El Dr. Francisco Giménez, abogado de los tres denunciantes del presunto abuso sexual de parte del intendente Melella, afirmó que hay más material que se conocerá en los próximos días. “Greve dio en la tecla, y esta es la punta del iceberg”, sentenció, en referencia a la presunción del funcionario municipal y referente de FORJA. Hoy se hará de copias del expediente para evaluar la actuación del juez Sahade que, según sostuvo, “mintió” en el comunicado dado a conocer a los medios. También lo acusó de “filtrar” la denuncia al Municipio.
Río Grande.- El Dr. Francisco Giménez dialogó anoche con FM La Isla sobre la denuncia que radicó contra el intendente Gustavo Melella, luego de recorrer varios medios nacionales exponiendo fundamentalmente el presunto abuso sexual hacia “tres peones” que representa.
Ayer reclamó públicamente la intervención del gobierno y del consejo de la magistratura, por la inacción del juez de la causa, y cargó contra el Dr. Sahade porque “aún no requiere los celulares de los denunciantes. Ya pasaron más de 45 días que se hizo la denuncia y los pusieron a disposición. El comunicado del Poder Judicial miente, porque en ningún momento se negaron a dejar los celulares sino que, al contrario, dejaron constancia en el expediente que estaban a disposición del juez. Las víctimas en este caso le están diciendo que en los celulares que tienen en este momento tienen las pruebas que comprometen al intendente, y que pueden probar todos los diálogos que tuvieron, las cosas que les decía, los acosos, las propuestas de sexo explícito y todo lo que ya sabemos. Es desagradable reiterar todo de nuevo, pero el juez tiene la obligación de secuestrar esos celulares, por más que las víctimas o los denunciantes no quieran”, manifestó.
“Esto no admite otra interpretación, porque precisamente ahí está la prueba de que lo que las personas están diciendo. No puede permitir que se vuelvan a la casa con esos celulares, porque los pueden perder, se los pueden robar o puede pasar cualquier cosa y perderse prueba importante”, advirtió.
Relató que “hace más o menos 20 días, quien habla en forma personal pidió pericias informáticas. Yo subí a las redes sociales, a Twitter, cédulas del juez donde me dice ‘téngase presente’ a todas las medidas de prueba, entonces no puede ahora sacar un comunicado absolutamente falso, poniendo responsabilidad sobre las víctimas que no quisieron entregar los celulares, cuando esto no fue así y no debe ser así. Es una mala praxis judicial si el juez lo permitió”, disparó.
Aseguró que la Policía Científica devuelve los celulares “en diez minutos, e incluso el juez, para evitar cualquier manipulación por parte de Policía Científica, pudo haberlo hecho con el propio perito informático del Poder Judicial, que lo tiene a pocos metros de distancia. Se lo dan y en diez minutos el perito le baja los mensajes de texto de whatsapp que existen e incluso se pueden recuperar los mensajes borrados de whatsapp”.
Se le preguntó si esta conducta del magistrado es impericia o protección a Melella, y respondió que “cuando las impericias y las desidias se repiten, uno ya no cree que alguien puede hacer las cosas tan mal a propósito y empieza a sospechar. Cuando yo efectúo la denuncia el 28 de agosto, el 31 van las víctimas a declarar e introducen el elemento de contenido sexual, porque yo no declaré cuestiones que tienen que ver con índoles sexuales. Lo declararon las víctimas cuando son convocados”, aclaró, teniendo en cuenta que Giménez denunció inicialmente presuntas irregularidades vinculadas con obras públicas.
Y volvió a acusar a Sahade de filtrar la información al Municipio: “Había tres personas que sabían el tenor de la denuncia, más allá de la obra pública. Una de ellas es el fiscal Candela, el juez y quien habla. Yo no le filtré a la intendencia municipal el contenido de la denuncia y pongo las manos en el fuego por los fiscales, porque de ahí tampoco salió la denuncia. Queda una sola persona dentro del ámbito judicial: el propio juzgado”, apuntó el letrado, y dijo que “a los cinco o seis días” sus defendidos “empiezan a recibir llamados telefónicos enviados por quienes invocaban el nombre del intendente Melella. Uno de ellos está grabado, y les ofrecían todo tipo de dinero, trabajos y prebendas. A mí en forma personal también se me acercaron los letrados de un diputado nacional, ofreciéndome algún tipo de arreglo para solucionar esto de otra forma que no sea en el ámbito de la justicia”, reveló.
Recordó que “el informe de Infobae da el nombre y eso fue denunciado por mí por escrito, con fotos de la persona y el número de teléfono del que se comunica con las víctimas ofreciendo dinero, trabajo, y que fue a la casa. Yo pido por favor que se secuestre el celular y lo citen a declarar, para ver a título de qué se presenta en la casa de las víctimas, a título de qué los llama, quién lo manda o si es un descolgado que hace las cosas por comedido. A eso se me contestó con un ‘téngase presente’ y no se tomó ningún tipo de medida. No le pueden achacar ahora a las víctimas que el delito no se prueba y que sea culpa de ellos, cuando hace 45 días que estamos esperando que se tome una medida de prueba”, cuestionó.
Albañiles, no empresarios
También se le preguntó sobre las versiones que circulan sobre los denunciantes, dado que en algunos casos dicen que son albañiles, y en otros empresarios contratistas del estado municipal que reclamarían una suma de seis millones: “Eso es una mentira absoluta y no sé quién pudo decir semejante barbaridad, seguramente para embarrar la cancha -señaló Giménez-. En el informe de Infobae dan cuenta de las condiciones en que viven: uno vive en una pensión, otro se tuvo que ir a su provincia y vive en una casa con piso de tierra, y otro vive en la margen sur. Ellos reclaman en un caso una deuda de 500 mil pesos y en los otros algo parecido, por obras realizadas en el gimnasio de la margen sur y en la dependencia del Centro Tecnológico de calle Pellegrini 120. De ninguna manera son empresarios ni se puede decir una barbaridad de esas”, reiteró.
La punta del iceberg
El abogado admitió que habrá más por ver de este caso, y avaló la presunción del Dr. Federico Greve al señalar que “esto era la punta del iceberg y espera cosas mucho peores”: “Tiene razón Federico Greve, esta es la punta del iceberg. El círculo rojo de la provincia de Tierra del Fuego sabe que esto no es todo lo que pasó, no son tres casos aislados, sino que era una práctica sistemática por parte del intendente, y hay un silencio atronador de toda la clase política, ya sean opositores y oficialistas. Yo no soy un operador político y no habría nadie más torpe que yo para hacer algún tipo de operación política. Aparte, si cobré por hacer una operación política como están diciendo, me tendrían que llamar para que devuelva la plata porque hice una operación política un año antes de las elecciones y cuando Melella ni siquiera dijo que va a ser candidato a gobernador. Hubiese guardado todo esto para un mes antes de las elecciones y ahí hubiera sido una operación política. Yo no tengo la culpa de que los políticos sean corruptos o sean denunciados por abuso sexual en el ejercicio de su función y, si hay elecciones o no, no es un problema mío”, argumentó.
“La defensa es que esto es una operación política y no niegan los hechos ni los audios, porque los reconocieron. Tendrían que explicar el contexto en el cual se dieron estos audios y por qué estas personas de un día para otro aparecen con el monotributo, empiezan a hacer obra pública y a ser deudores de la municipalidad, y de un día para otro los echan de las obras. O por qué esta gente entra al despacho del intendente, tiene contacto directo una infinidad de número de veces. No desconozco que seguramente el gobierno provincial se va a montar en esta denuncia para utilizarlo en su provecho, o poner medios adictos a fogonear la denuncia, así como Melella pone sus medios adictos de Río Grande, porque ningún medio de Río Grande me ha llamado”, criticó haciendo la salvedad con la emisora.
“Tampoco yo soy un tarado para poner en juego todo un patrimonio familiar en una denuncia de este tipo. Si se leen las declaraciones de las víctimas, no hay consentimiento de las relaciones, porque los tres relatan ataques sexuales al entrar ellos a cobrar una deuda. Greve dio en la tecla y él sabe que es la punta del iceberg”, reiteró.
Finalmente se le preguntó por qué sus representados no radicaron la denuncia por abuso, sino que se retiraron del juzgado y uno de ellos regresó a los pocos días. “Las personas entraron a declarar sin la asistencia de un abogado, como corresponde, y no tienen el séptimo grado terminado. Después de tomarles la declaración les preguntan si quieren instar la acción penal, y no entienden qué es, si no se lo explican. Cuando vimos que no habían instado la acción penal, les explicamos qué significa, uno volvió a los dos o tres días e instó la acción penal. Esto no es una excusa para desestimar la denuncia. No entienden lo que es instar acción penal, menos personas con las limitaciones intelectuales que tienen los denunciantes. Esa cuestión se va a zanjar cuando yo tome vista del expediente mañana -por hoy- pueda hacer fotocopias y ver la actuación del juez. Si es que tenemos un consejo de la magistratura, estudiará el tema”, anticipó.
También aclaró que no le cobró a los peones por representarlos: “Hemos hecho muchas cosas en el estudio sin cobrar un centavo. He defendido desde un peón acusado de homicidio hasta cualquier persona que concurre a mi estudio, no tiene dinero y está en una situación desesperada. Este fue el caso”, concluyó.
