La legisladora del FPV Myriam Martínez condenó la represión de ayer a los manifestantes que se convocaron frente al Congreso para rechazar la aprobación del presupuesto 2019 y aseguró que estuvo todo “programado” desde el gobierno. También se refirió a la reforma política y confía en llegar a un acuerdo para la aplicación progresiva a partir de 2023. Por otra parte, cuestionó la mediatización de la denuncia contra el intendente Gustavo Melella, que “perjudica tanto al intendente como a los denunciantes”. Advirtió que, de no ser verdad, “están ensuciando a una persona pública. No se lo merece ni él ni absolutamente nadie”, sentenció.
Río Grande.- La legisladora del FPV Myriam Martínez hizo referencia a la situación que se vivió ayer frente al Congreso por la manifestación en contra de la aprobación del presupuesto 2019 por parte de la Cámara de Diputados, y cargó contra el gobierno nacional, que “programó” la represión que se vivió.
Por FM La Isla, dijo que estuvo siguiendo “minuto a minuto todo este armado que llevó adelante el gobierno nacional. En lo personal creo que lo tenían programado, porque uno vio cómo los manifestantes se iban retirando y los iban cazando, esperándolos en las esquinas. Estaba todo programado. Sabíamos que iba a haber una manifestación más que importante por el tratamiento del presupuesto, pero nunca imaginamos que iba a haber semejante represión contra el pueblo. Hay muchísimos heridos más allá de los detenidos, y continuaron con la sesión por un arreglo con los presidentes de bloque”, lamentó.
Reforma progresiva
Respecto de la reforma política que, luego de conocido el cronograma electoral nacional, quedaría descartada, como presidente de la comisión 1 que llevó adelante el debate, dijo que “simplemente no logramos los consensos. Nosotros comenzamos a principios de año a trabajar los proyectos de reforma y son proyectos que se vienen presentando desde diferentes espacios políticos”.
Concedió que “el consenso del 100% no lo íbamos a lograr, teníamos diferencias dentro de nuestro propio bloque y también había diferencias en el bloque de la UCR. El MPF estaba dispuesto a acordar algún tipo de reforma política en forma paulatina, a futuro. Este tema no está cerrado, pero no logramos los consensos para aplicarla para el 2019”.
“Ahora estamos buscando una definición y un compromiso de los espacios políticos para aplicar la reforma en forma paulatina, ya sea para el 2023, y dejarlo expresado en la reforma. Hoy estamos trabajando en eso. El año que viene vamos a votar de la misma manera que siempre y desde la justicia electoral están trabajando en una propuesta para ver si podemos dejar de lado esa cajita que parecía un revistero. Estuve escuchando que hasta ahora son 32 partidos los que estarían en condiciones de presentarse en la contienda electoral. Cuando llevamos adelante la convocatoria a la comisión 1 teníamos 40 partidos políticos, de los cuales se presentaron 22 para el debate; y quienes estaban realmente empapados de la situación eran siete u ocho partidos”, indicó.
Lo cierto es que el año 2019 “quedó descartado para la reforma, porque no dan los tiempos, pero seguimos trabajando para la aplicación paulatina en 2023. Si no, nunca es momento para hablar de una reforma política y siempre hay otras prioridades. Todos quieren hacer una reforma política y trabajar en conjunto, pero cada uno defiende los intereses de su espacio político, de su partido, y ahí es cuando empiezan a chocar y el consenso se aleja”, expresó.
Presupuesto con recortes
Respecto del presupuesto provincial, advirtió que Tierra del Fuego se va a ver “muy afectada por los recortes del gobierno nacional a las provincias. Tenemos el tema de la soja, el subsidio al transporte, el Fideicomiso Austral. Son recursos que venían a la provincia y de ahora en más se tiene que hacer cargo el Ejecutivo provincial. Por el fondo de la soja estamos hablando de 370 millones de pesos para el año próximo, de los cuales le tocaba alrededor de 50 millones a cada municipalidad, y todo ese dinero iba destinado a obra pública, pero está descartado. El Fideicomiso Austral también está descartado y eran 900 millones de pesos que tenían que llegar a la provincia, destinados a obra pública. El subsidio al transporte afecta a los municipios, que estaban recibiendo entre 40 y 50 millones de pesos, y eso se va a trasladar a los usuarios porque no va a haber otra manera de resolverlo”, señaló.
“Además, hay un recorte nacional al presupuesto de salud, de educación, de ciencia y tecnología. Esto va a afectar de lleno a las economías provinciales y estamos más que preocupados. Nosotros vamos a empezar a debatir el presupuesto en la Legislatura la primera semana de noviembre y, supuestamente en Diputados hay un acuerdo con los presidentes de bloque y están confiados en la media sanción. Es un presupuesto de ajuste y necesitan esta media sanción para firmar un acuerdo con el FMI. Veremos cómo seguimos, pero este presupuesto va a traer mucha más pobreza y quita de derechos a la clase trabajadora”, sentenció.
Denuncia contra Melella
Por último se le pidió opinión sobre la denuncia contra el intendente de Río Grande Gustavo Melella por presunto abuso sexual de tres trabajadores de la construcción, y condenó la mediatización a la que se ven expuestos tanto el jefe comunal como los denunciantes.
“En una opinión muy personal, es un tema muy delicado y nos tiene muy angustiados a todos los riograndenses la situación por la que está atravesando el intendente -dijo-. Cuando pasan estas cosas uno se siente muy mal, aunque no tenga nada que ver con el otro, porque uno no sabe si es verdad o no. Espero que la justicia pueda resolverlo lo más rápido posible y podamos saber si es verdad o no. Es una denuncia que se ha puesto en los medios y es muy preocupante. Si es cierto, es muy triste y realmente es un escándalo; y si es mentira también es muy triste, porque están ensuciando la imagen de una persona que nada tiene que ver con esto. Espero que la justicia resuelva y se aclare”, reclamó.
“En lo personal no me gustan las difamaciones, no me gusta la manera en que se está manejando todo y no comparto absolutamente nada cómo se está manejando esto de forma mediática”, cuestionó la legisladora.
Aseguró que esto “nos hace muy mal a todos, tanto por respeto a quienes están denunciando como por respeto a quien es denunciado, en este caso el intendente, que nos representa a todos, aunque no seamos del mismo espacio político y tengamos miles de diferencias”.
“No comparto absolutamente nada de esto y espero que se resuelva. Si es verdad, la justicia tendrá que actuar con toda la fuerza de la ley; pero si no es verdad, están ensuciando a una persona pública tal vez por su condición sexual y no se lo merece ni él ni absolutamente nadie. Espero que se resuelva muy rápido para bien de todos los ciudadanos de Río Grande”, concluyó.
