El legislador del FPV Federico Bilota detalló todo el recorrido del reclamo de la familia Bridge que se cerró ayer con la aprobación de la cesión en venta de 10 mil hectáreas del corazón de la isla. Aseguró que desde 1927 se viene planteando la regularización, y mencionó decretos del gobierno de Estabillo, pasando por la gestión Manfredotti, hasta llegar a Fabiana Ríos que, en 2014, decidió no interponer un recurso extraordinario federal por consejo del Fiscal de Estado. Ante una sentencia que quedó firme, explicó que Bertone debió obedecer la manda judicial, y el oficialismo ratificó la postura en la sesión especial. Ahora resta una valuación de la AREF y las explicaciones del secretario de ambiente sobre el plan de manejo, para preservar la reserva.
Río Grande.- El legislador del FPV Federico Bilota realizó ayer un detallado informe por FM La Isla sobre los antecedentes del reclamo de la familia Bridge, que se cerró ayer con la aprobación de la cesión en venta de 10 mil hectáreas del corazón de la isla, con los ocho votos del oficialismo.
En principio cuestionó la alternativa que lanzó el legislador Damián Löffler, de avanzar ahora con una expropiación de esas tierras, y se preguntó “con qué plata van a expropiar los que hacen esta propuesta y si va a ser con el patrimonio personal de cada uno de los legisladores. La verdad es un disparate”, calificó.
“Esta sesión especial se convocó con la finalidad de rechazar el decreto de la gobernadora Bertone”, indicó, dado que la convocatoria fue realizada desde la oposición. “La gobernadora dijo que sacó el decreto en cumplimiento de una manda judicial, y nosotros como bloque habíamos anticipado que íbamos a respetar la decisión de la gobernadora, que nos parecía correcta”, sostuvo.
“Algunos legisladores de la oposición no hablaron en absoluto respecto de los fundamentos del rechazo a este decreto, sino que se dedicaron a hacer discursos de barricada. La frutilla del postre fue decir que van a proceder a la expropiación, manu militari, para sacárselo a un privado. Si están tan seguros, que pongan en garantía lo que va a tener que pagar la provincia, si eso ocurre”, desafió.
“Nosotros creemos todavía en el estado de derecho y la vigencia de las leyes, de la fuerza que tiene una sentencia que hay que cumplir, y a veces algunas medidas pueden resultar antipáticas. Por supuesto uno siempre evalúa todo, pero tenemos que anteponer el estado de derecho y el respeto a la ley y la Constitución, antes que el supuesto costo político de tomar una decisión que legalmente es correcta”, planteó Bilota.
“Hay mucha gente que habla y ni siquiera leyó el fallo judicial, ignora que hay un reclamo desde el año 1927, hay un contrato de arrendamiento y decretos de adjudicación de esas tierras del estado nacional de 1971”, indicó.
“Nosotros no convocamos a la sesión especial, lo hizo la oposición, que no expuso cuál era el perjuicio que ocasionaba, o la arbitrariedad de aprobar un decreto de la gobernadora en función de una intimación judicial”, criticó.
Los antecedentes
“No es que la gobernadora se levantó a la mañana a ver a quién le podía adjudicar 10 mil hectáreas. Desde 1927 hay reclamos administrativos respecto de esta regularización dominial”, detalló Bilota.
“En 1971 ya se habían adjudicado las tierras por decreto nacional. En 1997 se presentó la señora Antunovic, en la gestión del MPF, con la mensura para escriturar, porque ya tenía el decreto de adjudicación. El MPF, que hoy se rasga las vestiduras diciendo que van a expropiar, fue el que dictó el decreto en el ’99, adjudicando 3.400 hectáreas. Ese decreto después fue rechazado por la Legislatura en la gestión del gobernador Manfredotti, porque era inviable lo que había hecho el gobierno de Estabillo. En el 2000 la señora hace un reclamo administrativo que termina en 2008 con un decreto de la ex gobernadora Ríos que rechaza la adjudicación. No le reconoció el derecho de antigua ocupación, por lo cual la señora presentó una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia. Desde 2008 a 2014 el Superior Tribunal estuvo resolviendo esta cuestión y dictó sentencia en 2014”, dijo.
Recordó que “el marco legal de áreas protegidas es la ley 272. En ese marco se dictó en 2000 la ley 494, que crea la reserva corazón de la isla, que está en el centro de la isla grande de Tierra del Fuego. Esta ley clasifica la reserva como área de aptitud productiva controlada técnicamente por el estado”, remarcó.
“La reserva corazón de la isla son aproximadamente 100 mil hectáreas, y se estableció la posibilidad de que haya actividad productiva, que podría realizar el estado o el privado. La justicia reconoce el derecho de antigua ocupación, pero con la restricción que establece la ley de protección del medio ambiente. La reserva corazón de la isla nunca se derogó y sigue vigente, con toda la protección que tiene que tener del estado”, aseguró el legislador.
La familia dice que va a utilizar la tierra para pastoreo de los animales que tiene, y esto podrá hacerlo “siempre y cuando se encuadre en el plan de manejo del estado fueguino sobre áreas protegidas. De lo contrario, no lo podrá hacer”, advirtió.
“Por más que sean propietarios de la tierra, no pueden hacer lo que quieran. El propietario de un terreno para una casa familiar no puede hacer un edificio de 50 pisos, porque hay un código de planeamiento urbano. Eso es exactamente lo que pasa acá y lo que dice el fallo del Superior Tribunal de Justicia: la reserva no se toca y sigue estando. Este sector era propiedad del estado fueguino y ahora pasa a ser propiedad privada por el reconocimiento de antigua ocupación de un particular, pero no hay libre disponibilidad de las 10 mil hectáreas”, aseveró.
“Algunos dirigentes políticos se rasgan las vestiduras por Twitter, pero este fallo fue dictado en 2014, durante el gobierno de Fabiana Ríos. Se lo notificó al Fiscal de Estado, como representante de los intereses de Tierra del Fuego, y el Fiscal informó y asesoró a la gobernadora para que no interpusiera un recurso extraordinario federal. La secretaría legal y técnica de ese entonces compartió el criterio del Fiscal de Estado y le recomendó a la gobernadora que no interpusiera el recurso. La gobernadora Ríos no interpuso el recurso y ahí se terminó la cuestión judicial”, sostuvo.
“Esto no nació en la gestión de Rosana Bertone, nació en el año 1927. Todas las gestiones anteriores tuvieron incidencia respecto de este tema, menos la actual gestión”, enfatizó Bilota.
“Lo único que hizo esta gestión fue dictar el decreto luego de recibir la intimación judicial, porque en la gestión anterior dejaron vencer los plazos para presentar el recurso extraordinario federal, y entonces la señora Antunovic pidió la ejecución de sentencia, porque Fabiana Ríos no firmaba el decreto”, explicó.
“El Superior Tribunal de Justicia dijo que le asistía la razón a la señora y ordenó al Poder Ejecutivo dictar el acto administrativo correspondiente. La gobernadora cumplió con esa manda, resguardando la seguridad jurídica y respetando el estado de derecho, y nosotros ratificamos la posición de la gobernadora, en función de esta intimación de la justicia”, dijo de la votación de ayer.
“Es cierto que no vino el secretario de ambiente a las comisiones, pero tampoco si venía iba a cambiar la posición de rechazo que tenía la oposición. Ahora el secretario de ambiente tendrá que venir a explicar cómo va a ser la fiscalización y el plan de manejo”, planteó.
Respecto del valor de la tierra involucrada en esta cesión, aclaró que lo desconoce porque “no está especificado el monto en este primer decreto. Tampoco creo que sea a valor fiscal y eso lo va a determinar seguramente un segundo decreto, luego de una evaluación de AREF, y tendrá un precio de venta que deberá ser pagado, obviamente”, concluyó.
