El diputado de la Libertad Avanza Santiago Pauli defendió el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario, cuya insistencia se trata hoy en la Cámara baja. Argumentó que los fondos para las universidades públicas están dentro del presupuesto nacional para el ejercicio entrante que ya se comenzó a debatir, y consideró que hay una discusión de orden político. “Llevar esto al recinto de nuevo y discutir esta ley que no aclara de dónde va a salir el financiamiento, es mezclar la cuestión política con la cuestión educativa”, dijo. Respecto del recorte de cien mil millones al presupuesto provincial, opinó que tanto las provincias como los municipios deben replicar el ajuste que se ha hecho en la administración pública nacional.
Río Grande.- El diputado de La Libertad Avanza Santiago Pauli dialogó con Radio Provincia sobre el tratamiento del veto a la ley de financiamiento universitario en la sesión de hoy de la Cámara baja y dijo que “probablemente el debate sea el mismo que cuando se discutió originalmente la ley. Se da en un marco en el que estamos a punto de discutir el presupuesto para el año que viene y dentro del presupuesto está el financiamiento para las universidades. Es un poco fuera de lugar para discutirlo, porque esto lo deberíamos estar tratando en las comisiones correspondientes”.
“El proyecto ya ha sido vetado y ahora se tratará la insistencia de parte de los sectores que han pedido la sesión, pero el dinero que va a ser distribuido a las universidades públicas el año que viene se define en el presupuesto. Llevar esto al recinto de nuevo y discutir esta ley que no aclara de dónde va a salir el financiamiento, es mezclar la cuestión política con la cuestión educativa”, manifestó.
“A principios de año se tocó este tema por primera vez, en medio de un presupuesto reconducido para toda la administración pública nacional. En ese contexto se dijo que no había dinero para los gastos de funcionamiento y estaba el reclamo salarial. Para lo que es gastos de funcionamiento, el gobierno dio en mayo un 270% más. Hoy lo que no está resuelto es el reclamo salarial, de hecho el gobierno nacional ofreció un 5,8% de aumento en octubre, que fue rechazado por los gremios”, indicó.
“En estas marchas dicen que las universidades nacionales van a cerrar, lo que es mentira, y me parece que confunden a la gente sobre cuál es la discusión, que es el aumento salarial para docentes y no docentes, y cuánto dinero se va a destinar el año que viene, pero esto se va a tratar con el presupuesto 2025”, insistió.
El gobierno adelantó que va a judicializar el rechazo al veto y para Pauli tendría fundamentos porque “el proyecto de ley que fue vetado tiene que ver con un aumento de financiamiento extraordinario, por fuera de lo que se dio este año y por fuera de la discusión salarial, que todavía no está resuelta. Veremos qué pasa porque estas discusiones son de orden político. Lo importante es dejar en claro que las universidades nacionales no corren peligro de cerrar y que la discusión salarial se está dando. Mucha gente cree el mensaje que viene de ciertos sectores, que dicen que van a cerrar las universidades, y eso no es cierto. Está bien que discutamos el financiamiento de las universidades para el año que viene, pero no bajo este manto de miedo que se ha querido instalar”.
Recorte de coparticipación
Cabe recordar que el ministro de Economía Francisco Devita habló de un recorte de 100 mil millones para Tierra del Fuego en materia de coparticipación y, sobre este punto, el diputado consideró que la provincia tiene que replicar el ajuste nacional en la administración pública. “Eso está dentro del presupuesto que el gobierno plantea, pero si ese presupuesto es aprobado o no, está por verse. Lo que va a suceder tiene que ver con lo que sea votado. En muchas provincias, no solamente en Tierra del Fuego, no se está dispuesto a entrar en la discusión sobre el ajuste que hubo a nivel nacional y que también tiene que ser replicado por los sectores políticos en las provincias y en las municipalidades. Así como se han eliminado una gran cantidad de ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones en la administración pública nacional, uno no ve que ese recorte tenga su contraparte en la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales. Desde el gobierno provincial o desde un municipio pretenden seguir con el mismo nivel de gasto, sin ningún tipo de ajuste, sobre todo en cosas superfluas. Se quiere aumentar la recaudación y no se quiere hacer ajustes por ningún lado, y es medio insostenible la situación”, cuestionó.
“Dado el ajuste que se ha hecho a nivel nacional, el sector político gobernante en Tierra del Fuego debería plantearse achicar un poco el gasto. Siempre esperamos que todo se resuelva desde la nación y el esfuerzo tiene que ser también del gobierno provincial. Una de las primeras discusiones que se dio a principios de año era la eliminación de los ATN, a los que estaban acostumbrados los gobiernos provinciales. La clase política en las provincias se acostumbró a vivir de aportes extraordinarios y estaban acostumbrados a tener un nivel de gastos mayor al nivel de ingresos. Hubo un ajuste tremendo que se dio en la administración pública nacional y no he visto esa discusión en otros niveles. Me parece que es hora de tenerla. Está bien que se siga peleando por los recursos y las transferencias, pero yo quisiera ver qué gasto político se puede empezar a recortar en la provincia y en los municipios. Si no, las provincias viven en otra realidad, como si no hubieran cambiado los tiempos”, expresó el diputado.
Obras nacionales
Por otra parte se lo consultó sobre las obras previstas para Tierra del Fuego en el presupuesto nacional. “Están previstas las obras que ya se habían acordado entre el gobierno provincial y el nacional. Las que tenían un grado importante de avance van a ser finalizadas y el gobierno nacional se comprometió a que los fondos estén para que se terminen esas obras. La actitud del gobierno nacional frente a la obra pública ya la conocemos, no es como en otros gobiernos donde cualquier obra era válida y no se analizaba su necesidad. No había un seguimiento de que verdaderamente se terminaran esas obras. Hay obras que se comenzaron en distintas gestiones que todavía están por verse. Ese desorden que había en la obra pública en la que parecía que el dinero era ilimitado y que no había que rendir cuentas, se terminó”, sentenció.
Aumento de los servicios
También se le pidió opinión sobre el aumento de los servicios tanto de la tarifa de gas, como de la tarifa de luz, dado que el 18 de octubre se analizará en audiencia pública el 35% que prevé como ajuste la DPE, y planteó la distorsión generada por obras que le correspondían a Camuzzi y las realizó la provincia. “Las obras de gas muchas veces han sido realizadas por los gobiernos de turno con dinero que enviaban los gobiernos nacionales de ese momento y muchas veces con fondos propios. El cambio de mentalidad y lo que se le ha pedido al ciudadano tiene que tener su contraparte en las empresas. Una de las quejas históricas de muchas empresas de servicios es que los precios estaban congelados, fijados artificialmente, y no se cobraba lo que valía el servicio. Por eso ahora está la discusión del aumento de los servicios a nivel provincial. En contextos inflacionarios hay que hacer un ajuste y lo que es importante es que también la contraparte se comprometa con lo que le toca. Lo que sucedió en Argentina muchos años es que había una distorsión, no nos cobraban el gas al precio que valía, pero tampoco ponían un peso para las obras que les correspondían, y por ende la plata la ponía el gobierno nacional o el provincial, que es plata de todos nosotros, para hacer las obras que las empresas no hacían. En conclusión, nosotros pagábamos una tarifa más alta, sólo que nos cobraban por otro lado. Esa distorsión es la que este gobierno nacional vino a terminar y ahora los empresarios tienen que empezar a hacer lo que les corresponde. Está bien que se cobre lo que vale, pero que haya del otro lado una contraprestación correcta. Me parece mal que sean los gobiernos los que tengan que hacerse cargo de obras que les corresponden a las empresas. Hay que ordenar y todavía queda un montón para terminar de ordenar al país, terminar de ordenar los precios y las tarifas”, concluyó.
