El abogado de la empresa ROANMAT, Miguel Febré, aseguró que Las Termas son “un bien privado” y lo fundó en el tiempo de ocupación del predio, de más de 20 años, por lo cual serían propietarios del inmueble. Es el fundamento esencial del recurso federal que presentó ante la Corte Suprema, para intentar revertir el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Afirmó además que “la empresa descubrió el lugar”, abrió el camino y colocó los puentes, y que “lo que está haciendo el Estado es apropiarse de bienes de particulares”. Personalizó las acusaciones en el juez Ernesto Löffler, reconocido constitucionalista, y planteó que mal puede hablar de derecho constitucional “si ni siquiera puede determinar lo que son bienes privados y bienes públicos. El juez verá después cómo queda en el contexto nacional y en el contexto internacional por este proceso de apropiación de bienes de los particulares”, disparó.
Río Grande.- El abogado de la firma Transportes ROANMAT SRL, Miguel Febré, dio detalles del recurso federal presentado ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende revertir el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que otorgó un plazo de cinco días hábiles para desalojar Las Termas del río Valdez.
Personalizó las acusaciones sobre el juez Ernesto Löffler, quien fundamentó el fallo, y consideró que mal puede hablar de derecho constitucional si no sabe diferenciar bienes privados de bienes públicos. El argumento de Febré se basa en que las termas son propiedad de la empresa, junto con el predio en el que están ubicadas.
En principio explicó por Radio Provincia que “para interponer un recurso hay que pasar por todas las instancias previas y, como tenemos el fallo del Superior Tribunal, lo que corresponde es el recurso federal ante la Corte Suprema”.
“El fallo adolece de serias irregularidades e ilegalidades. En principio se sustenta en la ley 17.091, que permite recuperar rápidamente predios que son de dominio público del Estado. El fallo explica que los bienes públicos están afectados al uso público, no así los bienes privados del Estado. La jurisprudencia y los fallos de todo el país dice que no procede el lanzamiento sin otro proceso judicial, sino que se tiene que hacer un proceso de juicio civil”, sostuvo.
“En lanzamiento que hacen en el año 2002 lo hicieron por impericia de los abogados que estuvieron en su momento y aceptaron el lanzamiento, como que eran bienes públicos del Estado, pero en realidad no son bienes públicos, sino que son bienes privados”, subrayó.
A modo de ejemplo, dijo que “cuando el Estado va a hacer un barrio, afecta una tierra determinada pero eso deja de ser un bien público para ser un bien privado” y aseveró que “si son bienes de dominio privado, no puede intervenir el Superior Tribunal sino que tiene que intervenir la justicia civil, en primera instancia, en segunda instancia, con todo lo que tiene que ver con un desalojo, pero nunca pasar por arriba de todas estas instancias, porque se estaría haciendo un per saltum que viola el principio del ejercicio de la legítima defensa”.
Febré afirmó que “se ha mentido”, porque “el Municipio sabía que la empresa había solicitado un proceso de usucapión hace más de un año, pero el municipio niega el visado de los planos. Un proceso de usucapión se da cuando se adquiere la propiedad de un inmueble, por haber permanecido en él con animus domini por más de 20 años. Cuando uno se presenta en un juicio de usucapión y pide el visado de los planos para poder iniciar el proceso, el municipio tiene la obligación de firmarlos, independientemente de a quién pertenece el inmueble, porque eso lo determinará la justicia, no Catastro”.
“Catastro no puede decir, como dijo hace un año atrás el municipio de Tolhuin, que niega el visado porque tiene que haber una sentencia previa de usucapión, lo cual es imposible, porque para iniciar un juicio de usucapión se necesita el plano visado. Esa es la primera irregularidad que se comete”, puntualizó.
“Esto tiene que ver con una cuestión del derecho fundamental, que es el derecho de prescribir la propiedad por el uso. El fallo adolece de una cantidad de falacias. Se dice que la empresa no invirtió, cuando en realidad la empresa no pudo nunca llegar a explotar lo que correspondía, porque no se le aprobaba. Cuando Tierra del Fuego se transforma en provincia, le negaban la aprobación de los planos, después le decían que el agua estaba contaminada. Se imposibilitó que la empresa pudiera iniciar el proceso”, aseguró.
“No es que no se invirtió, como dice el juez Löffler. La empresa hizo absolutamente todo, hizo el camino, construyó los puentes, hizo las piletas, descubrió el lugar. El Estado que no autorizó dice después que no hizo nada, pero la empresa hizo todo”, remarcó.
“Lo que está haciendo el Estado es apropiarse de bienes de particulares. Ahora son Las Termas, antes fueron vecinos de Tolhuin que fueron desalojados sin ningún tipo de proceso, a pesar de que habían pagado los terrenos. Esa es la ilegalidad que se está cometiendo en Tierra del Fuego. Estamos peor que en un régimen comunista, porque en un régimen comunista por lo menos el Estado me da la vivienda y yo no la pago. Acá resulta que la pago y el Estado no me da la vivienda, porque no otorga nunca la escritura. El Estado se está capitalizando con los bienes que ya pagó el particular. Esto en definitiva es el recurso federal que se presentó”, sintetizó.
El descubrimiento
Consultado sobre el descubrimiento de las termas, que se atribuye la empresa, cuando había antiguos pobladores del lugar que ya las conocía, respondió que “las termas se descubrieron de casualidad, porque estaban tapadas arriba por una castorera. Sin duda la gente del lugar las tiene que haber conocido, pero cuando uno habla del descubrimiento, habla de hacer posible un desarrollo turístico de un recurso. Se pudo haber descubierto hace mucho, pero quien hizo el camino, quien construyó los puentes y realizó la inversión fue la empresa”, dijo.
En cuanto a la posibilidad de visitarlas, que está vedada para todos los fueguinos, señaló que “las Termas están cerradas porque no se habilitan. Siempre faltaban los planos y faltaban las mensuras”.
El desalojo
También se le preguntó sobre el desalojo que ordenó la justicia, y que se llevaría a cabo aun con la presentación del recurso federal, tal como lo confirmó el Dr. Löffler, si así lo pide el Municipio de Tolhuin. “Me asombra del Dr. Löffler, a quien respeto mucho, porque en esto se equivoca. Hay garantías constitucionales que se están violando, por eso se presenta el recurso. Hay que tener cuidado cuando hablamos del estado de derecho, porque la justicia controla los excesos que pueden suceder en otros poderes. La justicia dice que desde el año ’85 no se realizan inversiones, cuando en realidad en el año 2006 hubo colonias de vacaciones que fueron al lugar, había piletas, y por un convenio con el municipio las termas trabajaban. No se puede decir que no hay inversiones desde el año ’85, porque es un absurdo”, replicó.
“Yo hice el recurso federal y una especie de recurso de reconsideración, a ver si el Tribunal motu proprio de alguna forma analiza todo esto que tiene que ver con el lanzamiento, si analiza que esto es un bien privado y no público, y si analiza la jurisprudencia y la doctrina. Acá no somos una isla y no se pueden aplicar derechos que en el resto del país no se aplican. En Tierra del Fuego tenemos los mismos derechos que se tienen en el resto. Le puse algunos fallos que hablan de lanzamientos que fueron rechazados”, apuntó.
“Puede que el desalojo ocurra, porque la violación de derechos es algo común. La justicia se equivoca y suceden este tipo de cosas. El juez verá después cómo queda en el contexto nacional y en el contexto internacional por este proceso de apropiación de bienes de los particulares”, dijo, y se preguntó cómo el juez Löffler puede hablar de derecho constitucional “si ni siquiera puede determinar lo que son bienes privados y bienes públicos”.
Concedió que “el Estado tiene la fuerza para hacer lo que quiera, por eso el estado de derecho es una especie de collar o cinturón que se le pone. Claro que la policía puede hacer, la justicia puede hacer, el Ejecutivo puede hacer. Todo el mundo puede hacer, pero la cuestión es qué es lo que hacemos cuando el Estado excede las facultades que tiene. La defensa que queda es presentar el recurso ante la Corte Suprema y las instancias internacionales, porque el caso reviste gravedad”, concluyó.
