El concejal Paulino Rossi, vicepresidente de la UCR fueguina e integrante de Cambiemos, apuntó contra la “hipocresía” de algunos sectores que critican los tarifazos pero pertenecen a espacios políticos como el gobierno y el municipio de Ushuaia, donde se aumentó la presión tributaria. Sostuvo que la UCR “tiene autoridad” para criticar estas medidas, porque el municipio de Río Grande adoptó como política bajar los impuestos. Sobre el proyecto de antidopping para candidatos y funcionarios, dijo que seguirá en comisión ante la resistencia de algunos ediles, que impidió llegar a un dictamen. Dijo que lo consideran “discriminatorio” y argumentan que “una persona puede ser un brillante funcionario público e igualmente tener problema de adicciones”.
Río Grande.- El concejal Paulino Rossi, vicepresidente de la UCR fueguina, se refirió por FM La Isla a la definición de los representantes de la UCR en la mesa de Cambiemos, las críticas a los tarifazos, la posibilidad de una reforma de la carta orgánica y el proyecto antidopping.
Respecto de la conformación de la mesa de Cambiemos, indicó que “en todos los distritos se está tratando de consolidar y darle mayor marco institucional al frente Cambiemos. En Tierra del Fuego la UCR tiene una responsabilidad mayor por una cuestión de historia, de cantidad de afiliados y antecedentes que el resto de los partidos que forman este frente electoral”, manifestó, en el marco del protagonismo que busca el radicalismo dentro de la alianza.
Si bien adhirió a Cambiemos, no negó ser “crítico de algunas políticas nacionales. También he reconocido que tomó la posta en algunas cuestiones que me parecen positivas, hasta en soledad. Tenemos que tener la capacidad de ser críticos en algunas cuestiones que no son buenas para la provincia, y ojalá que esto sirva para tener un diálogo más fluido y se puedan generar los canales de comunicación con los referentes nacionales”, dijo tras la conformación de la mesa.
Se le preguntó si ve un momento complicado para el gobierno nacional con la discusión de las tarifas y el rechazo social en todo el país, y no avaló las medidas pero criticó a la oposición. “Puntualmente en el tema de las tarifas, podemos hablar con mucha autoridad como UCR, porque veo mucha hipocresía en algunos que cuestionan el aumento de tarifas a nivel nacional y esos mismos signos políticos tienen a cargo Ejecutivos que han subido los impuestos a niveles exponenciales. Han llegado a situaciones de judicialización en Ushuaia por el aumento exponencial de los impuestos. Ese mismo espacio político va a Buenos Aires a cuestionar el aumento de tarifas”, dijo del kirchnerismo que gobierna el municipio de Ushuaia.
“Nosotros hemos tomado la iniciativa de bajar un 50% los impuestos a las pymes, logramos bajar un 50% los impuestos a las viviendas compradas con préstamos hipotecarios, eliminamos el impuesto automotor a los autos eléctricos, que va a acompañando la política nacional de baja de aranceles para los autos ecológicos. Nosotros tenemos autoridad para plantear que hay que descomprimir la situación de los sectores más golpeados”, subrayó.
“El mismo espacio político que critica a nivel nacional, a nivel provincial ha subido la alícuota de ingresos brutos en el último año, han bajado jubilaciones, han bajado sueldos de empleados públicos en su primer año de gestión -agregó en alusión al gobierno-. Nosotros podemos hablar con autoridad y consecuencia porque internamente hemos tomado otro tipo de medidas”, sentenció.
Reforma de la carta orgánica
Respecto de algunos trascendidos sobre la posibilidad de que se avance con la reforma de un solo artículo de la carta orgánica, que no tendría gran oposición dentro del Concejo Deliberante por habilitar la posibilidad de reelección, Rossi aseguró que “no se busca modificar la carta orgánica pensando en algún beneficio personal o sectorial en vísperas de la próxima elección. Esto desacreditaría bastante la iniciativa.
Si algún sector considera que hay que modificarla, sería importante que no impacte en la próxima elección para que no desacredite un procedimiento que, además, es carísimo. Hay que ser muy responsables por el costo que tiene y analizar cuál sería el beneficio de avanzar con una reforma”, planteó.
Se estima un gasto de 20 millones de pesos para convocar a la convención constituyente, pero el edil radical reiteró que no está al tanto de ningún proyecto de reforma, más allá del anuncio del intendente
Melella en la apertura de sesiones, sobre el que no se avanzó. “No conozco si hay un proyecto que se esté elaborando y no formo parte. En los tiempos que vivimos, distraer fondos de los vecinos para una modificación de la carta orgánica, requiere que esté muy fundamentado y garantizar que no sea solamente en términos electorales en beneficio de algún espacio político en particular. No tengo ningún indicador certero de que esto vaya a suceder”, manifestó.
Antidopping sin respaldo
Por otra parte, se refirió al proyecto que presentó para que los candidatos y funcionarios se sometan a análisis y queden inhibidos de estar al frente del cargo si padecen de adicciones a sustancias ilegales.
“Ayer lo discutimos en comisión por primera vez y es muy similar a que ingresó a la Legislatura, impulsado por el legislador Furlan. Plantea un antidopping para funcionarios y para quienes quieran ser candidatos en las futuras elecciones de la ciudad de Río Grande. En caso de que se detecte que un funcionario electo o designado consume drogas prohibidas, planteamos que automáticamente sea separado del cargo y no pueda retomar sus funciones hasta que no presente un certificado con el alta médica”, detalló del proyecto.
“Algunos concejales están más propensos a acompañar y otros tienen una postura en contra. No logramos los consensos para un dictamen favorable y tendremos que seguir discutiendo en comisión. Hubo una postura en contra muy marcada de algunos concejales y vamos a evacuar todas las dudas técnicas que puedan tener. De haber dictamen, se discutirá en la sesión y cada uno tendrá que fundamentar por qué acompaña o no la iniciativa”, dijo.
Consultado sobre cuáles fueron los argumentos en contra, aseguró que hay ediles que “lo consideran discriminatorio, como que es una discriminación porque una persona puede ser un brillante funcionario público e igualmente tener problema de adicciones, lo que me pareció una barbaridad. Vamos a trabajar todas las cuestiones técnicas y legales, que garanticen el procedimiento de los laboratorios, para que sean transparentes y los resultados sean efectivos. Para mí no se puede negociar en términos políticos que una persona que consume drogas prohibidas pueda ser funcionario público. Para mí no resiste el mínimo análisis, si por ejemplo hablamos de alguien que tiene que combatir las drogas y está cometiendo una falta como funcionario. No tengo dudas de que, si tiene que tomar decisiones para combatir el narcotráfico, no las va a tomar”, advirtió.
De la reunión de comisión participaron las concejales Miriam “Lali” Mora, María Eugenia Duré, Verónica González y asesores de los restantes miembros del Cuerpo.
“La concejal Mora está conceptualmente de acuerdo en algunos detalles, la concejal Duré no emitió opinión y estimo que analizará el proyecto, y la más reticente a acompañar la iniciativa fue la concejal González. Los asesores del resto de los concejales no emitieron opinión”, dijo Rossi.
Remarcó que esto “involucra a funcionarios que pueden estar vinculados directa o indirectamente a la lucha contra el narcotráfico, por eso no quiero que quede ninguna duda desde lo técnico, y que técnicamente el proyecto no tenga ningún tipo de fisura. Después si hay un cuestionamiento político, podemos pensar distinto y cada uno tendrá que explicarle a la sociedad por qué obra de una manera o de otra”.
“Vamos a seguir trabajando para que el proyecto no tenga fisuras y luego darán su opinión en el recinto de por qué acompañan o no”, reiteró.
De prosperar la ordenanza, todos los que quieran ser candidatos tendrían que hacerse un análisis, y una vez en el cargo se repetirían de manera periódica. “De dar positivo, se recomienda un tratamiento de rehabilitación, que no es obligatorio pero, para reasumir el cargo, deben certificar el alta médica”, subrayó.
En cuanto al costo del tratamiento y el pago de la dieta mientras dure, fue categórico al manifestar que no se hará cargo el estado municipal. “Un funcionario que no trabaja, no cobra. Si fuera un empleado que está dentro de la ley de contrato de trabajo o la ley de empleo público, se le tiene que garantizar el tratamiento mientras se rehabilita, pero acá hablamos de funcionarios públicos, y tenemos que cobrar si trabajamos. Si alguien no cumple su función es porque consideramos que no está apto, pero no porque se lastimó el pie o se accidentó, sino por una decisión personal de consumir sustancias prohibidas. Están los mecanismos de salud pública para garantizar el tratamiento de rehabilitación, y no nos parece justo que alguien que no está en condiciones para ejercer un cargo, esté cobrando el sueldo”, concluyó.
