El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, comenzará esta semana con la ronda de testigos, en el marco de la causa por torturas que se le sigue a Héctor Rivero, quien en 2008 se desempeñaba Jefe de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Río Grande.
Río Grande.- El Tribunal integrado por los doctores Daniel Césari Hernández, Horacio Boccardo y Aníbal López Tilli, dio inicio al debate oral y público el día viernes, oportunidad en la que el imputado Rivero haciendo uso del derecho que lo asiste, optó por no declarar ante los jueces.
Para el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 está previsto que se inicie con la ronda de testigos, que incluye la presencia de los internos (víctimas), el psiquiatra Jorge Pérez Artazo, Carlos Rafael Debaz, y personal penitenciario de segunda línea, entre otros.
El imputado, quien en 2008 se desempeñaba como Jefe de la Unidad Penitenciaria, está acusado de haber “omitido y dejar que los acontecimientos se desarrollaran en las formas y circunstancias acreditadas con las consecuencias disvaliosas conocidas, pese a estar en conocimiento acabado de la forma ilícita en la que procedían sus subordinados”.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la aplicación del mecanismo de torturas implicó para los internos “padecimientos físicos e imposición de sufrimientos psíquicos, consistentes en hacinamientos producidos en el piso del lavadero de la Unidad, donde los obligaron a colocarse boca abajo”.
Cabe mencionar que para el fiscal de la causa, Rivero deberá responder en calidad de autor, de acuerdo a lo previsto en el art. 144 quater, inciso 1 del C.P., que comprende al funcionario que omitiere evitar la comisión de alguno de los hechos del art. 144 cuando tuviere competencia para ello.
El Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Guillermo Quadrini representa al Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado Héctor Rivero, la ejerce el Defensor Mayor del Distrito Judicial Norte, Aníbal Acosta.
Tribunal absolvió a los imputados Fernández, Franco y González
En la primera parte de la audiencia el Tribunal resolvió las cuestiones preliminares presentadas por los abogados defensores de Rubén Adrián Fernández, José Alberto Franco y Alberto González, funcionarios penitenciarios de la Unidad Nº1 acusados de aplicar torturas a personas legítimamente privadas de la libertad.
Por esta causa también fue imputado el ex Jefe de la Unidad Penitenciaria, Ricardo Héctor Rivero por permitir las mismas.
La denuncia por torturas que llegó a juicio en los Tribunales del Ex Campamento YPF, se basa en un hecho ocurrido el 22 de diciembre de 2008.
Al reanudar el cuarto intermedio abierto una semana antes, el Tribunal de Juicio rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, e hizo lugar al planteo de la defensa de los imputados de que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, y en consecuencia los absolvió
Además rechazaron el planteo de plazo razonable esgrimido por el defensor Aníbal Acosta en favor de Rivero.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte, comenzará esta semana con la ronda de testigos, en el marco de la causa por torturas que se le sigue a Héctor Rivero, quien en 2008 se desempeñaba Jefe de la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Río Grande.
El Tribunal integrado por los doctores Daniel Césari Hernández, Horacio Boccardo y Aníbal López Tilli, dio inicio al debate oral y público el día viernes, oportunidad en la que el imputado Rivero haciendo uso del derecho que lo asiste, optó por no declarar ante los jueces.
Para el martes 13, miércoles 14 y jueves 15 está previsto que se inicie con la ronda de testigos, que incluye la presencia de los internos (víctimas), el psiquiatra Jorge Pérez Artazo, Carlos Rafael Devaz, y personal penitenciario de segunda línea, entre otros.
El imputado, quien en 2008 se desempeñaba como Jefe de la Unidad Penitenciaria, está acusado de haber “omitido y dejar que los acontecimientos se desarrollaran en las formas y circunstancias acreditadas con las consecuencias disvaliosas conocidas, pese a estar en conocimiento acabado de la forma ilícita en la que procedían sus subordinados”.
Según el requerimiento de elevación a juicio, la aplicación del mecanismo de torturas implicó para los internos “padecimientos físicos e imposición de sufrimientos psíquicos, consistentes en hacinamientos producidos en el piso del lavadero de la Unidad, donde los obligaron a colocarse boca abajo”.
Cabe mencionar que para el fiscal de la causa, Rivero deberá responder en calidad de autor, de acuerdo a lo previsto en el art. 144 quater, inciso 1 del C.P., que comprende al funcionario que omitiere evitar la comisión de alguno de los hechos del art. 144 cuando tuviere competencia para ello.
