El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, reconoció que la justicia argentina «está frente a un desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad», aunque señaló que «no es insuperable y estamos a tiempo de revertirla».
Buenos Aires.- El ministro habló en el acto de apertura del año judicial 2019, que se realizó ayer en el Patio de Honor, en el 4to. piso del Palacio de Tribunales. En su alocución, tuvo varios pasajes en los que pareció aludir sin nombrarlo al anterior titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, a la vez que enfatizó en la necesidad de transformar al Poder Judicial en «en una institución íntegramente sujeta a procedimientos regulados, en base a los cuales sea posible evaluarnos con objetividad».
Pero el punto focal de sus palabras fue la crisis de confianza en las decisiones judiciales. «La legitimidad del poder judicial es esencial. Un poder judicial sin legitimidad pierde su razón de ser, pues sin ella no puede ser eficaz» dijo el magistrado, que señaló que «no hemos llegado a nuestra situación de un día para otro, tampoco es resultado de una fatalidad, sino más bien de una combinación de factores con múltiples actores gestados de modo gradual a lo largo de mucho tiempo», en una tácita alusión a Lorenzetti, quien presidió la Corte durante más de diez años.
Al disertar ante los restantes miembros de la Corte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y magistrados federales de distintos fueros de todo el país, Rosenkrantz recalcó que «los argentinos están perdiendo la confianza en el poder judicial, hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere que revirtamos esta percepción, para ello tenemos que mostrar todos y todos los días que sí somos jueces de una democracia republicana». Y puntualizó que para empezar a regenerar la confianza «es preciso internalizar algunas convicciones fundantes; en primer lugar entender que pertenecer al poder judicial no es un privilegio, ser jueces o funcionarios del poder judicial no confieren derechos sino que imponen deberes y responsabilidades. Estamos para servir a la ciudadanía con una particular prestación, el derecho». Y en otra elíptica alusión a su antecesor en el cargo, agregó: «en segundo lugar debemos entender que para servir a la comunidad como jueces no debemos buscar el poder. La convicción de que somos poderosos, por oposición a la convicción de que somos justos y rectos no ennoblece sino que por el contrario mancilla nuestra investidura. Cuando nos concebimos como servidores e instrumentos de una función estatal imprescindible e indelegable, hay muchas cosas para hacer para recuperar legitimidad».
En ese sentido, Ronsenkrantz consideró «de importancia capital convertirnos en una institución íntegramente sujeta a procedimientos regulados en base a los cuales sea posible evaluarnos con objetividad. La magistratura es un trabajo del que dependen la libertad y el patrimonio de nuestros conciudadanos y por esa razón debe estar sujeta a reglas de evaluación claras». Y señaló que «no sólo debemos permitir que la ciudadanía y la sociedad civil controlen lo que hacemos a voluntad, sino que debemos mostrar que lo que hacemos es conforme a reglas establecidas de antemano. El poder judicial no ha avanzado lo suficiente en este sentido».
Y puntualizó tres medidas que tomó la Corte en los últimos meses; la primera, la digitalización de los expedientes, que permitirá una evaluación sobre bases objetivas del trabajo del máximo tribunal. En segundo lugar, la creación de una agenda de causas trascendentes. «La decisión sobre qué causas trascendentes serán tratadas con prioridad es ahora pública, otorga previsibilidad y permite organizar mejor nuestro trabajo, además nos fuerza a los ministros a llegar a un acuerdo sobre causas que estando maduras para ser decididas tienen mayores implicancias y por ello deben ser tratadas con prioridad», resaltó.
En tercer lugar, la elaboración de un nuevo proyecto de reglamento de compras y contrataciones para reemplazar al vigente que data de 1972, que «permitirá que el manejo del dinero público se pueda evaluar fácilmente en base a reglas objetivas dictadas de antemano».
Volviendo a la situación actual, el magistrado señaló: «la crisis de legitimidad es en parte una crisis de confianza, y la desconfianza de nuestros ciudadanos en el poder judicial surge porque existe la sospecha de que servimos a intereses ajenos al derecho. Debemos mostrar que no es el caso. Que no nos servimos del derecho sino que servimos al derecho, que somos meros instrumentos de la constitución y de la ley, en eso consiste ser juez de una república constitucional y democrática. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, político, ideológico, y de cualquier naturaleza que no sea realizar el imperio del derecho».
Para el magistrado «el camino por delante es largo y demandará trabajo de todos nosotros. La confianza en nuestras instituciones es un bien frágil, se quiebra con facilidad, y una vez rota es muy difícil de reconstruir. Por suerte la confianza en el poder judicial sólo se ha perdido parcialmente, y recuperarla es posible. Exige paciencia y trabajo sostenido, hay que prescindir de estridencias y personalismos, pero se logra».
