Así lo entendió Moisés Solorza, integrante de la multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, luego de conocerse la decisión de la jueza Borruto de suspender el tarifazo del gas en Tierra del Fuego durante los próximos tres meses. Además, concibió que “debemos darle un blindaje legal declarando en Tierra del Fuego los servicios esenciales con rango de derechos humanos con la posibilidad de la ininterrupción por ninguna causa del suministro, esto le daría esa fortaleza por la que todos peleamos pero que pocos lamentablemente en la política hacen, que es darle un marco legal en Tierra del Fuego para que podamos tener garantizado el suministro más allá de la cuestión económica, es un derecho humano, no una mercancía”.
Río Grande.- Luego de que la Jueza Federal en Río Grande, Mariel Borruto, dictaminara suspender por tres meses la aplicación de los tarifazos de gas en Tierra del Fuego AeIAS, medida que surgió a partir del Amparo Colectivo presentado por el Gobernador Gustavo Melella junto a amplios sectores de la sociedad ante los aumentos desmedidos de hasta un mil por ciento sufrido por los consumidores fueguinos, Moisés Solorza, integrante de la multisectorial de derechos humanos de Río Grande, se refirió en dialogo con FM del Pueblo respecto de la resolución en que se decidió hacer lugar a la medida cautelar y “suspender los efectos de la resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía de la Nación -Estado Nacional- y la resolución 122/2024 dictada por el Ente Nacional Regulador de Gas (ENARGAS), y hacerle saber a las entidades referidas que deberán abstenerse de aplicar los nuevos cuadros tarifarios allí estipulados a todos los usuarios y consumidores del servicio público de gas por redes de la subzona tarifaria «Tierra del Fuego».
Al respecto manifestó que “se hizo lugar al requerimiento que hizo el gobierno de la provincia junto con los municipios en el amparo colectivo que se presentó con una juntada de firmas importantes y que tuvo distintos pasos, en principio la resolución de suspender, donde la jueza Borruto dictó una cautelar sobre la cautelar, que lo que hizo es suspender el corte del suministro de gas natural, mientras se resuelve la cuestión de fondo, es decir, saber si los cuadros tarifarios, que es un pedido de que declare la nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las resoluciones que emitió la Secretaría de Energía de la Nación y la resolución 122 del ENARGAS, que es básicamente los nuevos cuadros tarifarios para la subzona de Tierra del Fuego, esto llegó a la Cámara de Comodoro Rivadavia, donde tomó el caso y la Cámara Federal de Comodoro de Rivadavia recibió las apelaciones por parte de la empresa y de la Secretaría de Energía de la Nación, y la recusación hacia la doctora Borruto, pero la
Cámara de Comodoro Rivadavia desestimó la queja de Camuzzi y recusación habilitando a Borruto a resolver”.
“En esa instancia resolvió la Justicia de Comodoro que tiene competencia la doctora Borruto y le trasladó la posibilidad de que emita una resolución, es decir, que dé lugar o no al paro colectivo, entonces en esta instancia se ordena que no tan solo se abstenga de aplicar los cuadros tarifarios para Tierra del Fuego, lo cual debiera retrotraer la situación de las facturaciones a diciembre del año 23, previo a las emisiones de la resolución de los cuadros tarifarios que se llevaron adelante después de la audiencia pública del 8 de enero”.
Solorza dijo que “tenemos que estar todos unidos, no solo tiene que tener una medida suspensiva, sino que tienen que tener un rango de derecho humano los servicios públicos en Tierra del Fuego, no tan solo quedarnos en que las tarifas sean justas y razonables, sino que además deben de guardar relación con los salarios y debemos darle un blindaje legal en Tierra del Fuego declarando los servicios esenciales con rango de derechos humanos con la posibilidad de la ininterrupción por ninguna causa del suministro, esto le daría esa fortaleza por la que todos peleamos pero que pocos lamentablemente en la política hacen, que es darle un marco legal en Tierra del Fuego para que podamos tener garantizado el suministro más allá de la cuestión económica, es un derecho humano, no una mercancía”.
Consultado sobre el tiempo que debe tener Camuzzi o el ENARGAS para apelar a este fallo de Borruto, indicó que “tanto las medidas que se tomaron por los prestadores de servicios que fueron emitidas por el ENARGAS, la cuestión de fondo sería ahora saber cuál es el valor real de los tarifarios y la distribución por redes de lo que se denomina el punto de ingreso al sistema de transporte y la obligatoriedad de Camuzzi Gas del Sur para efectuar la conversión por millón de BTU de dólares a pesos, hay cuestiones bastante técnicas que están en el fallo, en el que hay que analizarlo de una manera mucho más técnica, el proceso técnico de esto va a ir seguramente tanto al ENARGAS como a la Secretaría de Energía de la Nación porque la resolución 41 del 2024 y la 122 del 2024 del ENARGAS cumplen los requisitos de previsibilidad, proporcionalidad, gradualidad para todos los usuarios del cumplimiento de la ley 24240-24076, que son importantísimos esos datos para poder darle la previsibilidad, la relación salarial y no confiscatoria”.
Puntualizó que “ahora seguramente el equipo de abogados de Camuzzi Gas del Sur y de la Secretaría de Energía de la Nación van a ser una sola unidad y van a apelar no tan solo este fallo, sino realizar un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que resuelva esa cuestión que en algún momento se dio cuando realizamos lo que se denomina el fallo CEPIS, que es uno de los argumentos por los cuales también está nombrado en el recurso de amparo que pidió el gobierno provincial y que tiene muchos de esos antecedentes que están escritos en la demanda que hizo la provincia, por eso es importante que esos argumentos también queden plasmados en el Juzgado Federal porque hay situaciones de vulnerabilidad, de incobrabilidad, de necesidades básicas de hogares que son claramente rangos de derechos humanos, no tan solo vinculados con cuestiones de necesidades básicas de una familia, sino que de garantía de vida, entonces eso es absolutamente indispensable y que ya se pronunció la Corte Suprema de Justicia, así que tenemos una gran expectativa porque todos estos criterios que están en el fallo CEPIS, la Corte de Justicia Nacional ya tiene un antecedente y eso es muy favorable para nosotros”.
Por último, manifestó que “hay que ver si se retrotrae la medida y creo yo que lo que habría que hacer y pedir después una nueva RTI, que no aparece y que creo que es lo que le faltó al amparo, es pedir una nueva RTI, una nueva Revisión Tarifaria Integral para el caso de Tierra del Fuego, para el caso de la Patagonia, que sería de alguna forma el paso administrativo que debiera elaborar el ENARGAS y la Secretaría de Energía de la Nación para decir si los cuadros tarifarios para Tierra del Fuego que están suspendidos por orden judicial, tienen una nueva composición, me parece que ese va a ser el camino que la Corte Suprema de Justicia le va a dictaminar al ENARGAS y a la Secretaría de Energía de la Nación”.
