El legislador Juan Carlos Pino confirmó que hoy se aprobará el presupuesto 2025, que es “muy ajustado” y solamente “destinado al pago de salarios”. Sin el financiamiento nacional no hay margen para obras y las únicas presupuestadas son obras nacionales ya iniciadas que va a terminar de hacer la provincia. Hay otras veinte obras que fueron incluidas pero no tienen presupuesto y “hay que salir a buscar financiamiento”, dijo. Habrá un pedido de informes sobre la demora en la apertura de la ruta 7, dado que se hizo la licitación pero todavía no fue adjudicada, y el legislador adelantó que será revisado el convenio con la estancia Cabo Peña, por el cual la provincia debe pagar una servidumbre de paso. También se esperan informes de Terra Ignis, que no está funcionando y se desconoce si se están devengando salarios. Al momento solamente se la utilizó para el alquiler de generadores para Ushuaia, cuando debería haberlo hecho la Dirección Provincial de Energía, expresó.
Río Grande.- El legislador justicialista Juan Carlos Pino confirmó al programa ‘Buscando el Equilibrio’ por Radio Provincia la aprobación del presupuesto 2025, porque “se han logrado los consensos”.
Ayer hubo reunión de Labor Parlamentaria y se presentaron “muchos pedidos de informe y proyectos de ley. Entre los proyectos está el presupuesto, que es lo más importante para cerrar el año. Se han logrado los consensos de casi todos los bloques políticos, que lo van a acompañar. Se sacó el artículo que quitaba fondos a los municipios y fue uno de los pedidos que hizo la mayoría de los legisladores, tanto de Río Grande como de Ushuaia y Tolhuin. El artículo 28 estipulaba un fondo que también le sacaba a los municipios y también se modificó. A partir de esto se han logrado los consensos”, señaló.
Respecto de esta herramienta, dijo que “es un presupuesto muy ajustado y está destinado a pagar salarios. Con la quita de los fondos nacionales para obras, esto hizo que el presupuesto se modificara totalmente porque normalmente se incorporaban fondos para vivienda, para obras públicas, escuelas, jardines. La poca obra pública que se incorporó son obras ya comenzadas, y la provincia se va a hacer cargo de terminarlas. Hay quita de fondos para medioambiente, educación, salud, todos los fondos que venían antes no están más. De hecho hay reclamos que están haciendo todavía por algunos convenios”.
Recordó que “la mayoría de las obras que se han hecho en la provincia fueron con fondos nacionales, ya sea viviendas, escuelas, gimnasios y la obra pública en general. Al no estar estos fondos el presupuesto está acotado y destinado solamente para pagar sueldos”.
Consultado acerca de cuánto influye la falta de un presupuesto nacional, indicó que “el envío de la coparticipación a las provincias tiene que ver con la recaudación nacional, y con un reconducido no hay control. El gobierno nacional puede manejar a su gusto el presupuesto. Las provincias hoy lo único que reciben es la coparticipación, no hay otros fondos que se hayan aprobado”.
“El asfalto de los tramos que faltaban de la ruta nacional 3 se incorporó al presupuesto nacional y eso no está más. De la misma forma se han sacado fondos nacionales del presupuesto, que quedó muy vacío en cuanto a infraestructura y lo único que quedan son salarios. Todas las provincias están en la misma situación, porque no hay envío de fondos nacionales”, planteó.
“Son muy pocos los fondos provinciales que hay para obras, y se han destinado a finalizar obras que comenzaron con fondos nacionales. Además debe haber más de 20 obras incorporadas que no tienen fondos. Las han incorporado como obras prioritarias pero hay que salir a buscar los fondos para llevarlas adelante”, advirtió.
Explicaciones por la ruta 7
En la sesión habrá un reclamo por la demora en la apertura de la ruta 7, el camino alternativo a la margen sur de Río Grande, y también se abrirá la discusión del convenio que firmó el gobernador con la estancia Cabo Peña. “Este año aprobamos la ley que declara de interés estratégico a la ruta 7 y ahora estamos haciendo un pedido de informes que tiene que ver con la licitación, porque es únicamente para el alambrado. Se tendría que haber adjudicado la obra y todavía no está adjudicada. Desconocemos cuáles son los motivos y entendemos que en un plazo de 90 días tendrían que haber estado listos los trabajos. Por eso presentamos el pedido de informes que tiene que ver con los plazos de obra, si se adjudicó o no, el monto de la obra y los trabajos a realizar. Ese pedido de informes se va a aprobar en esta sesión”, expresó.
“Justamente cuando estuvo la presidente de Vialidad Provincial le preguntamos sobre esto y dijo que en 60 días iban a estar hechos los trabajos y que la obra estaba para adjudicar. Esto fue el mes pasado y todavía no ha sido adjudicada. Ya estamos en diciembre y para febrero o marzo tendría que estar habilitada la ruta”, manifestó el legislador.
Para Pino no existe inconveniente real para que esté cerrado el paso. “El fin de semana pasado se habilitó la ruta momentáneamente y también estuvo habilitada en la pandemia. Realmente la podrían habilitar sin ningún problema, porque lo único que se ha licitado es el cerco y en la ruta no tienen mucho para hacer, porque la señalización ya está hecha”, observó.
Otro pedido de informes que se va a tratar por separado es el convenio con la estancia. “La cláusula 8 del convenio firmado por el gobierno de la provincia dice específicamente que se tiene que pagar una servidumbre de paso equivalente a cuatro mil litros de gasoil Infinia, por mes. Hoy está a 1.240 pesos, es decir que mensualmente son entre cinco y seis millones de pesos lo que va a pagar el Estado provincial a la estancia. Esto no tiene un tiempo de finalización. Nosotros queremos que se habilite la ruta y después discutiremos el resto, porque está vigente la ley 1.185, que es la ley de expropiación que se votó en 2017. Esa ley no está derogada y este convenio tiene que estar en revisión. En el último párrafo el convenio establece que se tiene que derogar la ley 1.185, así que esa discusión la vamos a dar una vez habilitada la ruta”, anticipó.
Remarcó que “cuando se habilitó la ruta el fin de semana anterior pasó transporte pesado, transporte público y no hubo ningún tipo de problema, esto quiere decir que se puede habilitar tranquilamente. Cualquiera de las rutas provinciales están en la misma condición y no me parece impedimento la falta del alambrado. El único impedimento son los candados que tiene la tranquera”, criticó.
Identidad de género
Con respecto a la controversia que se generó por la posibilidad de que los menores de edad pueda decidir sobre el cambio de género, el legislador explicó que es parte de lo que incorporan leyes nacionales a las que ha adherido la provincia, y resta adecuar los procedimientos del Registro Civil al nuevo código. “El proyecto se va a tratar y ya tuvo dictamen. Lo que dice es lo que establece la ley nacional, no hay mucha más diferencia. Tenemos un cambio en el código civil, que establece parámetros que no estaban contemplados en la ley de Registro Civil. Dentro de esa actualización que fue votada a nivel nacional, se incorporaron varias cosas, como la firma digital. Lo que se hace es una adecuación al código civil nacional y se adecúa a las leyes que tienen que ver con identidad de género, matrimonio, divorcios, que son leyes que han ido saliendo del 2015 en adelante. Estas leyes tiene relación directa con el Registro Civil de Tierra del Fuego”, sostuvo.
“El primer matrimonio igualitario se hizo en Tierra del Fuego en el 2008, después se sancionó la ley nacional. Esto es una adecuación al código civil, a los sistemas digitales que actualmente se utilizan y, dentro de lo que tiene que ver con las competencias del Registro Civil, se ha incorporado la identidad de género. Algunos entienden que está mal hecho, otros lo toman desde lo político y nosotros lo tomamos de acuerdo a lo que establecen las leyes nacionales. No hay mucho para discutir y, si hubiera que hacer alguna modificación, se puede hacer, porque no es un tema que esté todavía sancionado. Si no están los votos, no estarán. Tampoco es algo que imperiosamente necesita el Registro Civil”, manifestó.
Precisó que “en Labor Parlamentaria el legislador Coto, la legisladora Gracianía y el legislador Villegas pidieron que el proyecto quede en comisión. Se irá a votación y, si no hay mayoría para el tratamiento, volverá a comisión. Hay legisladores que no han participado de la discusión de estos proyectos ni han participado de las comisiones, pero sí tienen opiniones en los medios respecto de estas cuestiones. Son declaraciones mediáticas pero no han estado en la discusión con el Registro Civil, cuando estuvieron todas las autoridades”, cuestionó Pino.
Aclaró que “esto no lo ha presentado ningún legislador en particular, sino que es un requerimiento que hacen las áreas de gobierno de actualización o adecuación de algunas leyes y el Poder Ejecutivo lo hace a través de algunos legisladores oficialistas. Creo que si lo hubiese presentado el propio Registro Civil no hubiese habido problemas, pero como lo hacen los legisladores oficialistas quizás eso genera un marco de discusión. El proyecto originariamente es del área específica del Registro Civil, y lo tomaron los legisladores oficialistas. Esta adecuación les facilita el trabajo, porque todavía están con el papel cuando lo pueden hacer digitalmente, tanto las actas de nacimiento, como las actas de matrimonio. Son adecuaciones que no se han hecho porque la ley no lo establecía. La ley 778 es una ley provincial y esta nueva ley toma parámetros de leyes nacionales y la adecuación al código civil de la nación. Estas leyes tienen que ver con el cambio de nombre, el cambio de género, el matrimonio igualitario. Son leyes nacionales a las que está adherida la provincia”, detalló.
Terra Ignis sin inversiones
Finalmente abrió el interrogante sobre la empresa estatal Terra Ignis, porque no se sabe si sus directivos están cobrando aunque no funcione, y también se desconoce los motivos por los cuales fue la encargada de alquilar los generadores para Ushuaia, que es competencia de la DPE: “Hay un pedido de informes desde la sesión anterior que falta responder. En esta sesión va a ingresar un proyecto respecto de esto y se va a incorporar sobre tablas. Cuando pasaron los ministros por las comisiones se habló de la energía y de los generadores que se alquilaron para Ushuaia. Este alquiler lo hizo la empresa Terra Ignis y se preguntó en comisión por qué no se hizo a través de Energía. Fue uno de los cuestionamientos a los funcionarios. A raíz de eso surgieron los pedidos de informe. Entiendo que si es una sociedad del Estado y una empresa con capital del Estado, debe tener su propio presupuesto y no debería cobrar de la provincia. Es una respuesta pendiente hasta que respondan el pedido de informes”, dijo.
Hasta el momento no se sabe si los directores de Terra Ignis están cobrando o no, siendo una empresa improductiva. “Vamos a averiguar el tema de los sueldos para poder dar una respuesta. El área más cuestionada en la discusión del presupuesto tuvo que ver con Energía, porque en Ushuaia es un reclamo permanente, que genera un sinfín de problemas a los comerciantes, a los vecinos, se han quemado electrodomésticos, se ha arruinado mercadería que no tuvo refrigeración. Hay un sinnúmero de reclamos en Ushuaia y por eso fue uno de los temas más discutidos. A raíz de eso salió el alquiler de estos generadores que hizo la sociedad del Estado en lugar de la Dirección Provincial de Energía”, concluyó.
