El juez federal Claudio Bonadio dictó ayer dos nuevos procesamientos con prisiones preventivas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las causas en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al transporte público.
Buenos Aires.- Los hechos que habrían comenzado en 2003 y finalizaron entre 2012 y 2014, cuando se logró instalar controles a través de GPS en las unidades de transporte.
Según fuentes judiciales, la senadora nacional ya fue procesada en diez oportunidades, cinco de los cuales fueron con prisión preventiva. Cristina ya recusó al juez Bonadio por «enemistad manifiesta» en 2016, pero no logró que su idea prosperara.
El magistrado procesó a la ex presidenta por “asociación ilícita, cohecho activo y pasivo y administración fraudulenta” por hechos desprendidos de la llamada causa de los cuadernos, en base a las anotaciones que realizaba el chofer Oscar Centeno sobre las actividades que le ordenaban desde el Ministerio de Planificación Federal, y que estaban vinculados con subsidios irregulares a empresas ferroviarias y de transporte público automotor.
El juez Bonadio consideró a Kirchner como la jefa de una asociación ilícita de la que también participaron tres ex funcionarios del kirchnerismo detenidos, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes también fueron procesados con prisión preventiva.
La ex presidenta, quien se encuentra en Cuba junto a su hija Florencia y regresa el viernes, seguirá los procesos judiciales en libertad porque goza de fueros parlamentarios pero sumará dos nuevos pedidos de desafuero.
En cuanto retorne al país la ex mandataria recibirá una notificación judicial para que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, a informarse de los dos nuevos procesamientos en su contra.
Bonadio también procesó, aunque sin prisión preventiva, a empresarios vinculados al transporte que habrían pagado retornos por los subsidiados investigados y para acceder a la explotación de esos servicios.
Entre los empresarios procesados por haber pagado coimas a ex funcionarios kirchneristas se encuentran Sergio Taselli, Claudio Cirigliano y Gabriel Romero (ferrocarriles) y Aldo Roggio (ferrocarriles y subte).
“A cambio de esos pagos, los referidos funcionarios públicos, valiéndose de las facultades inherentes a sus cargos de Secretarios de Transporte, les mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios”, sostuvo Bonadio a través de uno de los fallos que emitió ayer.
En relación a los subsidios para el transporte de pasajeros en colectivos, los procesados fueron Pedro Ochoa Romero (ex Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT) y el empresario Mario Cirigliano, entre otros.
“Durante el período comprendido entre julio de 2003 y mayo de 2012, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”, sostuvo Bonadio en el segundo de los fallos que dictó.
El magistrado también remarcó «a tal fin, diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
Al explicar el hecho, el magistrado sostuvo que el “sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes”.
“La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial”, remarcó Bonadio.
