El legislador del MPF fue crítico no sólo de la mediatización de la denuncia contra el intendente Gustavo Melella sino que cargó contra las presiones a la justicia. “Esta es una operación política lisa y llana”, sostuvo, y condenó las amenazas de jury como “apriete” tanto al juez como a uno de los fiscales de la causa. Además se mostró expectante frente al inicio del debate del presupuesto provincial, para poder pedir explicaciones a los funcionarios.
Río Grande.- El legislador del MPF Pablo Villegas atribuyó la denuncia contra el intendente Gustavo Melella a una “operación política”, que además pretende “llevarse puesto” al Poder Judicial, en función de lo que considera presiones tanto al juez de la causa como a uno de los fiscales, con amenazas de jury.
“Parece que a muchos funcionarios les han dado la orden de salir a desgastar al intendente Melella, que es el posible candidato a gobernador que le puede hacer sombra a la gobernadora Bertone. Esta es una operación política lisa y llana, que ha tenido ribetes extraordinarios. Uno conoce el paño, personalmente conozco el sistema penal por el ejercicio de la profesión, pero además conozco el sistema político desde hace años. Ningún vecino de la ciudad de Ushuaia tiene la posibilidad de salir en medios nacionales como lo ha tenido el abogado patrocinante de los denunciantes -Francisco Giménez-, si no hay un interés político y económico que haga posible que eso suceda”, sostuvo por FM Centro.
“Acá se llega al absurdo de apretar al juez y al fiscal interviniente, bajo la amenaza de un jury de enjuiciamiento si no hacen lo que algunos quieren que se haga. Esto es de una gravedad institucional que hay que poner de relieve, más allá de las explicaciones que tenga que dar Melella frente a cualquier denuncia que le puedan hacer”, subrayó.
“Cuando uno está en la función pública está obligado a rendir cuentas constantemente, pero acá hay que diferenciar la paja del trigo. Estamos ante el absurdo de inventar que se tiñe de parcialidad un juez interviniente porque entregó fotocopias del expediente para ejercer el derecho de defensa. Se habla de una forma tan ligera en algunos medios sobre la supuesta existencia de casos de abuso sexual y de la situación de las víctimas, cuando son las propias víctimas las que han estado siendo parte de este show mediático, que lo único que pretende es limar y desprestigiar la figura del intendente Melella, por ser un posible candidato a gobernador en contra de la gobernadora Bertone”, reiteró.
“Además, hay un claro interés de meterle presión al Poder Judicial para que haga lo que al gobierno de la provincia le interesa que hagan, que es someter a un proceso escandaloso y sin ningún asidero jurídico ni fáctico, a quien puede ser un opositor exitoso”, denunció.
Consultado sobre las maniobras extorsivas que hizo públicas el abogado De la Riva, por las que habría rechazado patrocinar a uno de los denunciantes, dijo que “surge de las propias declaraciones de estas supuestas víctimas. Uno tiene un recorrido en el ámbito judicial y he intervenido personalmente como abogado querellante o defensor en muchos procesos de casos de abuso sexual, y puedo asegurar que las víctimas no actúan del modo que han actuado estos denunciantes. Muy por el contrario. Hasta diría que, si a estos denunciantes se los somete a una pericia psicológica, no sé si zafan de que surja que tengan rasgos fabuladores en su personalidad”, arriesgó.
“Sinceramente estamos frente a una clara acción política auspiciada por el gobierno de la provincia, que se robustece con los ataques que recibe la figura de Melella, tanto por parte del Secretario de Seguridad, como del presidente de la DPOSS Guillermo Worman, que lo han puesto como blanco porque es un posible candidato a gobernador, aunque ni siquiera ha manifestado que lo va a ser. Ante la mera posibilidad ya salieron a desprestigiarlo, como lo hace este gobierno ante todo opositor que pone una mirada o una voz crítica a una decisión del gobierno. Este ejercicio de poder hegemónico ya quiere hasta llevarse puestos a los funcionarios del Poder Judicial”, fustigó.
Debate del presupuesto
Por otra parte, se le consultó por Radio Universidad 93.5 sobre el debate del presupuesto provincial, que en principio prevé ingresos cercanos a los 32 mil millones. “Las reuniones empiezan el 7 de noviembre con los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los distintos poderes del estado. Hay muy poca información, se presentó el proyecto de ley en término, pero el tratamiento sustancial se va a dar en comisión y ahí sabremos a ciencia cierta cuál es el endeudamiento que se va a definir, cuáles son los recursos que va a tener la provincia y cuál va a ser la afectación a distintas obras. Mientras tanto es todo muy liviano y esperamos tener mayor definición”, dijo.
“Estamos muy expectantes y queremos que las reuniones empiecen lo antes posible, así los funcionarios dan sus explicaciones y nosotros como legisladores podremos evacuar una serie de preguntas que queremos hacer”, adelantó.
Entre las consultas, aspiran a conocer novedades sobre el avance de la obra pública, dado que no fueron respondidos los pedidos de informe, según dijo Villegas. “Uno ve un problema serio en la ejecución del menú de obras públicas aprobado por la Legislatura. Más allá de los anuncios de la gobernadora, cuando transitamos por las distintas ciudades, vemos que en la mayoría hay cero avance de obra, o el avance es mínimo. Estuvimos viendo el microestadio de Río Grande y es casi inexistente el avance de obra; lo mismo pasa con la megaobra de la ruta costera, que tiene un cero por ciento de ejecución. Hay adelantos financieros a las empresas, pero cero ejecución. En la obra de la ruta costera el adelanto financiero fue de 268 millones de pesos, estamos a septiembre de 2018 y no hay nada, ni siquiera una máquina en movimiento”, cuestionó.
“Con el microestadio se hizo un adelanto que ronda los 100 millones de pesos y, por lo reconocido por el Ministro de Obras Públicas, habría un 2% de ejecución de obra. Esta gestión ha contado con recursos financieros, endeudando a los fueguinos en sumas siderales, y vamos a tener que hacer frente al pago en los próximos años, pero no hay un correlato en los hechos porque esas obras no se ejecutan. Es una gran picardía frente al escenario social que vivimos, y el estado debería invertir el dinero para que sea generador de fuentes de trabajo”, reclamó el legislador.
Lo atribuyó a “la ineficiencia en la gestión del Ministerio de Obras Públicas. Se ve de manifiesto en la demora que han tenido los procesos licitatorios, los procesos de adjudicación de obras, que no se han visto entorpecidos por ningún planteo de los oferentes, como ha pasado en otras oportunidades. Todo se debe a la inacción y la demora de la puesta en ejecución de las propias autoridades del Ministerio de Obras Públicas”, criticó.
“Ya estamos pagando intereses de 17 millones de dólares por el endeudamiento de 200 millones. Se ha tomado deuda del fondo de garantía de sustentabilidad y va a representar una suma superior a los mil millones de pesos. La obra del hospital de Ushuaia se la vendió en plena campaña electoral con un cartel gigante y todavía no pudieron terminar los cimientos. Esto no es un problema de recursos, porque la provincia tiene más de seis mil millones en una cuenta afectados a la ejecución de obras”, recordó.
Informe sobre compras secretas
También se le preguntó sobre el desenlace de las compras secretas del ex secretario de Seguridad Ezequiel Murray, dado que no se conocieron novedades. El legislador dijo que está preparando un informe con su par Mónica Urquiza: “Falta que contesten la policía de la provincia y la dirección de patrimonio del gobierno dónde están los elementos comprados y si fueron registrados debidamente. Presentamos una nota hace varios días y no obtuvimos respuesta, pero seguramente en los próximos veinte días vamos a presentar un informe ante la opinión pública con el resultado de nuestra investigación sobre los famosos 24 millones de pesos que se usaron para compras reservadas”, anticipó.
También por la vía judicial, dijo que lograron hacerse de información sobre la compra de las turbinas de Sullair y deudas de la Dirección Provincial de Energía, que no serían de 350 millones con CAMMESA solamente, sino que superanlos 500 millones: “Hay una deuda a proveedores de la DPE que oscila en total en los 500 millones. El dato lo tenemos producto de una acción judicial que planteamos junto con la legisladora Urquiza, para obtener los expedientes administrativos con los informes de la compra de las tres usinas compradas a Sullair, por la suma de 374 millones de pesos, es decir 12 millones y medio de dólares. Estos expedientes fueron negados oportunamente por la DPE, como nos niegan información todas las autoridades de este gobierno. Los pudimos obtener a través de un proceso judicial y los estamos estudiando. La única posibilidad de acceso a información que tenemos es a través de acciones judiciales”, lamentó.
“Las turbinas ya fueron compradas, sin tomar endeudamiento, con dinero del estado provincial. Nosotros tuvimos una mirada crítica porque se gastó este dinero para seguir estando como estábamos. Ushuaia sigue teniendo los mismos problemas estructurales de provisión de energía eléctrica a los que se tenían el 15 de diciembre de 2015 cuando asumió la gobernadora. Esta compra no incide sustancialmente en la mejora del servicio, sino que mantiene el statu quo del sistema, que es bastante precario”, opinó.
Reforma a la ley de partidos políticos
Por último adelantó su posición frente al debate de dos proyectos vinculados con la reforma política que no se aprobará en su totalidad, sino en parte. Uno de ellos plantea la reforma de la ley electoral “y se quiere establecer que la admisión de candidaturas tenga como requisito que el partido político haya sido reconocido con 120 días de anticipación al acto electoral. Me parece razonable porque evita que aquellos que hayan perdido una interna salgan a armar un nuevo partido para presentarse en las generales”, dijo.
“La otra propuesta establece en forma clara que los gastos del proceso electoral están a cargo del gobierno de la provincia y se emitirá una constancia del voto como en las elecciones nacionales”, agregó sobre otro proyecto que prevé acompañar.
Las objeciones las planteó respecto del proyecto de modificación de la ley de partidos políticos: “Uno tiene una mirada crítica con respecto a algunas disposiciones, porque propone que las bancas de la Legislatura pertenezcan a los partidos políticos. Es una vieja discusión que ha sido zanjada en las más altas esferas judiciales. Hoy no es el tema de interés de la gente discutir si una banca pertenece a un partido político o a un legislador en particular”, concluyó.
