Frente a la controversia por la norma aprobada este martes, que prevé dar aviso al Consejo Profesional de Ciencias Económicas ante el allanamiento a un estudio contable para que envíe hasta dos veedores, el legislador Bilota aclaró que la previsión ya rige para los allanamientos a estudios jurídicos. Sostuvo que no limita al juez sino que “le impone una obligación” de comunicar la medida. Además lamentó que se haya “perdido la oportunidad” de llevar adelante la reforma política.
Río Grande.- El legislador del FPV Federico Bilota defendió la ley aprobada este martes, que prevé dar aviso al Consejo Profesional de Ciencias Económicas en caso de un allanamiento ordenado por la justicia, para que pueda enviar dos veedores cuando se trate de un estudio contable.
Por Radio Nacional Ushuaia remarcó que “fue una norma aprobada por unanimidad, que fue discutida en comisión, se convocó al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a otros contadores, y es una previsión muy similar a la que tienen los estudios de abogados”.
“El juez tiene absoluta facultad y autonomía de determinar un allanamiento a cualquier lugar que entienda que debe allanarse. Ahora, cuando se produce el allanamiento en un estudio contable, como puede producirse en un estudio jurídico, se le impone una especie de obligación al magistrado de comunicar que se está produciendo ese allanamiento al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que puede o no mandar hasta dos veedores para que actúen en carácter de testigos del allanamiento. Así como en un allanamiento tiene que haber ciudadanos comunes y corrientes como testigos, en caso de tratarse de un estudio contable, se solicitan dos testigos calificados que son integrantes del Consejo Profesional”, explicó.
“La verdad, no le veo mucha discusión a este tema. Los representantes del Consejo de Profesionales nos han manifestado que en algunos casos se llevan las CPU y están hasta dos años secuestradas, cuando toda la información de los clientes está en ese disco rígido. Ahí hay información sobre fechas de vencimiento, hay facturas cargadas y se genera una complicación muy importante”, sostuvo.
“Tampoco hay allanamientos a estudios jurídicos y contables todos los días. No es que hoy va a haber diez allanamientos y tiene que haber diez veedores. Son muy pocos los casos y nosotros establecimos por unanimidad una previsión similar a la que está fijada en la ley 607 de colegiación de abogados”, indicó.
“Obviamente si el Consejo Profesional no manda los veedores, el allanamiento no se suspende en absoluto, y los veedores tampoco pueden intervenir en forma activa. Solamente son testigos y luego informarán si ven alguna irregularidad al Consejo, que tiene el control de la matrícula y lo hará saber en su oportunidad al juzgado que ha intervenido. No le veo demasiada controversia, no se producen diez allanamientos por día y realmente no tengo presentes muchos allanamientos a estudios jurídicos ni contables. Lo ideal sería que no se lleven una CPU y esté dos años secuestrada en una causa. Esto ayuda a encauzar un allanamiento para que se lleven información precisa”, afirmó.
Sin reforma política
Por otra parte se le consultó sobre el único punto que se logró modificar del paquete de reforma política que se debatió durante la primera mitad del año, circunscripto al plazo de conformación de los partidos políticos previo a una elección, que se extendió a 120 días. “Me parece que perdimos una gran oportunidad de llevar adelante una reforma. Yo sostuve que era necesario llevar adelante una reforma constitucional, y evidentemente la coyuntura mata a la planificación, porque permanentemente estamos hablando de coyuntura y pareciera que nunca es momento. Quizás las gestiones de la Legislatura son cortas, porque son cuatro años y en medio hay procesos electorales, y pareciera que nunca llegamos a tiempo con la discusión”, dijo.
“Tuvimos un debate muy importante este año. Se hizo una difusión tremenda, se invitaron ONG de fuera de la provincia, participaron todos los actores vinculados con la vida política fueguina, que han dejado su opinión. No hemos podido avanzar y uno queda un poco frustrado, porque es un esfuerzo importante”, manifestó.
Para Bilota más temprano que tarde se va a concretar esta reforma: “La implementación de tecnología es algo que podemos retrasar ahora pero no sé si se podrá retrasar en el futuro. Las PASO me parecen un ordenador muy importante y, si bien a nivel nacional se han tergiversado un poco y necesitaría correcciones, termina siendo un gran ordenador. También debe haber voluntad política de participar de las PASO. En algún momento son cuestiones que se retomarán, no sé si con esta Legislatura o con la que viene. Para mí esta discusión es necesaria”, subrayó.
“En lo único que avanzamos en la sesión pasada es en la reforma de la ley de partidos políticos, que está vinculada con algo formal, que fue conversado con el juzgado electoral, para que no haya reconocimiento de partidos en un plazo tan cercano a la fecha de elección. La gestación de partidos políticos antes se daba en medio de un cronograma electoral. Si alguno no ganaba en buena ley dentro de su espacio político, generaba otro partido para participar de la elección. Así se dio una proliferación de partidos políticos y, si bien uno está contento con la participación, los partidos tienen que tener vida política y partidaria. Los partidos son parte de la vida institucional de nuestro sistema democrático y tenemos que fortalecerlos. No deben ser solamente para un proceso electoral, sino constituirse con principios partidarios, con una doctrina, con una carta orgánica bien fundada y una proyección a futuro”, concluyó.
Para Paderne la norma “ata las manos al juez”
El abogado penalista Raúl Paderne cuestionó la norma aprobada por la Legislatura, que impone al juez informar de un allanamiento al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando se trate de un estudio contable. La propuesta fue elevada por el propio Consejo, que pretendía un aviso previo con “fecha, lugar y hora”, aunque este punto se modificó en el texto final.
Para el letrado “es una exacerbación del garantismo y esto nos está trayendo problemas graves en el ejercicio de la judicatura”, dijo por Radio Nacional Ushuaia, y planteó que “una cosa es que se proteja el debido proceso, respecto de la inviolabilidad de la defensa en juicio, de las personas y sus derechos, que es una garantía constitucional; pero no estoy de acuerdo con que le aten las manos al juez para investigar”, criticó.
Para el caso de los abogados, explicó que “la Constitución establece la inviolabilidad del estudio jurídico, que no puede ser allanado, en función del secreto profesional que protege a los clientes; pero luego hay una salvedad en la ley de ejercicio de la abogacía, que permite el allanamiento del estudio si el abogado es el investigado. En ese caso hay que avisar al Colegio de Abogados”.
“Hay una limitación de la ley que no me parece bien, porque para que me investiguen como abogado en mi estudio tengo una prerrogativa que no tienen los demás. Si soy un defraudador, un estafador, un corrupto o lo que fuere, no tengo por qué tener una protección extra. Los que tienen que estar protegidos son mis clientes y no estoy de acuerdo con eso, por lo tanto tampoco estoy de acuerdo con esta ley que hace extensivo esto a los contadores y a los clientes”, señaló.
Respecto del momento en que se da aviso, y si es simultáneo al procedimiento, indicó que “aparentemente la ley no prevé un aviso previo sino comunicar que se está allanando para enviar los veedores. La justificación del Colegio es que en los estudios jurídicos contables está la información de todos los clientes. Eso es cierto, pero hoy creo que la policía científica tiene la capacidad de extraer la información de una computadora sin secuestrarla. No es bueno que se lleven todas las computadoras porque es muy complejo para un estudio contable”, reconoció.
“El allanamiento se dicta sobre la investigación de personas específicas, y debería lograrse extraer solamente esa información; pero nos vamos de un extremo al otro, de la punta del garantismo o violentamos todo”, sostuvo.
Reiteró que esta ley “establece un sistema absolutamente innecesario, y siempre que se genera una imposición más va a generar polémica sobre esa situación, y esto va a ser de nunca acabar. A mi criterio no es una ley que tenga un criterio feliz y claramente puede ser atacada del punto de vista legal. Seguramente los fiscales la van a atacar, o yo como parte querellante, porque es la preservación de una garantía que no tiene por qué estar, porque no tenemos por qué proteger la información contable de una persona que el juez considera que debe ser investigada”, subrayó.
“Si el objetivo es proteger a los otros clientes, ya están protegidos en su inviolabilidad por la propia Constitución”, concluyó.
