además se sumó un beneficio, con un descuento del 10% para el 2024 y el 2025 y de un 20% para el 2026 y 2027, que no tiene explicación”.
Sobre este descuento de la tasa de verificación, indicó que “en un párrafo dice que esos beneficios se van a otorgar en caso de que haya inversiones productivas en las empresas que dependen de los grandes grupos empresarios que tenemos en la provincia. A mí me pareció que no se puso sobre la mesa de negociación la defensa de los puestos laborales, y se podría haber puesto. Hablo desde la reincorporación de trabajadores despedidos al mantenimiento de los actuales puestos de trabajo, porque sabemos que en el sector privado se han perdido más de 4 mil puestos de trabajo, particularmente del sector fabril”.
“Si estamos frente a un acuerdo por el que se reduce la tasa de verificación de procesos productivos y se otorgan descuentos extraordinarios de un 10 y un 20% para los próximos años, me parece que es de sentido común por lo menos mantener los puestos de trabajo”, subrayó.
“Esta cuestión fue soslayada, tanto el mantenimiento de los puestos de trabajo como la reincorporación de los trabajadores despedidos. Durante el 2023 ingresaron a la provincia más de 2.066 millones de pesos en concepto de tasa de verificación de procesos productivos y el aumento de la recaudación de la AREF osciló entre los distintos impuestos que cobra, un 130%. Esta información fue suministrada por la propia AREF y, en el caso de la tasa, el aumento fue de un 70%. Si se recaudaron 2.066 millones en 2023, hay que calcular un 50% de aumento para este año y, en números redondos, recaudaríamos 3 mil millones por la tasa, pero a estos empresarios le vamos a descontar el 10%, que son 300 millones de pesos, en caso de que haya inversiones productivas”, explicó con cifras concretas.
“Esos 300 millones son el doble de la deuda que tiene OSEF con el hospital. Eso representaría esta reducción extraordinaria de la tasa. El gobierno dijo que en estos últimos días invirtió 43 millones para la refacción y remodelación de los colegios. Esos 300 millones de pesos representan siete veces lo que invierte la provincia en refacción de los colegios”, comparó.
“De ahí vino mi oposición, porque no se defendieron los puestos laborales y por otro lado no le encuentro lógica a esta reducción extraordinaria del 10 y 20%. En lo que hace al monto de la alícuota, del 1.8% como era históricamente, es una cuestión menos discutible, pero a la reducción extraordinaria sinceramente no le encuentro sentido, y al hecho de que hayan celebrado este acuerdo sin tener en cuenta la defensa de los puestos laborales, mucho menos”, criticó.
Sin margen de modificación
También expresó su malestar porque no se permitió ninguna modificación a esta norma, en función del acuerdo del gobierno y las empresas. “Se ha obligado a la Legislatura a sacar una ley con los puntos y comas de lo que se pactó en el acuerdo, por eso me puse en la vereda de enfrente y me puse en contra, porque ningún Ministro de Economía me va a decir cómo tengo que votar, o me va a limitar en mi función, mucho menos estos grupos de poder que tienen una fuerte presión económica sobre el gobierno provincial, como son las empresas nucleadas en AFARTE y la UIF. A mí no me van a poner condicionamientos para otorgar beneficios extraordinarios”, disparó.
Sólo dos opositores
Finalmente reconoció la postura que tomó el legislador de Somos Fueguinos Jorge Lechman, que junto con Villegas se opuso a la reducción de la tasa. “En la sesión quedó demostrado que solamente dos legisladores fuimos los que votamos en contra, el legislador Lechman y yo. El resto hizo alguna fundamentación diciendo que no estaban de acuerdo pero terminaron votando. Cada uno es grande y sabe por qué vota en tal o cual sentido y cada legislador explicará su voto”, expresó.
“Yo quiero que a los empresarios les vaya bien y que ganen la mayor cantidad de plata, pero a la vez quiero tener un Estado fuerte e inteligente, que cuando se siente a negociar en función de algunos procesos judiciales, defienda en primer lugar el trabajo de nuestra gente. Gobernar en gran parte es generar trabajo y, cuando tienen la oportunidad de sentarse a negociar, por lo menos deberían pedir que mantengan los puestos de trabajo. A nadie se le ocurrió plantear eso y me llama poderosamente la atención. Tampoco se habló de la reincorporación de los despedidos, con la importancia social y económica que tiene mantener las fuentes laborales”, enfatizó el legislador.
Asimismo, recordó que “cuando hay despidos en el sector privado, es el Estado el que se ve resentido en el sistema de Salud, en Educación, en Acción Social. Yo trato de tener el mejor espíritu de colaboración con la gestión de gobierno y lo he demostrado en estas últimas sesiones, pero ante situaciones como estas, donde un Ministro de Economía limita la actuación del Poder Legislativo, tengo que votar en contra”, concluyó.
