Los integrantes de la Secretaría de discapacidad de la CTA Autónoma volvieron a referirse a los problemas que tienen las personas con discapacidad, para obtener ciertos derechos que los asisten. Entre ellos las pensiones específicas, a las cuales algunos solo pueden llegar después de recurrir a los amparos judiciales.
Ushuaia.- Desde la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma advirtieron que a partir de la asunción del Gobierno de Rosana Bertone «se han intensificado las trabas para acceder a las pensiones provinciales de discapacidad». Asegurando además que esta situación «se da en el marco de ajuste que golpea a las personas con discapacidad en la obra social, en las prestaciones básicas de salud y, más recientemente, hasta en el transporte para que los alumnos puedan asistir a los establecimientos educativos».
Explicaron que «el acceso a la Justicia se convierte en un tema central en épocas de ajuste, donde la vía del amparo es la única que garantiza el cumplimiento de las leyes vigentes y esa es otra materia pendiente en nuestra provincia».
Dicen desde la CTA Autónoma que «para vulnerar estos derechos, la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Tierra del Fuego ha creado una batería de resoluciones y normativas contraria a las leyes vigentes y hasta ha intentado, hasta ahora infructuosamente, modificar nuevamente la Ley provincial N°389 de RUPE».
«El ejemplo más claro es la nefasta e inconstitucional Resolución Nº 65/16 del Ministerio de Jefatura de Gabinete, en la firma de Leonardo Gorbacz, que creó “un cupo con orden de prioridades en el otorgamiento de las pensiones”, en un claro exceso reglamentario, limitando derechos reconocidos por el Estado Constitucional y Social de Derecho en el que vivimos, que busca proteger y garantizar una mejor vida a las personas y sobre todo a este sector tan vulnerable de la sociedad como lo son las personas con discapacidad» denuncian desde la Secretaría.
Luego remarcaron que «para acceder a este tipo de pensiones especiales el aspecto económico del grupo familiar no tiene relevancia alguna, y que para el reconocimiento de los mismos no tienen prioridad en su otorgamiento aquellas familias que no posean ingresos o padezcan necesidades tales que los coloquen como posibles sujetos vulnerables».
«Tampoco la falta de partida presupuestaria es motivo suficiente para negar este derecho, pues es obligación del Estado adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para su reconocimiento», expresaron.
Recordando que la Comisión de Discapacidad de la CTA Autónoma ha patrocinado «legalmente de manera gratuita a una veintena de personas con discapacidad, que se encontraban esperando el otorgamiento de sus pensiones».
Además destacan que «la Justicia ha obligado al Gobierno a otorgar las pensiones; en varias oportunidades el Ejecutivo ha apelado las sentencias y en un caso ha llegado al extremo de llevar la negativa ante el Superior Tribunal de Justicia, en un intento desesperado de sentar un precedente que los avale en su política de recorte».
Mencionando que «Mientras tanto, aquellas personas que no conocen la existencia de nuestra Comisión defensora de sus derechos, o que no pueden costearse un abogado particular; aguardan por meses o años que se les otorguen sus pensiones. Algunas excepciones, pueden darse si la familia puede acceder a funcionarios de alto rango, quienes como una dádiva electoral destraban la burocracia para hacer efectivo lo que les corresponde por derecho».
Finalmente remarcan que «el acceso a la Justicia se convierte en un tema central en épocas de ajuste, donde la vía del amparo es la única que garantiza el cumplimiento de las leyes vigentes y esa es otra materia pendiente en nuestra provincia».
