El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández, respondió a los cuestionamientos del gobierno nacional sobre los gastos de las universidades. Aseguró que el 90% o más se va en sueldos, por lo cual las casas de estudio tienen que buscar otras fuentes de financiamiento, como las consultorías o asesorías. Destacó el rol de la universidad dentro del territorio y la interacción que debe existir con los gobiernos locales o regionales. En vez de contratar consultoras privadas de otros puntos del país, consideró oportuno que se recurra a las universidades y a los investigadores locales. Respecto de la ideologización, dijo que “la politización puede ocurrir, pero en general el sistema depura eso y hace que los proyectos académicos primen sobre los proyectos político-partidarios”.
Río Grande.- El rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández, se refirió a los cuestionamientos del gobierno nacional sobre la “caja chica” que manejan las casas de estudio, y tienen que ver con contratos de distinta índole por asesorías o consultorías, que contribuyen a financiar el funcionamiento, dado que el 90% o más se va en sueldos.
Cabe señalar que existen varios proyectos de la UNTDF en cuestionamiento, de acuerdo a la información divulgada por la SIGEN a nivel nacional. Entre los proyectos se encuentra la instalación de una turbina generadora de energía eólica en el campus de Yrigoyen 879 de Ushuaia, inaugurada en noviembre de 2019, con capacidad para generar 30 watts. El proyecto, denominado “Producción de Energías Renovables en TDF”, implicó una inversión de 268.000 dólares y fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través del Fondo Argentino Sectorial, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. A cinco años de la instalación, el generador seguiría sin aportar energía al campus universitario.
Otros proyectos que fueron difundidos se refieren al análisis integral del impacto del SARS-COVID-2, por un monto de 205 millones; al programa para consolidar la planta de personal no docente, por 113 millones; a las actividades de cooperación en el marco de la convocatoria a proyectos de investigación científica y tecnológica, por 40 millones; al programa de escuelas de educación profesional, por 40 millones; a la identificación de stock de productos pesqueros, por 28 millones; al desarrollo de obras complementarias, por 16 millones; al convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, por casi un millón de pesos; al proyecto de enseñanza de matemática en la secundaria, por 850 mil pesos; al equipamiento para la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, por 100 mil dólares; a la integración del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales con la universidad, por un monto sin especificar, entre otros.
Para el rector Fernández los cuestionamientos son “algo sistemático, que tiene que ver con una mirada acerca de lo público y especialmente de la docencia en todos los niveles educativos. Desde el gobierno nacional no se valora a las universidades públicas nacionales y por eso se está desfinanciando el sistema. En paralelo está ocurriendo algo parecido con la Ciencia y la Tecnología, con la Cultura y con otros ámbitos en los que el gobierno tiene una mirada diferente a la que el país viene llevando adelante”, sostuvo por FM Master’s.
Según los referentes locales de La Libertad Avanza, no habría desfinanciamiento, pero el rector señaló que el último informe “habla de un 40% menos este año con respecto al anterior y claramente eso está ocurriendo. Como cualquier institución tenemos un presupuesto, que vamos ejecutando a lo largo del año. El porcentaje más grande del presupuesto de las universidades son los salarios y normalmente se habla de un 90/10% entre salarios y el resto de los incisos. En algunas universidades incluso es mayor que el 90%, porque no hay suficiente presupuesto para el resto de las actividades”.
Los distintos programas y proyectos serían una herramienta porque “las universidades buscamos financiamiento por fuera del presupuesto en sí, para tratar de hacer investigación, extensión, vinculación con el territorio y otras cuestiones”, dijo.
Asimismo, planteó la dificultad de retener a los profesionales. “Eso está sucediendo porque los salarios de las universidades perdieron mucho frente a otros salarios de la administración pública. Eso se ve en las categorías más bajas, en los que tienen menos antigüedad. En nuestro caso es peor, porque venir a Tierra del Fuego es un tema y nos cuesta mucho conseguir docentes específicos para algunas asignaturas. La gente piensa en volverse porque tiene sus familias en otros lugares del país. Es uno de los temas que nos preocupan”, puntualizó.
“Cuando hablamos de presupuesto, hablamos de salarios obviamente, pero también hablamos de los gastos del día a día, de las becas de los estudiantes, de la investigación, de la extensión, del fortalecimiento de algún aspecto en particular. Todo eso no está viniendo. Las becas son necesarias porque no alcanza con que la universidad sea gratuita. Los chicos tienen problemas para comer, para sacar fotocopias o para acceder algún tipo de material. También tenemos una residencia en Ushuaia para 12 estudiantes, que es otro tipo de beca. Ahora estamos trabajando con el tema del comedor, para que funcione para los chicos que tienen problemas. Es un proyecto muy interesante y complejo, porque estamos tratando de incorporar a productores locales, para que lleguemos a ese comedor con alimentos locales. Estamos pensando en instrumentar una beca en particular para asistir a los chicos que tengan dificultades con la alimentación”, informó.
“Tenemos un área de bienestar universitario, a veces hacemos encuentros relacionados con salud donde acercamos información, son todos temas que tienen que ver con la contención y son cosas incipientes, pero estamos yendo en ese camino”, apuntó.
Menos presupuesto
El rector advirtió que “el año que viene habría un 40% menos de presupuesto con relación al actual. Tenemos más de cuatro mil estudiantes, contando las dos sedes, la mayor parte está en Ushuaia, donde hay más oferta educativa. Estamos pensando en abrir nuevas carreras, como la Ingeniería en Agroecología, que se iba a abrir en Río Grande. Teníamos 120 estudiantes pre inscriptos y habíamos firmado un contrato de programa con la Subsecretaría de Políticas Universitarias para abrir esa carrera y que comenzara este año, pero todavía estamos discutiendo con la nación para recibir ese presupuesto. No lo pudimos llevar adelante por una cuestión presupuestaria”, manifestó.
La supuesta desinformación
Consultado sobre la falta de transparencia de las universidades que les imputa el gobierno nacional, dijo que “un gran porcentaje va a salarios y toda esa información va a la nación. Tenemos otros gastos que rendimos semestralmente y luego hay gastos específicos que tienen que ver con algún contrato-programa y eso se rinde anualmente. Tendrían que mirar los sistemas que ellos tienen, porque todas las universidades del país subimos la información mensualmente o cuando vamos ejecutando los presupuestos. Tenemos a la CONEAU que nos audita y no sólo en cuestiones económicas, sino que audita lo académico. La rendición salarial es instantánea y se hace mes a mes, hay otras cosas que son anuales o cada seis meses. Luego hay auditorías que se hacen y tiene que ser la Auditoría General de la Nación o la SIGEN la que tiene que auditar. Por la ley de educación superior es claramente la Auditoría General de la Nación. En ese sentido hubo distintos pronunciamientos de la justicia a lo largo del tiempo. El año pasado hubo un pronunciamiento que decía que era la Auditoría General de la Nación y hace unos meses salió otro que dice que es la SIGEN, pero la SIGEN no es una auditoría, porque es una sindicatura. Si lo que se pretende es que las universidades sean auditadas por la SIGEN, sería una intromisión del Ejecutivo nacional en la autonomía universitaria”, consideró.
“Más allá de eso todas las auditorías internas de la universidad siempre hacen planificaciones. Hasta el año pasado cada universidad iba mandando anualmente los planes de auditoría también a la SIGEN para que estuvieran enterados, más allá de que no había ninguna formalidad en esa área”, expuso.
“Hay mala información o información sesgada. Sobre los 500 proyectos de la UNTDF, todos esos son proyectos, no consultorías, pero hay una cuestión de fondo. Algunos entienden que las universidades debemos asesorar a otras instituciones del Estado nacional, debemos investigar problemas que tienen que ver con los territorios y otros que dejan un manto de duda con respecto a eso. Yo estoy con la primera mirada: que las universidades públicas nacionales debemos tener vinculación con el territorio. Tenemos que meternos en el barro con las problemáticas locales, regionales, nacionales, para tratar de aportar nuestros conocimientos para solucionar los problemas, y además para retroalimentar la formación y que lo que enseñamos a los alumnos no sea sacado de un libro escrito en otro país, sino una bajada al territorio de esas problemáticas”, desarrolló.
“Yo entiendo que ideológicamente el gobierno tenga otra mirada. También pasó con el gobierno de Macri, que sacó todos los convenios que había con universidades y otros organismos del Estado. Ellos quieren un Estado chico, no muy interrelacionado y quieren una actividad privada que se ocupe de estas cuestiones. Si no lo hacen las universidades, lo hace una consultora externa, porque no es que no lo hace nadie, y esos financiamientos van para otro lugar”, cuestionó.
Además, destacó que “los proyectos de la universidad han sido adjudicados en convocatorias públicas abiertas y competitivas, pero no han sido financiados. Son temas como el estudio del SARS-COVID, el estudio de pesquerías para ver cómo mejorar el conocimiento de los stocks pesqueros. Son proyectos que tienen una base interesante y se mencionan como sospechados, cuando fueron competitivos en cuanto a la evaluación, y no se están financiando”, subrayó.
Cargó contra la información del diario La Nación sobre las “cajas chicas” de las universidades, y advirtió que el medio nacional “está tratando de instalar que hay un montón de dinero que va a las universidades y no se sabe para qué se usa. Estamos trabajando en un portal para publicar información. En el momento de la pandemia pasamos de tener expedientes en papel a manejarnos con el drive. Cuando volvimos a la presencialidad instalamos el formato de drive y ahora estamos trabajando en un sistema de expediente digital. Todo eso ayuda a la transparencia y a poder seguir los procesos”.
Ideologización
Por otra parte, respondió a las críticas del gobierno, que dice que las universidades son antros comunistas. “La politización puede ocurrir, pero en general el sistema depura eso y hace que los proyectos académicos primen sobre los proyectos político-partidarios. Obviamente es un momento del despertar de la política en los chicos, la universidad es una institución muy politizada y eso está muy bien. Se habla de ideologizar o no ideologizar, y la universidad es una institución que quiere estar relacionada con los problemas del territorio. Nuestro proyecto no tiene que ser político-partidario, tiene que ser un proyecto universitario que dialogue con los gobiernos y estamos tratando de ir por ese lado. Con las consultorías o las asesorías, es algo que discutimos con los gobiernos, porque pasa que viene una institución del extranjero o de otra provincia a hacer un trabajo en Tierra del Fuego, cuando tendrían que consultar primero con la universidad o el CONICET a través del CADIC. Las instituciones deberíamos ser una instancia de consultas para este tipo de cosas. Es positivo que se consulte a las instituciones locales si pueden hacer el trabajo o la asesoría”, propició.
“El gobierno central tiene toda esa información. Evidentemente hay una pelea en relación al sentido de las universidades dentro del modelo de país. Se habla del arancelamiento porque lo instalaron en algún momento, lo mismo pasa con los extranjeros, con el adoctrinamiento. Ahora estamos hablando de las auditorías y de los proyectos porque lo han instalado”, enfatizó.
El nombre del aula magna
A modo de ejemplo, se le preguntó si considera apropiado que se haya denominado Santiago Maldonado al aula magna, que sería una muestra de la ideologización. Sostuvo que “eso lo decidió la comunidad universitaria. Las universidades tenemos un rol a cumplir en cada uno de los territorios donde estamos anclados. Para hacer eso uno tiene que interactuar con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, regionales, nacionales. Siempre va a haber cuestionamientos y como autoridades nos corresponde ver hasta dónde nos parece razonable la interacción. Eso va cambiando de gestión en gestión”, concluyó.
