El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Río Grande, Daniel Rivarola, informó sobre las audiencias que se desarrollan en la ciudad de Buenos Aires con el supermercado La Anónima, para destrabar el conflicto por el pago del bono de fin de año. El resto de los supermercados pagaron como corresponde y en todo el país solamente queda pendiente resolver la situación de la zona norte de la provincia, que incluye a los trabajadores de Tolhuin. El dirigente reclamó a los organismos de control, tanto nacional como provincial, que “saquen inspectores a la calle”, ante el aumento del empleo en negro en la ciudad. Respecto del pedido de la Cámara de Comercio a la Legislatura para que frene los embargos de AFIP, expresó su apoyo, como también el planteo de reducción de aportes patronales.
Río Grande.- El secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, dialogó con Radio Universidad 93.5 desde la ciudad de Buenos Aires, adonde fueron convocados por la cartera laboral para mantener audiencias con los responsables del supermercado La Anónima y destrabar el conflicto por el pago del bono de fin de año.
Recordó que “hay gente que ha sido suspendida y tiene días de descuento por las medidas de fuerza. Seguimos reclamando los salarios caídos y el pago de la diferencia del premio de fin de año, porque no nos hemos puesto de acuerdo con la actualización. En Río Grande tenemos unos 240 empleados entre las cuatro sucursales y hay 30 más en Tolhuin. Ushuaia ya no es jurisdicción nuestra”, señaló.
“Tenemos un acuerdo muy claro firmado, que se viene respetando desde el 2014 y no se entiende que hoy quieran revisarlo o que planteen cuestiones de interpretación para discutirlo nuevamente. Se amparan en la sorpresiva aparición del decreto 1043, que estableció el bono de fin de año como una asignación no remunerativa que el estado obligaba a dar, y mantienen la intención de complementar los dos bonos. Es una interpretación que ellos hacen de la ley y llama la atención, siendo una de las empresas más grandes. Manifiestan crisis, baja de ventas y distintas situaciones, y nos terminaron trayendo a Buenos Aires para la discusión”, explicó.
Aclaró que en Ushuaia tampoco se pagó el bono como corresponde pero los trabajadores “aceptaron la plata que les dieron, y en el resto de las ciudades les hicieron entender la situación crítica y aceptaron los importes del año pasado. Lo que no creo es que tengan un convenio firmado como el que tenemos nosotros, que es diferente. Nosotros podemos entender la realidad, pero tenemos un convenio claro firmado en Río Grande que no vamos a ceder, porque no hemos cedido con el otro supermercado que es competencia directa e hizo frente al gasto. De ceder, se acarrearía un conflicto con las empresas que pagaron el bono como corresponde”, sostuvo.
“Lamentablemente la burocracia es así y hemos tenido que venir a audiencias en Buenos Aires a discutir. Nosotros ya presentamos un escrito pidiendo el pase a Jurídicos, de la misma manera que lo hicimos en Río Grande. Allí ya se dictaminó que deben pagar la diferencia y que nuestro reclamo es correcto. Esperamos que el Ministerio de la Nación nos dé la misma respuesta, seguramente con plazos mucho más largos. Una vez que tengamos la resolución, veremos si La Anónima la acata. Si no, iremos a juicio”, advirtió.
También tuvo en cuenta la vinculación de funcionarios del macrismo con el supermercado, si bien “no son componentes del directorio de La Anónima, pero sí son parientes cercanos y allegados a la empresa, como el caso de Marcos Peña y los Braun”, dijo.
“Así como no pagaron el premio y no quieren reconocer los salarios caídos, hablan de una situación de crisis que no demuestran en ningún lado, porque no hay nada presentado ni en el Ministerio de Trabajo de la provincia ni en el de nación. Es una mentira más, porque también dijeron en Buenos Aires que tienen conflictos en varias sucursales, cuando el único conflicto está en Río Grande. Ellos tienen la sartén por el mango, manejan el poder y nos están llevando a una situación que nos preocupa, porque hay compañeros con descuentos y días de suspensión que tenemos que recuperar”, subrayó.
Apuntó que “entre agosto y septiembre hubo achique de personal y luego hubo ingresos porque se modificó el sistema de limpieza del supermercado, y absorbieron a la empresa de limpieza que estaba trabajando con anterioridad”.
Consultado sobre la situación con Carrefour, dijo que “después de que se le habilitó el preventivo de crisis se establecieron modificaciones en salarios con respecto a la forma de liquidar, no en los valores. Hubo achiques en varias partes del país y en Río Grande arreglaron el retiro algunos compañeros, pero no fueron despedidos. Está golpeado como todos los negocios por la falta de ventas, pero por el momento está todo tranquilo. Ahí tenemos alrededor de 90 trabajadores”.
Con Diarco también la situación está tranquila, y “los que venden alimentos en general no tienen grandes conflictos. Han bajado las ventas pero siguen trabajando. El problema lo tenemos más orientado a otros rubros que la gente ha dejado de consumir por la pérdida de trabajo y por la inestabilidad ante tantas suspensiones. Esperamos que crezca un poco la venta en tiendas con el inicio de clases”, deseó.
Impacto de la crisis industrial
Rivarola planteó distintas situaciones vinculadas con la crisis en la industria fueguina, porque “Río Grande creció comercialmente al amparo de las empresas industriales, la electrónica, textil y plástica. A medida que entraban trabajadores a la industria, crecían los comercios porque había más demanda. Con la industria electrónica al 50% del pico de trabajadores que alcanzó, obviamente el comercio se achicó, hay mucha gente despedida y las empresas satélites, como las de limpieza, las gastronómicas y las de seguridad, también tuvieron bajas”, dijo.
“El salario que falta como circulante en la ciudad hace que los comercios estén con una superpoblación de empleados, porque ya no hay tanta gente para atender. Lamentablemente tuvimos muchos despidos y la última ola fue los primeros días de enero, después de que bajaron las ventas de fin de año”, expresó.
“También venimos denunciando la cantidad de empleo en negro que está creciendo en Río Grande, y luego la deuda de aportes patronales de empleados que están en blanco. Por un lado tenemos empleados blanqueados sin aportes, luego viene el subempleo, porque los ponen como media jornada y pagan la otra mitad en negro. Esto ha crecido muchísimo. Finalmente viene el empleo totalmente en negro, que ha crecido mucho sobre todo en zonas alejadas del casco urbano, en el barrio Austral, en Chacra XI, Chacra XIII, y también en Chacra II hemos encontrado comercios con empleados absolutamente en negro”, expuso.
“Nosotros buscamos que estas cosas se regulen pero no damos abasto y tampoco es nuestro trabajo. Nuestro rol es acompañar a los trabajadores en los conflictos. Estamos exigiendo al ministerio de trabajo de la nación y al de provincia que saquen inspectores a la calle. Lo que pasa es que, cuando uno detecta un empleado en negro, tiene el 50% de posibilidades de que lo blanqueen y el 50% de posibilidades de que lo echen. El estado no quiere asumir ese compromiso y lamentablemente ese papel lo tenemos que hacer nosotros. Pero queremos que se cumpla la ley”, sentenció.
Actualmente en la ciudad quedaron “unos 1.500 trabajadores de comercio, cuando llegaron a ser más de 2.000”, comparó Rivarola.
Freno a embargos de AFIP
Por otra parte, se le consultó sobre el pedido de declaración de emergencia comercial de parte de la Cámara de Comercio de Río Grande, de manera similar a la norma que sancionó en Santa Cruz. “Hay tres planteos que ha hecho la Cámara de Comercio: la baja de impuestos, la modificación del aporte patronal y obrero, y la suspensión de embargos de las cuentas de parte de la AFIP y la AREF. Los embargos traen una situación complicada para las empresas, que están en crisis por las políticas económicas. Nosotros mismos lo sufrimos porque hay comercios que no pueden pagar los salarios ante embargos de las cuentas de parte de AFIP. Les embargan todas las cuentas y no sólo les impide desenvolverse comercialmente sino que a veces dejan de pagar los salarios”, alertó.
Expresó su apoyo a este pedido y consideró que “los aportes patronales también es una situación que hay que revisar, porque en época de crisis han bajado los aportes patronales, pero creemos que el estado no va a avanzar en esto porque sería desfinanciar a ANSES, que es la caja chica del propio gobierno”.
“Creo que lo más viable es la demora en el embargo de las cuentas, pero igualmente es una discusión de los empresarios y no nuestra. No sé si la Legislatura tiene capacidad de impedir embargos de un ente nacional, pero sí puede establecer que la AREF lo haga. La AFIP es una entidad nacional pero ojalá prospere, porque la idea es apretar lo menos posible al empresario, que es el sector empleador, para que los trabajadores puedan estar más tranquilos”, concluyó.
