La legisladora radical Liliana Martínez Allende consideró que no corresponde la entrega de tierras a la familia Bridge, luego de que el Superior Tribunal nuevamente girara el pedido de ratificación. De corresponder, en función de las acciones judiciales realizadas, sostuvo que el Poder Judicial puede definirlo, sin pretender la intervención de la Cámara. No se lograron los votos para el rechazo sobre tablas y se pidió una sesión especial para el 11 de abril. Un pedido similar se había efectuado en mayo de 2016 y fue rechazado por la Cámara, en el marco de un viejo litigio que comenzó en la gestión Estabillo, y respondería a un acuerdo con la estancia Rivadavia por asilar al golpista paraguayo Lino Oviedo.
Río Grande.- La legisladora del bloque UCR-Cambiemos, Liliana Martínez Allende, dialogó con FM Aire Libre sobre la primera sesión ordinaria de ayer, que no presentó mayores conflictos, salvo la postura adoptada por la UCR y el MPF respecto del pedido de ratificación enviado por la justicia a la cesión en venta de diez mil hectáreas en el corazón de la isla a la familia Bridge.
“Necesitábamos tener esta primera sesión para que tomen estado parlamentario todos los temas que estaban pendientes y habían ingresado durante el verano. Fue una sesión corta con muchos temas a tratar, que quedaron pendientes en las comisiones y nuevos temas que fueron girados. Tenemos un tema muy particular que generó controversia y desde la UCR y el MPF no acompañamos la entrega de 10 mil hectáreas en el corazón de la isla. Este tema fue tratado por el Poder Judicial, lo enviaron a la Legislatura, y no estamos de acuerdo con esa entrega de tierras”, dijo.
Advirtió que esta discusión “va a ser bastante polémica y hemos pedido que se haga una comisión antes el 11 de abril. Si no, el 11 de abril ya hemos firmado el pedido de una sesión especial para el tratamiento de este asunto como único tema. Allí podremos definir quiénes están de acuerdo y quiénes no con la entrega de 10 mil hectáreas a la señora de Bridge, que le había hecho un juicio a la provincia. Esto viene de la época de Lino Oviedo, cuando visitó la provincia. En ese momento el ex gobernador Estabillo parece que pagó el cobijo de este político paraguayo con hectáreas de tierras del corazón de la isla, y la verdad no estamos de acuerdo con que esto sea finalmente escriturado a nombre de esta familia”, manifestó.
“La documentación está y esto se vino peleando en los juzgados en diferentes instancias, por eso llegó hasta el Superior Tribunal, pero nosotros no acordamos con eso y de última no debería ser la Legislatura quien otorgue esto. Si el Poder Judicial considera que esto debe ser otorgado, que lo hagan ellos como miembros del Superior Tribunal”, sentenció.
“Nosotros no acordamos con eso y hemos manifestado nuestra negativa. Pretendimos tratarlo en la sesión pero no tuvimos los votos, por eso pedimos una sesión especial, ya firmamos la nota, y la vamos a hacer el 11 de abril”, ratificó.
Se le preguntó por qué la justicia, si ya existe una sentencia, recurre a la ratificación legislativa, y no pudo dar esa explicación. “No sabemos por qué se toma esa decisión desde la justicia, porque en definitiva somos dos poderes distintos y no deberíamos tener que opinar con respecto al tema, pero han decidido que demos nuestra opinión y nosotros no estamos de acuerdo”, insistió.
“Aparentemente Estabillo condicionó el alojamiento de Lino Oviedo, que fue trasladado a la estancia Rivadavia en su momento. Ahí lo mantuvieron durante todo el tiempo que necesitó estar cubierto en algún lugar. Nosotros no lo vimos pero dicen en Tolhuin que solía concurrir a la panadería. Estaba cerca de allí y lo que dice es que en ese momento fue una moneda de cambio. No se entiende la pretensión de entregarle 10 mil hectáreas a un particular, a cambio de este alojamiento”, cuestionó.
Remarcó que “estas 10 mil hectáreas son propiedad del estado provincial”, pero pasarían a manos privadas en función del reclamo de la señora Mirna Antunovic de Bridge, quien argumenta “que esas tierras le fueron otorgadas, esto está en litigio y ya había ingresado antes en la Legislatura. No le dimos tratamiento porque consideramos que no debíamos tratarlo nosotros, pero se ha recibido un requerimiento del Superior Tribunal donde solicitan la postura de la Legislatura. La mayoría decidió que vaya a comisión y ojalá podamos tener una comisión antes del 11 de abril, para poder citar a los distintos actores y poder escucharlos”, concluyó.
La pulseada entre gobierno y justicia
Cabe mencionar que en mayo de 2016 por sentencia del Superior Tribunal de Justicia, se ordenó a la provincia vender estas diez mil hectáreas a la viuda de Bridge. El Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual disponía la venta a favor de Mirna Antunovic de Bridge de estas tierras rurales ubicadas en la zona centro de la provincia. En función de lo que establece la ley de Tierras Fiscales, el decreto 620/16 fue remitido para su ratificación a la Legislatura, pero resultó rechazado.
Las tierras se encuentran ubicadas dentro de la reserva corazón de la isla, y la justicia hizo lugar al reclamo de la demandante para que el estado fueguino le adjudique en venta por antigua ocupación el lote ubicado al sur de las estancias Boquerón y Río Claro, y al oeste de la Estancia Carmen. En abril de 2016 el Poder Ejecutivo elevó el decreto 620/16 a la Legislatura para su ratificación, lo que pondría fin a la controversia que comenzó hace más de veinte años, cuando Antunovic de Bridge inició el trámite para mensurar el predio. En ese momento se limitaba la superficie a 3.400 hectáreas, excluyendo las que se encontraban ubicadas dentro de la reserva y las ocupadas por bosques.
Cambio de gobierno de por medio, el nuevo Ejecutivo en manos de Carlos Manfredotti entendió que el decreto presentaba vicios insubsanables y recomendó a la Legislatura no ratificarlo, pero Antunovic inició nuevas acciones pidiendo la adjudicación en venta de 10 mil hectáreas. En 2002 la Secretaría Legal y Técnica dictaminó a favor, pero la opinión no fue compartida por el Fiscal de Estado, tampoco por la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento. Antunovic recurrió por la vía administrativa esa decisión, y el recurso de reconsideración fue rechazado en 2006. Dos años después, el Ejecutivo dictó un nuevo decreto, rechazando la pretensión de la reclamante.
Antunovic continuó con acciones judiciales ante el Superior Tribunal de Justicia, y obtuvo sentencia favorable, por lo cual la justicia ordenó al Ejecutivo dictar un nuevo acto “con apego a la doctrina”. En consecuencia, en 2015 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1892 dejando sin efecto la resolución cuestionada, pero ratificando el rechazo al pedido de adjudicación en venta. Esto derivó en un nuevo pedido de reconsideración, que también fue rechazado por el gobierno. Una vez más Antunovic recurrió a la Justicia, obteniendo un nuevo fallo a favor y la intimación al Ejecutivo para que cumpla con la sentencia original. En consecuencia el Ejecutivo dictó un nuevo decreto, el 620 de 2016, haciendo lugar a la pretensión de Antunovic, y lo giró a la Legislatura para su ratificación, pero el resultado fue el rechazo. Tres años después el Superior Tribunal volvió a girar el pedido y ahora se definiría en una sesión especial. (Fuente El Diario del Fin del Mundo)
