La provincia de Tierra del Fuego se está moviendo rápidamente para agrupar a todo el peronismo detrás de la defensa de su industria electrónica. El diputado nacional Diego Bossio presentó este lunes un proyecto para derogar el decreto 864/2018 que reduce los aranceles a la importación de 186 posiciones arancelarias vinculadas a productos de informática y bienes tecnológicos, y descuenta el apoyo del kirchnerismo y el Frente Renovador.
Río Grande.- Desde la gobernación de Rosana Bertone están muy preocupados porque la medida elimina los diferenciales de aranceles entre el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego y el resto del país, permitiendo el ingreso de productos semi-elaborados con arancel 0% que Tierra del Fuego tiene la capacidad de producir.
Los principales productos afectados son televisores y celulares, pero también paneles solares y equipos vinculados a la generación de energías alternativas.
El decreto podría profundizar la grave situación laboral que atraviesa el distrito fueguino donde solamente en el polo industrial de Río Grande ya se perdieron 7.000 puestos de trabajo. Desde la gobernación sostienen que hay 12.000 empleos en riesgo, que al caracterizarse en su mayoría por una gran calificación y muy altos salarios, tendrían un impacto muy fuerte en la recaudación provincial.
«Los empleados de las fábricas generan un consumo de más de $3.000 millones por año, dando sustento a la actividad comercial, inmobiliaria y de entretenimiento en la provincia. Provocaría una caída pronunciada de la actividad provincial, el cierre masivo de comercios y un potencial movimiento migratorio fuera de la isla», advierten desde Ushuaia.
La Industria Electrónica, localizada en Tierra del Fuego hace más de 40 años, es el principal sector productivo de la isla, representando más del 30% del Producto Bruto Geográfico. En caso de que no existiera, la coparticipación nacional debería aumentar en más del 30% para compensar los menores ingresos, dado que esta actividad contribuye en el 33% de la recaudación provincial tributaria y no tributaria.
Por otro lado, subrayan que hace menos de un año las empresas fabricantes y la provincia suscribieron con el Estado Nacional el Acuerdo por la Producción y el Empleo en virtud del cual se aceptó una rebaja progresiva de los impuestos internos, siempre que se mantuvieran inalterables las restantes condiciones del régimen de promoción fueguino.
En consecuencia, denuncian una violación de la seguridad jurídica y la calidad institucional «que atentará contra las inversiones nacionales y extranjeras al afectar un régimen que tenía vigencia hasta el año 2023».
