El antropólogo Ernesto Piana fundamentó las objeciones a la traza tentativa que el gobierno entregó a la empresa Gancedo, donde no se tuvieron en cuenta los antecedentes documentados de yacimientos arqueológicos. Uno de ellos, ubicado en el tramo de ruta que pasa por la estancia Harberton, tiene 7.800 años y con sólo realizar la ampliación prevista en la obra del corredor costero Canal de Beagle, quedará destruido. Aseguró que hay “decenas” de yacimientos en la zona, que están protegidos por leyes nacionales y provinciales y, no atender a los pedidos de modificación del proyecto, implicará la paralización de la obra y costos mayores para la provincia.
Río Grande.- El licenciado en antropología Ernesto Piana, reconocido investigador del CADIC ahora jubilado, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre la polémica ley de expropiación a las estancias Harberton y Túnel, para avanzar con la obra del corredor costero Canal de Beagle, que aprobó la Legislatura provincial; y sobre la traza tentativa que fue entregada a la empresa Gancedo, en la que no se habrían respetado los antecedentes sobre sitios arqueológicos.
Ante todo dio su respaldo al proyecto del corredor costero, que “no es nuevo, porque nosotros hemos apoyado a la Dirección Nacional de Vialidad ya en la década del ’90”, para pasar a explicar que, si bien respaldan la obra, es necesario modificar la traza.
Nosotros habíamos hecho algunos trabajos y le habíamos dado todos los antecedentes a la Dirección de Patrimonio en su momento. Cuando desde el gobierno le mandaron la traza a la empresa Gancedo, no se tomaron en cuenta ninguno de esos antecedentes y los informes que habíamos presentado a la Dirección Provincial de Vialidad. Esto nos preocupó y por eso fuimos a hablar a la Legislatura”, dijo de su presencia durante la sesión del pasado jueves.
Puntualmente sobre la situación de Harberton, donde hay una ruta abierta que se pretende expropiar, indicó que “hay algunos lugares, como el yacimiento Imiguaia I, que con sólo ampliar la ruta lo destruyen, porque está exactamente al lado de la ruta y parte está pisado por la ruta previa. Ese yacimiento en particular tiene una antigüedad de 7.800 años radiocarbónicos. Es el único que conocemos de esta antigüedad en Tierra del Fuego y el más antiguo en la parte argentina de Tierra del Fuego. También es el único que representa el momento en que la gente quedó en Tierra del Fuego cuando se abrió el Estrecho de Magallanes, hace unos 8.000 años. Es de un valor cultural muy importante y con sólo ampliar la ruta, si no se modifica ese tramo, tendríamos problemas”, afirmó.
Aclaró que “este es sólo uno, pero hablamos de varias decenas de yacimientos. Hay toda un área de riesgo y habría que derivar la ruta más arriba para evitar el total de esos yacimientos, que son muchos y grandes. No son excavables en el corto tiempo, porque por esa cantidad hay que pensar en más de diez o quince años. Son elementos que hay que tener en cuenta ahora para esquivarlos y cambiar la traza de la ruta. Si no se cambia la traza, se dañan los yacimientos arqueológicos”, insistió.
Advirtió que desatender estas recomendaciones “tiene varias implicancias. Del punto de vista de la obra, el problema es que si tocan estos yacimientos, por ley se para el trabajo, y estamos hablando de mucho tiempo, que puede tener un costo muy alto para la provincia”.
Consultado sobre las propuestas alternativas que presentó la familia Goodall, dijo haberlas visto pero observó que “toda presentación hay que verla con la gente que hace las rutas para ver cuáles son los caminos y qué es factible o no. Todo esto es parte de un trabajo de planeamiento previo a la obra. Hasta donde he sido informado el jueves, todavía no tienen una traza definitiva. El problema está en que para esa traza en particular hay una gran cantidad de antecedentes, porque incluso hemos excavado uno de los yacimientos para que pudieran pasar por allí, con fondos de la propia Vialidad, y sin embargo tampoco se tomó en cuenta”, señaló.
Legisladores advertidos
El investigador estuvo el jueves durante la sesión y pudo plantear la situación a los legisladores, aunque la mayoría decidió avanzar con la expropiación, salvo el bloque del MPF. “Yo fui a hablar con los legisladores, que muy amablemente me recibieron y oyeron lo que estábamos diciendo, pero en más de nueve o diez acciones que hubo, incluida la última que fue la presentación en la Dirección de Patrimonio, ninguna tomó en cuenta los antecedentes. Cuando uno trabaja en estadística, sabe que si más de ocho acciones van para el mismo lado, ya es una tendencia y eso nos preocupa”, sostuvo, previendo que se avanzará sin atender los planteos.
“Los legisladores fueron muy atentos y me permitieron estar con ellos en una reunión durante un tiempo prolongado, por unos 30 minutos, donde estuve explicando este tipo de cosas. Ya había presentado papeles que no fueron tomados en cuenta y esto lo quería manifestar. En general la mayoría lo entendió, pero a pesar de eso algún legislador al día siguiente dijo que había cosas que no generaban problemas, como ampliar la ruta a la altura de Harberton, porque la ruta ya estaba hecha. Yo particularmente les había expuesto que al lado de la ruta está el yacimiento Imiguaia. Evidentemente, o no me expresé bien, o no fui entendido”, dijo.
Respecto de la expropiación, observó que “han puesto una cantidad de hectáreas ad referéndum de la traza que tienen que desarrollar. Si la traza fuese distinta, habrá que ver por dónde pasa. Si es más o menos la misma que tienen ahora, el estado pasaría a ser propietario de yacimientos como el Imiguaia, con lo cual tienen doble responsabilidad de mantenerlo. Como propietario, el estado tiene otras obligaciones más, como la protección directa, y pasa a ser responsable ante cualquier daño”, subrayó.
Pidió que se tomen en cuenta las observaciones de los especialistas porque, “cuanto más se esquiven los problemas que seguro van a tener, menos inconvenientes habrá para desarrollar la obra y menos costos para los fueguinos. Estamos hablando de mucho dinero y por eso fuimos a manifestar todo esto a la Legislatura”.
El camino judicial
El licenciado Piana fue consultado sobre la vía judicial, en caso de que se avance con la traza sin tomar en cuenta los yacimientos, y adelantó que “es muy probable que, si se rompen los yacimientos vayan a encontrar demoras muy grandes. Esto es muy real. Lo que además es real es que, si se toca un yacimiento, hay una acción legal que es posible en Tierra del Fuego y se llama ‘defensa de los derechos difusos’, que puede iniciar cualquier ciudadano porque está defendiendo los derechos de todos. Eso demoraría también y es una posibilidad para cualquier empresa”.
“Hay una ley provincial que debe ser cumplida, también hay una ley nacional que se debe cumplir y además están los pactos preexistentes a la Constitución que tienen rango constitucional. Independientemente de esto, los yacimientos arqueológicos, por imperio de estas leyes, son propiedad de todos los argentinos, en este caso de los fueguinos, por su mera existencia, se los conozca o no. Pueden estar enterrados y el subsuelo es del Estado, por lo que se aplica lo mismo que en el petróleo y no se los puede explotar sin previo requerimiento”, aseguró.
“El punto crítico radica en que hay algunos lugares que conocemos y hay que evitarlos. Cuando se hace la traza definitiva, es obligación por ley hacer un análisis de impacto de esa traza. No estoy hablando de impacto ambiental sino del impacto al patrimonio arqueológico, que son dos cosas distintas. El análisis de impacto no puede ser hecho hasta que no esté la traza definida, y eso no está. Por eso habrá que hacer el análisis de impacto cuando la traza esté definida, y es un trabajo para hacer pasado el invierno, por razones climáticas lógicas. Hay una cantidad de demoras en el tiempo bastante grande”, avizoró, frente al apuro por iniciar las obras.
“La empresa debe hacer la traza y el estado controlar el análisis de impacto que presente. Si lo acepta, el responsable pasa a ser el estado. Una vez aceptado, recién allí podría empezarse la obra”, señaló de la hoja de ruta.
Se le preguntó si el CADIC fue consultado por el gobierno antes de avanzar con este proyecto. “Ya estoy jubilado en el CADIC pero me informaron que el año pasado al inicio de todo esto el gobierno fue a hacer algunas consultas, ellos pasaron unos costos para el trabajo y nunca se implementaron. No hicieron un análisis vía el CADIC y se lo han pasado a la empresa. La empresa me contactó pero, cuando yo vi la traza que venía, dije que no me hacía cargo de eso y me puse del lado de la protección de los yacimientos”, concluyó.
Vasta trayectoria
Cabe recordar que la opinión del licenciado Piana es más que autorizada, teniendo en cuenta que desde 1975 codirigió con el licenciado Luis Orquera el Proyecto Arqueológico Canal Beagle, con el que han recuperado una historia de unos 6.500 años de los canoeros que habitaron el canal, antes desconocida. Investigó sobre los primeros pobladores de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Los resultados de sus investigaciones fueron presentados en más de un centenar de publicaciones, desde libros hasta artículos científicos. Ha sido profesor Invitado en universidades españolas y conferencista en varios países europeos y sudamericanos. Ha dirigido varios proyectos internacionales de investigación y ha desempeñado múltiples cargos de creación y gestión de instituciones científicas.
Su tarea como investigador se complementó con acciones de divulgación que incluyen casi un centenar de charlas para docentes, alumnos, guías de turismo, personal de diversas instituciones y público en general. Cuenta con unas veinticinco publicaciones de divulgación entre las que se destaca el libro 10.000 años de fuegos, que sintetiza el estado del conocimiento arqueológico y etnográfico de toda la isla.
