Así lo confirmó el abogado Paulino Rossi, quien se refirió al avance de la causa por una estafa inmobiliaria ocurrida entre 2016 y 2017, que afecta a 60 familias. En el caso están implicados comisarios retirados y reconocidos empresarios de Ushuaia, quienes conformaron un fideicomiso para la venta de terrenos en la zona de Altos de la Patagonia. Las fechas de las indagatorias fueron fijadas entre el 17 y 27 de marzo del 2025.
Río Grande.- Rossi destacó que se trata de “un hecho que viene de larga data”, en el que “gente de buena fe compró terrenos a través de un fideicomiso que en ese entonces aparentaba ser serio. Los responsables eran personas de renombre: comisarios retirados encargados de velar por los fondos de la Caja Previsional de la Policía Provincial y empresarios conocidos”. Los terrenos se vendieron en cuotas y al poco tiempo, estas personas cerraron las oficinas y dejaron a la gente sin respuesta”.
En un primer momento, los compradores de los terrenos pertenecían mayoritariamente a la fuerza policial. Sin embargo, las ventas se extendieron a otros ciudadanos a través de publicaciones y anuncios en redes sociales. “Claramente se conjugó una estafa inmobiliaria. Inicialmente, la justicia intentó archivar el caso, pero logramos que la Cámara ordene continuar con la investigación. Luego de pericias contables y la acumulación de pruebas durante años, hemos logrado un hito: el llamado a declaración indagatoria de todos los miembros implicados”, señaló Rossi, a Minuto Fueguino.
La fecha fijada para la concreción de las indagatorias, es entre el 17 y el 27 de marzo.
Los imputados son: Pedro Díaz, Héctor Miranda, Dino Manetti, Miguel Osvaldo Picone, Dardo Enzo Estefó (expresidente de la Caja Previsional); los empresarios, Walter Darío Prieto y Walter Agra.
Rossi explicó que el fideicomiso estaba compuesto por la Caja Previsional, que aportó los terrenos comprados con fondos de la policía, y que estos recursos deberían haber sido utilizados para inversiones serias que garantizaran el pago futuro de las jubilaciones. “Sin embargo, se configuró una estafa inmobiliaria de gran magnitud que perjudicó a las familias como a la Caja Previsional”, puntualizó.
Además, detalló que Walter Darío Prieto era el administrador del fideicomiso y que la comercialización estuvo a cargo de AGRA a través de Financar S.A.
Durante la investigación surgieron informes contables que revelan graves irregularidades en la administración de los fondos.
“El proyecto inicialmente era viable y los lotes se vendían a precios de mercado. Pero en algún momento aparecieron problemas de transparencia y rendición de cuentas”, explicó Rossi.
También indicó que existen juicios cruzados entre las partes involucradas: “En La investigación también ha desvelado otras operaciones realizadas a través de
Financar y la Caja Previsional, que incluyen edificios comerciales en Ushuaia y proyectos de inversión en Tolhuin. “Esto no es un hecho aislado. Profundizar en la investigación podría revelar mecanismos repetitivos y poco transparentes en el uso de fondos públicos”, aseguró el letrado.
Actualmente, la causa está caratulada como estafa, aunque Rossi aclaró que solicitaron el cambio de tipificación legal como “asociación ilícita”, debido a la reiteración y sistematicidad de las acciones.
“La asociación ilícita tiene una pena mucho mayor, pero lograr que la estafa avance ya es un logro significativo, dado el camino largo y penoso que han recorrido las familias afectadas”.
Las víctimas de esta estafa inmobiliaria, unas 60 familias, continúan exigiendo justicia. Rossi explicó que existen dos líneas de acción: “La demanda penal, por el delito cometido. Las demandas civiles, que buscan el reintegro del dinero pagado o la entrega efectiva de los terrenos.
“En su momento intentamos una demanda colectiva, pero no fue posible. Ahora avanzamos con demandas individuales, un proceso más complejo, pero igualmente necesario”, señaló Rossi, quien estimó que el perjuicio total asciende a más de 2 millones de dólares.
Finalmente, Rossi destacó la gravedad del caso: “Estamos hablando de exfuncionarios públicos y comisarios retirados, que deberían velar por la seguridad y los fondos de la provincia, estafando a 60 familias. Este avance judicial representa una esperanza para las víctimas y marca un precedente en la lucha contra la impunidad”.
