El Dr. Federico Rauch destacó la profesionalidad de la Dra. Borruto, pese a las presiones recibidas, y dijo que ahora tiene 90 días para dictar sentencia. Equiparó el cuadro tarifario que se quiere imponer con la ley de promoción, por la gravedad que implica para los habitantes y la capacidad de “voltear toda posibilidad de que la provincia sea viable”. Además explicó la alternativa que tiene el Poder Ejecutivo de solicitar a la nación la transferencia respecto del transporte de gas entre la petrolera y la transportadora, y de la transportadora hasta el distribuidor. En el caso de Tierra del Fuego podría hacerse con el gasoducto Fueguino, en función de una ley vigente.
Río Grande.- El Dr. Federico Rauch analizó la resolución de la jueza federal Mariel Borruto, que suspende por 90 días los aumentos de la tarifa de gas, luego del amparo presentado por la provincia y el municipio de Río Grande.
Por Radio Provincia, dijo que “desde el punto de vista jurídico esta es una medida cautelar, que no es la sentencia, que suspende los aumentos por 90 días y, dentro de ese plazo hay que dictar una sentencia haciendo lugar o no al planteamiento del régimen tarifario dispuesto por el Estado nacional en lo que hace al transporte, distribución y generación de gas dentro de la provincia. Es un juicio importante y debo destacar la profesionalidad tanto del personal del juzgado federal como de su titular, la Dra. Borruto que, a pesar de las presiones evidentes, se ha manejado con un profesionalismo encomiable. Esta jueza ha sido recusada por el Estado nacional e incluso se planteó desde la fiscalía que esto debería ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como causa originaria. Han sido todos intentos de quitarle competencia al juzgado federal de Río Grande de manera absolutamente equivocada”, sostuvo.
“Yo comparto la decisión adoptada por el juzgado y el gobierno provincial tiene la facultad de decidir si va a ir directamente a la Corte Suprema o va a recurrir a la justicia federal como cualquier otro vecino. Este es un derecho que la Corte Suprema le ha reconocido a los Estados provinciales en fallos previos. Creo que está bien resuelto, la cautelar me parece muy bien fundada y razonable, pero creo que esto no va a resolver el problema, debido a los intereses monstruosos que hay”, advirtió.
“El actual cuadro tarifario que quieren imponer es de una gravedad equivalente a la derogación de la ley 19640. Los dos temas tienen una gravedad suficiente como para voltear toda posibilidad de que la provincia sea viable. Los cuadros tarifarios muestran con mucha crudeza lo que muchos fueguinos ya saben, y es que estas tarifas están absolutamente divorciadas de la realidad económica y de la posibilidad económica que tienen los particulares, las empresas y el propio Estado. La raíz del problema está en los contratos de concesión efectuados en 1977/79 con el gobierno militar, que han sido renovados pero no han sido cambiados. Esos contratos son la madre del problema, porque establecen un precio y dicen que los que sacan el petróleo y el gas son los dueños del recurso. Es decir que una vez que el petróleo y el gas salen de la boca de pozo, pasan a ser propiedad de la petrolera y por ende la petrolera tiene el derecho de fijar el precio al cual le va a vender el producto tanto a los argentinos como a los extranjeros”, aseguró.
“El régimen tarifario actual pone en vigencia esto, y es algo que no había ocurrido desde el año 2001. Hubo una comisión de renegociación que tendría que haber seguido funcionando, entre las petroleras y el Estado nacional, para renegociar esas cláusulas, entre otras. No es posible que una petrolera saque el petróleo y el gas, que es un recurso argentino, y le fije el precio a los propios argentinos al valor que se le dé la gana. Esto es lo que ha ocurrido, porque el Secretario de Energía lo que ha hecho es reconocer a las petroleras, sin renegociar nada, que ellas fijen el precio en dólares y que ese precio en dólares se convierta al cambio oficial a la fecha de facturación. De esta manera el valor del petróleo y el gas no van a tener ninguna relación con el poder adquisitivo de los argentinos, que no ganan en dólares sino en pesos”, dijo.
“Yo no estoy en contra de que las empresas ganen buena plata, pero una cosa muy distinta es negociar en condiciones de abuso de mercado en un servicio que es monopólico, porque no tiene alternativas. La producción de gas no está en manos de una sola empresa sino de varias, y ahí sí hay una suerte de competencia, pero se trata de oligopolios que fijan el valor del gas al precio que a ellos les conviene. De este punto no se dice absolutamente nada, ni de parte de este gobierno ni de los anteriores”, señaló.
“El sistema de producción en Argentina, desde Menem para acá, se divide en tres segmentos: el productor, que son las petroleras; el transporte, que en Tierra del Fuego es la Transportadora Gas del Sur, que tiene la concesión en todo el sur de la Argentina; y la distribución, que está a cargo de Camuzzi Gas del Sur en el caso de la provincia. Camuzzi distribuye el gas que entra por la transportadora, hasta la puerta de cada domicilio. De esos tres segmentos, hay dos que son tarifas que el Estado puede acordar de manera uniforme, para los distribuidores y para los transportadores. En el segmento de las empresas productoras, según los contratos, el Estado no interviene, es decir que no puede fijar precios, por lo tanto no es una tarifa sino un precio. Son los petroleros los que fijan el precio del gas y del petróleo. La resolución 41, que es la impugnada en la cautelar, dice que las petroleras van a cobrar el precio que les dé la gana y en dólares, al cambio oficial a la fecha de facturación al transportador; segundo, deja sin efecto el descuento del 50% para el caso de Tierra del Fuego y otras zonas del sur, porque si le cobraban 8 dólares el millón de BTU, para la provincia eran 4 dólares de precio. Los petroleros pretenden vender el gas que sale de las entrañas de la provincia al mismo precio al que se lo venden al que vive en la Capital Federal”, cuestionó.
Posibilidad de transferencia
Por otra parte planteó la posibilidad de que la provincia requiera la transferencia de facultades para tener un control sobre las tarifas y un ente similar al ENARGAS. “En la ley de creación de Terra Ignis se establece que la política energética regulatoria de precios y tarifaria dentro de nuestra provincia es una política de Estado, que debe ser fijada por el Poder Legislativo y demás. Esto apunta a la transferencia de los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, a las provincias productoras, que se incluyó en la reforma de la Constitución Nacional. Luego de eso hubo una ley, siete años después, que hace operativa esa cuestión, y se hizo la transferencia. Eso permitió que Tierra del Fuego y otras provincias por primera vez tuvieran los legajos de los contratos de concesión con las petroleras, y que se transfirieran a la jurisdicción provincial. A su vez esa ley estableció que no solamente los contratos de concesión eran susceptibles de ser transferidos, sino que dejó para decisión de la provincia la posibilidad de transferir los contratos de transporte del fluido. Esto significa que hoy las tarifas de transporte son reguladas por la nación, por ENARGAS. La ley faculta a la provincia, si así lo decide, a exigir la transferencia respecto del transporte de gas entre la petrolera y la transportadora y de la transportadora hasta el distribuidor, dentro de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir que en todo lo que es transporte, la provincia podría asumir la facultad en carácter de concedente. Traducido, se va el Estado nacional y se reemplaza por la provincia. La provincia pasa a ser una especie de ENARGAS y de esa forma puede fijar una tarifa de transporte y además negociar con las petroleras. Al fijar la tarifa de transporte está fijando también de manera indirecta la tarifa de distribución. Todo eso podría implicar un cambio enorme y central para definir a futuro cuánto es lo que los fueguinos deben pagar por el recurso de su propia provincia”, afirmó.
Consultado sobre las razones para que no se ha hecho operativa esta ley en la provincia, consideró que “evidentemente se trata de una decisión táctica y política muy difícil de tomar, cuando del otro lado están recibiendo ATN y dinero del gobierno nacional que no está obligado a dar. Con eso se llevó de las narices a las clases políticas provinciales en los últimos 20 ó 30 años. En la actualidad el gobierno nacional ha cesado completamente las transferencias discrecionales, es decir que la provincia estaría recibiendo únicamente lo que le corresponde según la ley de coparticipación. El Poder Ejecutivo puede plantear hacer uso de la facultad de transferir los contratos que le incumben a la provincia. Tenemos dos gasoductos, el Fueguino y el gasoducto San Martín, y el Fueguino es el que puede ser transferido a la provincia. Es decir que el transporte y distribución de gas en Tierra del Fuego podría ser regulado por la provincia, y no necesita ser regulado por la nación. Esa es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo y se puede implementar a través de un pedido de parte de la Legislatura o de una ley de la Legislatura”, concluyó.
