La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, advirtió que en el escenario actual no se podrán reactivar las obras con financiamiento nacional, pese a los convenios firmados en julio, porque no están aprobadas las redeterminaciones. Solamente se han puesto en marcha las que puede financiar la provincia con fondos propios, como las obras de vivienda. Reconoció que “hemos perdido un año de ejecución de obras, porque la expectativa era retomar con el levantamiento de la veda y lamentablemente las obras de ENHOSA, por el monto, no las podemos reiniciar. Están esperando los compañeros de la UOCRA para poder trabajar y la verdad es que esta situación se torna complicada”. Las autoridades nacionales están pidiendo que las provincias hagan frente al reinicio de obras con fondos propios, que luego podrían recuperar, aunque no fueron incluidos en el presupuesto 2025. La ministra fue contundente al expresar que “no vamos a poder reabrir si no inyectamos plata”, y cuestionó que en los tres meses que pasaron desde la firma de los convenios “no se sacó ningún pago y ninguna aprobación de redeterminaciones”.
Río Grande.- La ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, expuso un panorama complejo, que la llevó a afirmar que no podrán retomarse las obras con financiamiento nacional, porque todavía no se aprueban las redeterminaciones. Fue tras la reunión del consejo interprovincial de Ministros de Obras Públicas, donde se trató la readecuación de los montos de obra.
Por FM Espectáculo informó que “tuvimos la reunión de ministros como lo tenemos periódicamente, en el marco del Consejo Interjurisdiccional de Ministros de Obras Públicas, y convocamos a las autoridades nacionales para poder conversar sobre algunos temas de interés. Como es tradición, el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, hizo una presentación de lo que se viene dando en materia de obra pública. Más allá de la presentación, uno de los temas de la reunión era la presentación del presupuesto, porque no hay un detalle de las obras que están priorizadas”, dijo.
Recordó que “en cada una de las provincias se firmaron convenios con el ministro Francos, con un detalle de las obras que iba a continuar financiando la nación. Ahí hubo un corte y, de las 2.100 obras que había en Argentina, quedaron 369, y 100 son de ENHOSA, que tenía 600 obras. Después de eso, las obras que eran viales pasaron a estar en otra Secretaría, porque pasó Vialidad al área de Transporte, y hoy el número es un poco más chico, dependiendo de la Secretaría de obras”.
“Más allá de la cantidad de obras, una de las preocupaciones es el desajuste en el tiempo con respecto a la aprobación las redeterminaciones, que en nuestra provincia impide el reinicio de las obras. No podemos estar trabajando con precios de febrero o marzo del 2023, y tenemos adeudados los pagos que no hemos cobrado de ninguna de las obras de ENHOSA. Esto nos pone en una situación difícil para el reinicio. Hay obras de corte tecnológico, como las plantas de tratamiento de efluentes, y la actualización de los índices no se corresponde con los precios de mercado de Tierra del Fuego”, planteó.
“Yo pude exponer con números casos testigo de cómo impacta el desfasaje en las obras, porque algunas están más cerca de la redeterminación, pero las de corte tecnológico están muy lejos. Los distintos ministros fueron planteando sus ejemplos, porque les está pasando lo mismo. El gobierno nacional plantea que siempre está la posibilidad de rescindir aquella obra donde no sirva la redeterminación, pero no es intención de la provincia rescindir porque hablamos de obras que son necesarias para la potabilización del agua, para tener agua en Ushuaia, para ampliar las plantas de efluentes de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande. Tenemos que encontrar alguna alternativa y hemos pedido que esto se analice”, subrayó.
“La ley bases planteó una opción de renegociación de contratos del gobierno nacional, y ahí entran los convenios con las jurisdicciones, pero esto fue pensado solamente para obras de más de 270 mil millones de pesos. Las 360 obras que hay por convenio con las distintas provincias no entrarían dentro de la renegociación con nación. Incluso el Secretario planteó que hay obras de ese rango que las estarían rescindiendo”, sostuvo.
“Esperamos poder llegar a un acuerdo, pero no viene fácil. Sobre la cuestión presupuestaria que planteamos, para las provincias es una tranquilidad que esté el detalle de obras. En esto plantearon que, como ya estaban aprobadas y tienen una vigencia de crédito de dos años, esas obras no necesitan estar en el presupuesto 2025 y ya estarían contempladas”, manifestó.
Más demoras por el cierre de ENHOSA
El ente nacional que va a desaparecer va a generar más demoras, hasta que se ponga al tanto la nueva área que absorberá las funciones. “Ya hay informes en los medios sobre el cierre de ENHOSA, al igual que otros organismos, y dicen que aun con este cierre las obras quedarían garantizadas en otro organismo del Estado. No deja de ser una situación de intranquilidad porque hicimos un gran esfuerzo y asumimos con fondos propios muchas de las obras que teníamos en ejecución. Nos hicimos cargo de los centros de desarrollo infantil, de la comisaría de género, de las deudas que teníamos hacia atrás por otras obras. No hay alternativa para la provincia para poder financiar las obras de saneamiento por sus medios, porque hablamos de entre dos y tres presupuestos de obra pública de la provincia”, comparó.
“Esperamos que esta situación se reconsidere y se revierta, y que encontremos alguna alternativa. En lo inmediato seguimos pidiendo que se pague lo adeudado y que se actualicen las redeterminaciones, para saber cuál es el desfasaje real reconocido por el gobierno nacional”, dijo.
Idas y vueltas
Lo cierto es que “la redeterminación se manda desde la provincia pero la aprueba la nación. La presenta la empresa, la visa la DPOSS y va a ENHOSA por ejemplo, de ahí viene la aprobación y en función de eso se firma una adenda, porque la obra pasa a tener otro monto. Recién ahí empiezan a certificar las empresas”, detalló del circuito.
“El problema que tienen hoy las empresas es que no hemos hecho frente a los certificados básicos y tampoco a los que les corresponderían por redeterminaciones. Teníamos toda la veda para poder solucionar lo administrativo, pero terminó la veda invernal y no estamos pudiendo restablecer el inicio de obras, porque no hemos cumplido con las obligaciones de pago. Lo hablo en plural porque la provincia tiene obligaciones contractuales pero la nación tiene adendas de financiamiento que garantizan la ejecución de las obras. Esas adendas fueron reafirmadas por la actual gestión cuando el señor gobernador firmó los convenios con el ministro Francos. Ahí estaban las obras de las que se hacía cargo la provincia y las que se hacía cargo la nación. Con las que se hizo cargo la provincia avanzamos y estamos esperando destrabar esta situación”, señaló.
“Yo tengo la esperanza de que podamos llevar adelante estas obras, que solucionan problemas estructurales de saneamiento y de agua potable para la provincia”, expresó la ministra, teniendo en cuenta que “no hemos tenido observaciones con las redeterminaciones, que se actualizan en base a un índice. El problema es que hay una gran cantidad de expedientes, nosotros tenemos más de cien en ENHOSA, y son un montón de cálculos y certificados que están pendientes de aprobación y de pago”.
La burocracia administrativa podría hacer perder otra temporada. “El problema que tenemos es que hemos perdido un año de ejecución de obras, porque la expectativa era retomar con el levantamiento de la veda. Estamos iniciando obras de vivienda, pero porque la provincia hizo frente a los certificados adeudados por la nación, aun cuando nos siguen debiendo la plata de viviendas. Lamentablemente las obras de ENHOSA, por el monto, no las podemos reiniciar. Están esperando los compañeros de la UOCRA para poder trabajar y la verdad es que esta situación se torna complicada”, remarcó.
“Hubo muchos ejemplos de otras jurisdicciones, porque algunas provincias tienen la posibilidad de hacer frente a la continuación con fondos propios de las obras, pero no es nuestra situación. El esfuerzo lo hemos puesto en garantizar la cobertura social, el subsidio del gas, la infraestructura hospitalaria que seguimos con fondos propios, nos hicimos cargo de los centros de desarrollo infantil y estamos con intención de reiniciar la comisaría de género. La obra que abrimos es porque la podemos llevar adelante”, justificó.
“Toda esta demora nos perjudica porque tenemos la veda invernal y es lo que planteamos en julio cuando se firmaron los convenios. El equipo nacional conoce esta situación, pero hay una cuestión administrativa dentro del ente que después va a economía y tiene que tener la aprobación de economía para poder pagar. Es un camino largo para hacer frente a los certificados que están adeudados. No vamos a poder reabrir si no inyectamos plata. Estos tres meses no fueron suficientes para sacar ningún pago y ninguna aprobación de redeterminaciones, y se hace difícil hoy”, admitió.
Aclaró que “todas las obras, tengan más avance o menos avance, están en la misma situación administrativa. Nos han pedido un montón de papeles y hemos cumplido con el envío para que puedan seguir adelante con los trabajos. En este encuentro plantearon que las empresas empiecen igual, porque si no, no van a poder seguir con los cálculos de las redeterminaciones porque las obras están paradas, pero las obras están paradas porque no se pagó”, dijo, exponiendo un círculo vicioso del que no se puede salir.
A modo de ejemplo, indicó que “el trabajo de un mes de un equipo con una máquina y cuatro personas son 200 millones de pesos. Esto quiere decir que yo le tengo que decir a la empresa que empiece a picar, y que a fin de mes va a poder certificar 20 millones, no 200 millones, porque el precio básico hasta hoy hay que multiplicarlo por diez. Tendría que facturar 20 millones de los 200 millones que gastó, y cuando salga aprobado todo eso, recién va a poder certificar los 180 millones que faltan, pero para todo eso ya estamos en el otro mes, y tiene que poner otros 200 millones, porque tiene 90 días para cobrar el certificado. Esto quiere decir que a una empresa le estoy pidiendo que destine unos 800 millones de pesos para que recupere los primeros 200 millones, considerando que los tiempos se cumplan”.
Tampoco hay margen para que la provincia adelante esos fondos. “Hay una realidad y no le puedo decir al ministro Francisco Devita que me guarde 200 millones para una sola obra, y que veamos si después lo recuperamos. Además esto ya nos pasó, porque adelantamos fondos que la provincia no está recuperando”, dijo.
“Hay que reiniciar las obras, pero las obras se hacen con plata y los empresarios no están queriendo hacer las obras sin que les paguemos. Es un escenario complicado y hemos buscado alternativas todo el año. Las seguimos buscando pero estamos un poco en alerta con esta situación, porque teníamos expectativas y estábamos confiados en lo que se firmó y se comprometió a ejecutar, que todavía no tiene solución. Espero que pronto podamos encontrar un punto de acuerdo con los entes nacionales. El Secretario de Obras Públicas dice que las obras tienen el financiamiento garantizado, por eso seguimos defendiendo que exista la posibilidad de que ese financiamiento se pueda ejecutar y que podamos hacer frente a las obligaciones que tenemos”, concluyó.
