El ex convencional constituyente Ruggero Preto aseguró que detrás de la reforma constitucional se esconde una puja por retener más poder y tener menos controles. Reconoció que la Constitución Provincial es perfectible, pero eso no implica reformar un tercio de su texto, como se votó en una sesión “sobre tablas, sin debate ni participación”. Recordó que en el ’91 se priorizó el consenso, como corresponde al contrato social que implica una reforma y, si bien el MPF podría haber impuesto su proyecto por mayoría, habilitó la discusión y el enriquecimiento de las demás fuerzas políticas. Lamentó que el gobernador Melella no haya convocado a los convencionales, que tienen mucho para aportar. Ante la postura del Dr. Isidoro Aramburu, a favor de la posibilidad de que el gobernador sea candidato, sostuvo que la letra del artículo 196 es clara y no amerita ninguna interpretación. Además se remitió al diario de sesiones para verificar el espíritu por el cual se inhabilita a los ejecutivos a ser convencionales. También objetó que se cambien los cargos vitalicios por “cargos políticos”, que convertirían a los organismos de control en instituciones muy vulnerables.
Río Grande.- Ruggero Preto, ex convencional constituyente por el Movimiento Popular Fueguino, opinó sobre la convocatoria a reforma de la Constitución Provincial y advirtió que se busca retener más poder y evadir controles.
En una entrevista con Radio Provincia, expresó que “la Constitución siempre es materia perfectible y no soy obtuso como para decir que hicimos una Constitución perfecta. Pasados más de 30 años, alguno que otro artículo merecería una modificación, que tranquilamente se podría hacer con la enmienda”, dijo, considerando que no se quiere la enmienda porque no permitiría cumplir “con otros objetivos”.
En este caso, al tratarse de más de 70 artículos, afirmó que “el relleno forma parte del objetivo. Hacen que parezca una cosa grande para que el objetivo más pequeño esté escondido”.
“No estoy en desacuerdo con que, de manera seria y responsable, se pueda llegar a consensuar alguna reforma que puede ser necesaria pero, por una cuestión de seguridad jurídica no se puede toquetear a cada rato la Constitución o las leyes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Me llama la atención cómo el gobierno se permite convocar a la reforma de un tercio de la Constitución de la manera que lo hace y que la Legislatura se lo apruebe de la manera que se lo aprobó. El gobierno envió el proyecto sin mensaje de elevación, sin ningún fundamento de por qué quieren reformar cada artículo y sin debate de ninguna naturaleza”, cuestionó.
“Yo me tomé el trabajo de leer el diario de sesiones de diciembre del año pasado, porque fue una sesión ómnibus y ahí pasó de todo. Curiosamente, de las 240 páginas, uno se encuentra que desde la página 97 a la 110, sobre tablas se constituyen en comisión y aprueban la ley de reforma, sin mayor debate. La seriedad también pasa por las formas y los modos en que se hacen las cosas”, sostuvo, y calificó como “muy lamentable” el cambio de voto de la legisladora Victoria Vuoto, que no acompañó la ley de reforma en diciembre, pero al momento de tratar la derogación de esa ley, cambió de postura. “La Dra. Vuoto puede pertenecer a un signo político y yo a otro, pero una Constitución es cosa seria para toda la sociedad. No tiene color político partidario. Tiene los valores que maneja toda la sociedad”, subrayó.
Consenso en lugar de mayorías
A modo de ejemplo de apertura al debate, mencionó que “en el 91, cuando el MPF tenía 11 convencionales sobre 19, en un día podríamos haber aprobado toda nuestra Constitución, sin embargo estuvimos cinco meses y le dimos la oportunidad a la oposición de introducir todos los principios que podíamos llegar a compartir, para que la Constitución fuera un ejemplo para la mayoría de las Constituciones que están vigentes en el país”.
Volvió a remitirse a que hay “un objetivo de fondo, que es reformar algunos artículos que tienen que ver con poderes del Estado, con el Consejo de la Magistratura, el Fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas, y quisiera creer que no es para amañarlo a los intereses del gobierno de turno. Es posible que, a tres años vista, se considere que con esta reforma se ha hecho una Constitución nueva, y entonces se interprete que hay un nuevo período, que sería el tercero, para ser gobernador. Yo quiero creer que no es así, pero ya lo vamos a ver, porque al gobierno actual le quedan tres años y medio. Para ese objetivo solamente se necesita que haya habido una constituyente reformando la Constitución, aunque no se haya aprobado la reforma de ningún artículo, porque el hecho se produjo y entonces, a través de la interpretación o de la jurisprudencia, se llega a un objetivo personalísimo, que es muy importante para los que impulsan la reforma”, analizó.
Legisladores sí, gobernador no
Respecto de la posibilidad de que el gobernador Melella encabece la lista de convencionales, como adelantó el legislador Federico Greve, y la viabilidad legal que le ve el ex juez electoral Isidoro Aramburu, señaló que “el artículo 92 de la Constitución fija las inhabilidades que le asisten a los legisladores, es decir lo que no pueden hacer porque les está vedado, y fija dos excepciones, que es ser convencional constituyente y el ejercicio de la docencia.
En función de este artículo los legisladores pueden ser candidatos, pero no el gobernador ni ninguno de los cargos ejecutivos. “En el artículo 196, la letra ratifica estas excepciones para los legisladores, cuando dice que no es incompatible con los restantes cargos públicos, pero aclara que esto es así, salvo para el gobernador, el vicegobernador o el intendente municipal. El ‘salvo’ es por la negativa, la prohibición o el impedimento. La norma está clarita y no hay lugar ni para la interpretación ni para la fantasía. La letra de la Constitución dice bien clarito en el artículo 196 que ser convencional constituyente no es incompatible con los cargos públicos, salvo el de gobernador, vicegobernador e intendente. No hay ninguna otra posibilidad de interpretarlo, porque está permitido a todos los funcionarios públicos ser convencional, menos al gobernador, al vicegobernador y a los tres intendentes. Si la justicia le da la razón a los que opinan que esto no corresponde, no creo más en la justicia, porque sería dictar sentencia por la vía del absurdo”, disparó.
Convencionales ignorados
Por otra parte, se le preguntó si se siente ofendido como el Dr. Jorge Rabassa ofendido, porque le faltaron el respeto al querer modificar 70 artículos que escribieron los ex convencionales. “No sé si nos faltaron el respeto, pero nos ignoraron por completo. A mí me encantaría volver a 1853 y tener la posibilidad de hablar con Alberdi o cualquier otro de los convencionales, para conocer los motivos que tuvieron para escribir la Constitución Argentina. Este gobierno tiene la posibilidad de que todavía tiene disponibles a varios convencionales constituyentes con los que puede dialogar, interiorizarse, compartir, si es que hay buenas intenciones. Ahora, si andan con el cuchillo abajo del poncho, no quieren dialogar con nadie. Quieren que las cosas salgan como les interesa y, mientras menos hablemos de esto, mejor”, planteó.
“Yo le tengo un gran respeto al señor gobernador, solamente por la investidura que tiene, pero lo conozco visualmente de haberlo visto dos o tres veces en un avión nada más. Solamente intercambiamos un saludo una vez y no le conozco ni el timbre de voz. No tengo diálogo con él y en este tema me hubiera gustado que nos invitara para ver por lo menos qué pensamos. Nuestras mentes todavía están imbuidas de toda la tarea que hicimos hace más de 30 años y tenemos mucho para aportar y tenemos buenas intenciones. Somos los que hicimos la Constitución y ha sido un enorme honor para nosotros haber sido los 19 convencionales constituyentes que hicimos la Constitución de esta provincia. La responsabilidad de ser convencional para reformarla es todavía mayor, porque la sociedad ya conoce el plexo del contrato social constituido a través de esta Constitución, pero lo que no conoce la sociedad todavía es con qué intenciones se quiere reformar. Eso es muy grave”, manifestó.
“Por ejemplo, el artículo tercero está sujeto a modificación y dice que Ushuaia es la capital de la provincia. No sé qué quieren reformar, si quien llevar la capital a Río Grande, a Tolhuin o a San Sebastián. La capital política de Tierra del Fuego va a seguir siendo Ushuaia. Nosotros en su momento no mencionamos a las Islas Malvinas en la Constitución, no porque somos negacionistas, sino porque la gente recordará que en la ley de provincialización se cometió un error en los límites de la provincia y se incluyó un islote que era chileno. La provincia nació sin todos sus límites perfectamente determinados, producto de lo cual se nos sugirió que, para no incurrir en ninguna incongruencia, hiciéramos lo que dice la Constitución y pusimos los límites que por ley correspondían. Si se quería agregar a las Islas Malvinas, también había que agregar las Orcadas, las Sandwich del Sur, y no podíamos nombrar islotes que no eran nuestros. La historia hay que juzgarla bajo las circunstancias y los hechos que conviven con nosotros en el momento en que ocurren las cosas, y nosotros no teníamos los límites determinados”, explicó.
La eliminación de dos letras
Frente a los que aseguran que los ejecutivos están habilitados por un modelo de Constitución que no es fidedigno, indicó que “hay dando vueltas una Constitución que se imprimió en la imprenta de la Legislatura en octubre de 2003. Un anónimo pícaro se metió en la computadora que contenía el texto del artículo 196 y eliminó el prefijo ‘in’ de ‘incompatible’. Con solo el eliminar esas dos letras, se da vuelta el sentido de ese artículo. Ya en aquel momento había ganas de reformar la Constitución y podemos deducir que alguna intención hubo, pero no se puede modificar el texto cuando hay un diario de sesiones que lo avala, donde los convencionales aprueban todo el plexo constitucional ordenado, un boletín oficial del 28 de mayo de 1991 que promulga la Constitución, y un 1° de junio en que los convencionales la juran. Todas las Constituciones impresas dicen lo mismo, salvo esa que misteriosamente imprimió la Legislatura provincial. Entre 2011 y 2012 salió otra que ya está escrita como corresponde, y queda para la anécdota que algún pícaro intentó hacer que el gobernador, el vice y los intendentes pudieran ser convencionales constituyentes, modificando una palabra. Eso no tiene ningún valor y queda en el estante de las anécdotas”, aseveró.
Desinterés de la gente
En cuanto a la falta de interés de la sociedad fueguina en esta reforma, dijo que “esto es como fabricar un producto y darse cuenta de que no se vende. Cuando nadie lo conoce ni sabe de qué se trata, no lo van a comprar. Cuando nosotros discutimos la Constitución en el ’90 y ’91, el MPF tenía un proyecto que se discutió meses y meses en los medios, en los comités, en las unidades básicas, con opiniones a favor y en contra. La gente se fue enterando y empezó a discernir. Detrás del discernimiento vino la decisión de a quién ir a votar. La gente supo de qué se trataba, se interesó, participó, y nosotros terminamos teniendo 11 de 19 convencionales constituyentes por eso, porque hicimos conocer nuestro proyecto, y a través de él se conoció el de los demás. Ahora eso no pasa. La gente no tiene la más puta idea (sic) de lo que estamos hablando. Escuché decir que modificar la Constitución va a crear empleo, y la Constitución no crea empleo, en todo caso genera las bases jurídicas para ver si la provincia se quiere manejar con seriedad o con liviandad, y en base a eso puede venir o no alguna inversión. El que crea empleo es el Estado en su conjunto, con las políticas que se generan para traer inversiones con el fin de crear empleo, pero para ganar un voto dicen que si modificamos la Constitución vamos a generar empleo”, expresó.
Autonomía municipal
En otro tramo de la entrevista avizoró un intento del gobierno de avanzar sobre la autonomía municipal, quitándole la recaudación del impuesto inmobiliario y automotor. “Si hay una Constitución que tiene una directriz municipalista en particular es la de Tierra del Fuego, porque los municipios son los que están al lado de la gente y en el día a día. Todo el plexo municipal es muy importante y es de una modernidad que no admite discusión. Se podrá mejorar alguna palabra, pero el fondo de la cuestión está muy bien, además estuvo redactado por grandes constitucionalistas, como el Dr. Garat, el Dr. Pedro Frías, el Dr. Hernández, que colaboraron con nosotros y nos dieron la letra para hacer el articulado del régimen municipal que ahora quieren reformar. No se sabe con qué objetivo ni a quién le quieren restar o sumar”, expresó.
Para quedarse con el impuesto inmobiliario o el automotor “no hace falta reformar la Constitución. La Constitución no dice que el impuesto inmobiliario es para uno y que la patente es para otro. En las cláusulas programáticas dice que después las leyes van a regular su aplicación. Lo que pasa es que estamos en una provincia chica donde nos conocemos todos, y es muy difícil poner la cara desde los poderes del Estado para decirle a un municipio que le saca algo que está cobrando porque no le correspondería. Quieren ir por una vía indirecta, sin poner la cara y sin que le pongan nombre y apellido, pero eso es imposible. En la vida siempre hay que jugársela y hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa, cuando uno está convencido de que es el bien común lo que está en juego”, desafió.
Cargos vitalicios
También opinó sobre el intento de eliminar los cargos vitalicios. “El problema no son los cargos ni como están instituidos, si son vitalicios o no. El problema son las personas que ejercen esos cargos. Hay un Consejo de la Magistratura que tiene siete miembros y son todos diferentes. El Tribunal de Cuentas tiene tres miembros y se supone que son todos diferentes. Si después tenemos críticas para hacerles por las conclusiones a las que llegan, es por la conducta de los hombres que componen estos organismos, no por la institución en sí. Si hoy tenemos críticas porque son cargos vitalicios, ni imaginar cuando sean cargos políticos que puedan cambiar a cada rato y hacer con ellos lo que quieran. Va a ser inmensamente peor. Yo pido que ni se metan con eso. El ejemplo lo tenemos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene cargos vitalicios hasta los 75 años de edad y sin embargo los aprietan, los vuelven locos hasta que alguno no aguanta la presión, renuncia y lo reemplazan por el que ellos quieren. Esa no es la manera de tratar a la máxima autoridad jurídica que vela por los bienes y la integridad de las personas. Acá en Tierra del Fuego, porque no estamos de acuerdo con algún tema del Fiscal de Estado, lo vamos a cambiar todas las veces que se nos dé la gana. El Fiscal de Estado está para preservar el patrimonio del Estado y, a través de los años, lo ha hecho bien, lo ha hecho regular o lo ha hecho mal, pero lo ha hecho. Si lo cambian por otro por decisiones del poder político, va a ser diez veces más vulnerable”, sentenció.
Para Preto “esta reforma es una puja de poder para retener y tener más poder, y tener menos controles, y el poder sin control ya sabemos de qué se trata”.
MPF invisible
Finalmente se le preguntó cómo ve al Movimiento. “¿Qué movimiento? Hace rato que no lo veo. Veo el cartel nomás y el edificio, pero hace años que no lo veo. Hay un dicho que señala que uno es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios. Yo prefiero ser el amo de lo que me callo, por respeto a mi partido”, concluyó.
