El Ministerio de Justicia comunicó que cerrarán 136 Registros y que se frenó la apertura de otros 12. En el sistema registral aseguran que es “un relato oficial” y este viernes realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir. Siguen reclamando aumentos.
La medida, implementada por el Ministerio de Justicia, fue oficializada ayer en el Boletín Oficial. Hace más de un mes habían anticipado que cerrarían el 40% de los existentes
Buenos Aires.- Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Javier Milei en diciembre pasado, apenas días después de su asunción, fue la eliminación de los Registros Nacionales del Automotor, con la promesa de agilizar y abaratar las transferencias de vehículos. Y hoy oficializó el primer paso hacia ese objetivo, con el cierre de 136 de esas dependencias en todo el país y el freno a la apertura de otros 12.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 209/2024 del Ministerio de Justicia, con la firma de Mariano Cúneo Libarona.
”La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, indica la Resolución entre sus considerandos.
Además, establece que las competencias de los registros cerrados “quedarán en cabeza de Encargados Titulares oportunamente designados de conformidad con la normativa vigente en cada momento”.
La Resolución también ordena frenar la apertura de Registros que se habían creado a través de dos resoluciones de 2017 y 2019, y que aún no se habían materializado.
En mayo, cuando ya se había vencido el límite temporal fijado en el DNU firmado por Javier Milei a finales de diciembre, el Gobierno comunicó que cerraría el 40% de los registros del automotor, en lo que sería la primera etapa del plan de reestructuración.
Entre otras cosas, las medidas anunciadas en aquel momento fueron:
- Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.
- Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.
- Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.
- Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.
- Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.
Días atrás, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había ratificado la decisión de eliminar los registros.
El DNU 70/23 ya había abordado ese tema. Estamos en una etapa de implementación. En algún sentido es un ícono de la casta. Lo que queríamos implementar, que está en proceso, es que la gente pueda ir al Registro Nacional Único. Si por un tema de comodidad, por cercanía, querés ir al seccional, vas, pero que puedas vos digitalmente hacer tu operación”, dijo en diálogo con Radio Mitre.
El mundo de los Registros del Automotor está en pie de guerra
El cierre de 136 registros, anunciado ayer a través del Boletín Oficial, potenció un conflicto que arrancó con el comienzo de este Gobierno. Este viernes, los encargados de los registros realizarán una asamblea extraordinaria en la ciudad de Buenos Aires para definir los pasos a seguir. Un grupo, por ahora minoritario, plantea ir a un lockout, es decir, una suerte de paro encubierto que pondría en crisis a todo el sistema. Otros plantean seguir negociando para lograr un aumento de sus ingresos.
“El anuncio de ayer es parte de un relato. En realidad lo que cerraron son registros que estaban intervenidos. No cambia nada. El sistema sigue reclamando aumentos de sus ingresos”, dice un interventor que no está alineado a la conducción oficial del gremio.
Efectivamente, hay decenas de registros que no tienen encargado titular y funcionan con un interventor, financiado por la Dirección Nacional del Registro Automotor (DNRPA). Por eso, se apuntó al cierre de algunos de esos registros. “La medida propuesta obedece en principio a la necesidad de reorganizar la estructura de los Registros Seccionales en razón de que existen distintas jurisdicciones territoriales en las que, existiendo Encargados Titulares de Registros Seccionales en sus distintas competencias, al mismo tiempo esos funcionarios revisten el carácter de Interventor de uno o dos de los Registros Seccionales de las restantes competencias”, indica la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
En el sistema aseguran que la elección de los registros cerrados fue a dedo. “En la ciudad de Santiago del Estero sigue funcionando el Registro 3, intervenido hace varios años”, se quejó un empleado de esa provincia. Por ese lugar pasó la senadora Claudia Ledesma Abdala, un contador cercano al zamorismo que ahora tiene un registro en La Banda, y ahora estaba en manos de Alejandro Xazbec, casado con una prima de Abdala.
Además de los cierres, el Gobierno frenó la apertura de otros 12 registros. “En total son 148 entre cierre, fusión con otra seccional, y baja de los que no se abrieron”, explicó un funcionario.
Hasta ahora había 1554 registros en todo el país. Alrededor del 40% está en manos de interventores. La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro, y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.
El anuncio del cierre de 136 registros no alcanzó para frenar el conflicto con los registros, que reclaman una suba de los formularios que se pagan en esas oficinas y de los ingresos que perciben los encargados.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, el gremio de los encargados (AAERPA) comenzó a reclamar por aumentos. La promesa oficial había sido “aguantar 90 días”. En abril, se otorgaron subas pero la medida duró menos de 24 horas. A partir de ese momento la negociación quedó empantanada.
En medio de este conflicto, este viernes se realizará una asamblea extraordinaria del gremio de los registros. “La idea es juntarnos y generar modificaciones estatutarias en los futuros juicios”, dicen desde la conducción. Pero hay un grupo minoritario que plantea medidas extremas como el cierre de los registros, renuncias masivas, y hasta una retención de los fondos que van al Ministerio de Justicia. “No están en el orden del día pero son medidas que se pueden votar”, admitió una fuente de AAERPA.
La asamblea fue impulsada por ese grupo minoritario, que pretendía que se puedan sumar interventores del interior del país a través de una videoconferencia. Finalmente, se decidió que sea presencial. Sin embargo, ya prometieron su presencia más de 300 interventores. “Aunque se vote una medida extrema como un cese o un lock out, la asociación no puede obligar a los interventores, cada uno decidirá qué medida toma”, advierten fuentes del gremio.
Las aguas dentro del gremio están divididas. “Los que entraron con Menem, Alfonsin, y durante el kirchnerismo están en modo ‘negociemos’. Los que entraron en el gobierno de Cambiemos y en la gestión de Alberto Fernández, que tienen menos indemnizaciones, costos y posibilidad de rearmar su vida fuera del registro, son los que quieren tomar medidas extremas”, graficó una fuente que conoce la interna de la entidad.
El anuncio de ayer es solo la primera parte del plan oficial. En mayo, el Gobierno anunció que cerrará el 40% de los registros del automotor. Antes ya había lanzado una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
En el fondo, la discusión sigue siendo cómo se financia el sistema. Los titulares de los registros reclaman un aumento de los formularios, que están congelados desde enero de este año. También plantean una actualización de sus ingresos, frenados desde octubre del año pasado. Técnicamente se los conoce como “emolumentos”.
El debate sobre el financiamiento implica un debate más profundo sobre los fondos del Ente Cooperador ACARA, una millonaria caja que nadie controla ni se anima a tocar.
“Nos prometieron un aumento en las últimas reuniones. Hasta ahora solo hubo anuncios de cierres”, reclaman en AEERPA, la entidad que preside Alejandro Germano. Y agregan: “Más allá de la pérdida que todos los Registros vienen sufriendo desde hace meses, con estas nuevas medidas se profundizará el deterioro de la actividad y la prestación del servicio. En definitiva hablamos de menor seguridad jurídica a la hora de comprar o vender un automóvil, con todas las consecuencias que eso conlleva”.
