A través de un editorial publicado este domingo, el diario La Nación renueva sus críticas contra el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y sus exenciones impositivas, asegurando que se trata de «un inadmisible privilegio, plagado de gigantescas irregularidades».
Río Grande.- A través de un editorial publicado este domingo, el diario La Nación renueva sus críticas contra el subrégimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y sus exenciones impositivas, asegurando que se trata de «un inadmisible privilegio, plagado de gigantescas irregularidades».
Bajo el título «Tierra del Fuego: un privilegio que empaña el ajuste», el matutino porteño sostiene que «la conjunción de intereses espurios sigue manteniendo un anacrónico relato defendido por dirigentes que pretenden sostener un ecosistema tan aventajado como injusto».
“El régimen de Tierra del Fuego, inventado por los militares en 1972, cumplió más de medio siglo y ha subsistido a vientos y mareas por razones inentendibles pero que comprenderíamos si pasáramos algún tiempo en los pasillos del Congreso de la Nación o “parando la oreja” en algún barcito cercano. Aprenderíamos así que, en la Argentina, las mayores distorsiones fueron creadas por dictadores militares y convertidas en “políticas de Estado” por gobiernos democráticos”, arranca La Nación en su editorial.
Y agrega: “La personería gremial única, el control sindical de las obras sociales y el régimen de Tierra del Fuego fueron invento de tres generales que pensaron igual (Juan Domingo Perón, Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse) provocando transferencias de ingresos monumentales”.
Se trata de un inadmisible privilegio, plagado de gigantescas irregularidades, en el contexto del ajuste para alcanzar el déficit cero, del “cepo” por falta de reservas y cuyo costo fiscal serían “monedas” para solucionar el problema de quienes quedasen sin trabajo
Para la Nación “Tierra del Fuego es ejemplo de ese submundo de política y negocios, donde se radicaron miles de familias de lugares distantes, ignorando la fragilidad del régimen que sostiene sus empleos. Esa deformación está blindada por las capas geológicas que lo bloquean y los intereses creados que lo defienden”.
“Un modelo de sustitución de enorme costo fiscal y grave carga para el Banco Central, al demandar divisas para importar productos desarmados por el puerto de Buenos Aires, volverlos a armar en la isla y luego venderlos caros a los argentinos. Con un ir y venir de camiones para trasladar unos y otros, de aquí para allí, por 2400 kilómetros”, cuestiona el medio.
En el sector electrónico trabajan alrededor de 9000 personas, la mayoría en el parque industrial de Río Grande, donde se destaca la empresa Mirgor y, en menor medida en Ushuaia, donde funciona Newsan.
“El costo fiscal previsto para 2025 asciende a 1.348.412 millones de pesos (0.18% del PBI). Un billón de dólares, para redondear”, destaca La Nación.
Además, cuestiona que “gobernadores, intendentes, senadores y dirigentes industriales se deben solidarizar con sus colegas fueguinos” para sostener el subrégimen de promoción industrial, aunque considera que “no se justifica que, para dar trabajo, se condene a todo el país al atraso tecnológico cuando la digitalización es base del desarrollo”.
“Tierra del Fuego está para más, con su potencial turístico, forestal y pesquero, para emplear genuinamente mucha más gente que ahora”, sostiene el medio porteño.
Según La Nación “a la inversa de México, que desarrolló “factorías” exportadoras para vender barato a los estadounidenses, en la Argentina el kirchnerismo alentó “factorías” importadoras en Tierra del Fuego, que demandan divisas, para vender caro a los argentinos”.
“El complejo régimen sufrió numerosos vaivenes durante su existencia, aunque los principales beneficios del área aduanera especial son bien conocidos: exención de impuestos nacionales, libre importación de insumos, partes y piezas, y el ingreso al territorio continental, libres de gravámenes, los productos “originarios” de la isla (con el 50% de valor agregado). Una sumatoria de costos inflan las cifras para alcanzar ese porcentaje, incluyendo fletes por camión, honorarios profesionales, pasajes aéreos y contratación de seguros, facturados desde Buenos Aires a las empresas fueguinas”, sigue la editorial.
El artículo agrega: “En una reciente columna, Carlos Pagni recordó en La Nación que Javier Milei empezó criticando el régimen, pero lo excluyó de la Ley Bases con el argumento de los “derechos adquiridos”. Pero nadie podría invocar esa garantía constitucional, pues el artículo 32° de la ley 19.640 permite alterarlos. En su nota identifica un crucero de nombre Carinthia VII, de casi 100 metros de eslora, que habría sido comprado por Rubén Cherñajovsky por una cifra sideral. Como diría el columnista: “habladurías”. Pero quizás no tanto, pues en 2020 Emilio Mazzola, exsocio en el grupo Newsan (Siam, Sanyo, Philco, Atma, JVC y Noblex) denunció ante el juez federal Julián Ercolini un mecanismo de sobrefacturación de importaciones para desviar dólares a cuentas offshore”.
“Un acuerdo privado sepultó esa investigación y nunca interesó a quienes persiguen la evasión. Por ejemplo, en 2018 Sergio Massa requería una emergencia aduanera por 180 días para revisar las importaciones y “terminar con los dólares que se van con productos innecesarios” mientras hacía un show mediático revisando contenedores, en lugar de poner bajo la lupa el régimen de Tierra del Fuego, cuyas remesas al exterior y entramados offshore jamás son auditados por la AFIP a pesar de la vigencia, también en esa provincia, del régimen penal cambiario”, denuncia el diario porteño.
Por último, en su editorial replicado este domingo por Crítica Sur, el medio de alcance nacional recuerda que “Alberto Fernández extendió por 15 años el régimen creado en 1972 durante el gobierno del general Lanusse, que vencía en 2023. Cumplidas ciertas condiciones, podría extenderse otros 15 años, hasta 2053. El diputado Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley para derogarlo, que aún no ha sido considerado”.
“Se trata de un inadmisible privilegio, plagado de gigantescas irregularidades, en el contexto del ajuste para alcanzar el déficit cero, del “cepo” por falta de reservas y cuyo costo fiscal serían “monedas” para solucionar el problema de quienes quedasen sin trabajo”, cierra el editorial.
