El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, Diego Navarro, adelantó el pedido que formulará la organización a la Legislatura provincial, a fin de que declare la emergencia comercial en la provincia. El antecedente más cercano es Santa Cruz, con lo que se logró frenar los embargos a las pymes. Navarro cuestionó la política actual que, en medio de la recesión, no activa medidas de contención para sostener la actividad comercial y los puestos de trabajo. En la zona norte hay “una inactividad total”, dijo, como consecuencia de la crisis industrial. Las altas tasas de interés impiden el acceso al crédito, y se suman los costos laborales, que son los más caros de la región.
Río Grande.- El presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande y vicepresidente de CAME, Diego Navarro, adelantó a Radio Universidad 93.5 el pedido que formularán a la Legislatura provincial para que declare la emergencia comercial en la provincia. Citó el antecedente en Santa Cruz, donde se lograron frenar los embargos de AFIP a las cuentas de las pymes, que hacen imposible su subsistencia.
“La situación todos la conocemos, en la zona norte hay una situación de inactividad total en la industria, con medidas conocidas como las suspensiones y los despidos. Se están trasladando empresas a Brasil, con lo cual hay un corrimiento de la actividad industrial de Tierra del Fuego y un parate total”, sostuvo.
“La caída de las ventas en Río Grande se dio todo el año pasado y el interanual es casi el doble de la caída nacional. La recesión del consumo es muy fuerte y es cierto que las ventas han caído en los comercios tradicionales, aunque hay un incremento en la actividad de las ventas de e-commerce. La venta en mostrador, la tradicional que genera puestos de trabajo, está cayendo de forma importante y en Río Grande el índice nacional casi se ha duplicado”, reiteró.
“Evidentemente los rubros de primera necesidad tienen menos caída; y por otro lado en las economías regionales hay una gran diferencia entre lo que recibe el productor y el precio de venta. Al productor no le alcanza para salir adelante y a la gente le venden a precios que son cinco veces mayores a lo que recibe el productor”, dijo.
“El costo logístico del país es altísimo, con camiones que se mueven de un lado para otro. Los combustibles con caros, las rutas no son las adecuadas, los sistemas no están preparados para ser competitivos. Luego seguramente hay costos para los productos que necesitan frío y, si hay que usar más energía eléctrica o combustible también incide. Además están las operaciones entre mayoristas y minoristas. Todo esto lleva un montón de costos. No es que los intermediarios tengan toda la culpa, sino que son muchos los problemas en la Argentina que hacen que todo esto sea carísimo, porque hay impuestos distorsivos que multiplican el costo. Está el IVA del 21% pero el impuesto de ingresos brutos se va multiplicando en cada cadena que va pasando y alteran la relación del precio, porque se grava en 5% en cada etapa y tal vez se llega al 12%”, planteó.
Reclamos de CAME
De parte del gobierno nacional no hay respuestas. Navarro recordó que en diciembre hubo una reunión sobre logística en la Casa Rosada y “fue la primera mesa nacional sobre el tema. La CAME concretamente planteó los diferentes costos logísticos que estamos teniendo, la incidencia del cabotaje marítimo, que debería ser mucho menor. La intención es que se equiparen sistemas tanto sea en la parte de transporte marítimo, con del sistema de trenes en otros sectores del país, porque también influye en la Patagonia, para que el transporte terrestre por camión no supere los 500 kilómetros. Para eso debemos mejorar la infraestructura y hablar de los costos argentinos. La mayoría de las banderas de los buques que operan en nuestro país no son argentinas, y al operar con otra bandera los costos son distintos, no únicamente en la parte impositiva sino también en la parte laboral. Este es uno de los grandes problemas y, si no agarramos el toro por las astas, estamos yendo a una situación muy delicada como país”, advirtió.
“No hace falta tener la bola de cristal, porque todos estamos viviendo una caída de actividad generalizada, con un capricho de tener tasas enormemente altas que no permite la actividad económica. Permanentemente vivimos reclamando que con estas tasas las pymes no pueden seguir adelante, y menos pueden seguir adelante si a la vez, por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones, aparte le embargan las cuentas porque en general están en situación irregular con la AFIP”, subrayó.
“Esto lleva a la asfixia total y a las pymes las pone fuera de ruta. Está clarísimo que la situación está delicada, pero no podemos seguir teniendo el nivel de tasas que tenemos. Lo que necesita la pyme es poder vender, que haya consumo, porque no tenemos a todas las pymes embarcadas en un sistema de exportación para que puedan sostenerse con la actividad exportadora”, indicó.
“La mayoría de la actividad económica de la Argentina no es exportadora, es de consumo, y desde hace mucho tiempo viene cayendo la actividad de consumo. Con esto no se hace otra cosa que ir destruyendo las fuentes de trabajo que generan las pymes. Todos sabemos que las pymes generan el 70% de la actividad laboral de nuestro país y los políticos se la pasan hablando de las necesidades de las pymes, pero es pura cháchara, porque no se hace nada para las pymes ni para sostener los puestos de trabajo”, cuestionó.
“Lo que necesitamos es que la actividad empresaria pueda cumplir con sus obligaciones y de esa manera va a poder sostener las fuentes de trabajo; si no, es muy difícil”, argumentó sobre la necesidad de declarar la emergencia.
Aseguró que desde CAME “siempre estamos exponiendo la situación y las exposiciones que hace CAME están dirigidas a las distintas autoridades vinculadas con cada tema, ya sea los directores de la AFIP, las autoridades de la Aduana. En este momento se están planteando las medidas que afectan la parte laboral, porque el contrato laboral que tiene la Argentina no es competitivo con el resto del país. Para poder competir con otros países tenemos que tener iguales condiciones. Pero tenemos un Estado donde el pago de aportes y contribuciones es uno de los más elevados del mundo, y regionalmente debe ser el más elevado entre los países vecinos. Estamos pidiendo encontrar un modelo que nos permita generar más contratación de personal, porque hoy si se toma un empleado, el tema indemnizatorio es muy caro. Nadie quiere hablar de que pierdan derechos, sino que se planteen sistemas como tiene el sector de la construcción, con un fondo de desempleo para que puedan seguir cobrando cuando quedan sin trabajo”, propuso.
“Tenemos que aggiornarnos porque, si no, no se van a hacer las modificaciones que es necesario hacer para tomar el camino del desarrollo, y nos vamos a quedar con un montón de derechos adquiridos que no sirven para nada”, enfatizó.
Puntualmente sobre la declaración de emergencia, citó el precedente en Santa Cruz, que puso un freno a los embargos de AFIP. “En los próximos días la Cámara de Comercio prevé hacer una solicitud a la Legislatura provincial, a fin de que declare la emergencia, para poder hablar con la AFIP y frenar las obligaciones emanadas en Tierra del Fuego. En la provincia las obligaciones con la AFIP tienen que ver con el formulario 931 –sobre personal y aportes-, porque los impuestos nacionales no se pagan”, señaló.
“Esta emergencia no implica que no se paguen las obligaciones, sino que frena los embargos y se pueden ir prorrogando los vencimientos”, explicó.
Navarro no dejó de reclamar por la obra del puerto de Río Grande, a partir de la intención de avanzar hacia el desarrollo petroquímico. “Es la ilusión que siempre hemos tenido, cuando se comenzó el puerto Caleta La Misión, y es una vergüenza nacional verlo paralizado. Ese puerto puede ser el sostenimiento de actividades de desarrollo en hidrocarburos, en petroquímica, también en el campo. Seguramente que nos veremos beneficiados en otros temas, incluido flete y transporte”, concluyó
