El legislador del FPV Federico Bilota lamentó prácticas de la “vieja política”, como el pedido de renuncia formulado por el legislador del MPF Pablo Villegas contra el secretario de Seguridad Javier Eposto, por la supuesta comisión del delito de peculado. Recordó que también denunció delitos por los medios con las compras reservadas del ex secretario Ezequiel Murray, pero nunca radicó una denuncia. Le sugirió “prudencia” al poner en juego el buen nombre de un funcionario.
Río Grande.- El jefe de bancada del FPV Federico Bilota enmarcó en la campaña electoral el pedido de renuncia que realizó el legislador del MPF Pablo Villegas contra el secretario de Seguridad Javier Eposto por el presunto delito de peculado, al haber cedido una casa de servicios a la hija de Hugo Moya, testigo en la causa contra el intendente Gustavo Melella.
Por FM Del Pueblo, dijo que “es un planteo absolutamente enmarcado en un proceso electoral y para mí esto es absolutamente parte de la vieja política. Si hay algún tipo de denuncia o tiene conocimiento un funcionario público de un ilícito, es el primero que tiene que hacer la denuncia. La vez pasada también con los gastos reservados el mismo legislador fue quien dijo que iba a hacer una denuncia y nunca la hizo. Ahora otra vez vuelve a manifestarse públicamente”, recordó.
Insistió en que “es parte de la política que a uno no le gusta. Uno es oficialista y lo soporta, pero me parece que no hay que darle mayor entidad y está enmarcado en el proceso que estamos próximos a iniciar, que es el proceso electoral”.
“Hay que ser muy claros al respecto: los delitos son o no son. Si hay delito, se denuncia, actúa el sistema judicial y tiene que tener una definición el sistema judicial. Si no, no lo es. Todo funcionario público, conforme a lo que establece nuestro código penal, tiene obligación de hacer la denuncia. Estamos acostumbrados en la política a siempre escuchar la denuncia y después ver si se hace o no. Si hay elementos serios, que se haga la denuncia. Si no, pasa lo que pasó con el tema de los supuestos gastos reservados, un tema que ya se explicó, se aprobó la compra por parte del Tribunal de Cuentas, y finalmente no hubo ningún tipo de denuncia”, sostuvo.
Consideró que “es muy peligroso estar ensuciando a las personas, a los funcionarios públicos, y no solamente por el funcionario que tiene que soportar esa denuncia injustamente, sino también porque le hace mal a la política, al propio sistema político. Dicen cosas que no se prueban nunca, nunca se hace la denuncia y queda una acusación en el aire que no se puede probar porque no hay elementos”.
“Cada ciudadano puede decir lo que quiera, pero hay que tener responsabilidad, no solamente hablar por hablar. Si alguien tiene los elementos como para decir que un funcionario cometió un delito, lo lógico es hacer la denuncia. Si no la hace, me parece que hay que ser un poco más prudente. Pero cada uno sabe su forma de hacer política”, concluyó.
