El secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático consideró que el Poder Legislativo podría haber rechazado el decreto de la gobernadora Rosana Bertone, en función de las facultades legislativas para hacerlo. Diferenció la posición de la Gobernadora, que estaba “obligada” a dictar el decreto por mandato de la justicia.
Río Grande.- El secretario de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Mauro Pérez Toscani, planteó por FM Aire Libre que la Legislatura tenía facultades para rechazar el decreto de la gobernadora Bertone y no avanzar con la cesión en venta de las diez mil hectáreas del Corazón de la Isla a la familia Bridge.
“La gobernadora Bertone estaba obligada por la justicia y, si yo pudiese haber hecho algo, lo hubiese hecho”, afirmó el funcionario y militante del Partido Verde.
Defendió la postura de su partido, expresada a través de las redes sociales y también mediante una nota enviada por su esposa, la concejal Laura Colazo, a la Legislatura provincial.
“La ex gobernadora Ríos dio por tierra con la única posibilidad que tenía la provincia de presentar un recurso extraordinario, ahí empezó la desgracia de este problema, y nosotros nos hemos hecho cargo desde este gobierno de un problema generado por Ríos”, manifestó.
“La gobernadora Bertone estaba obligada por la justicia, ella no puede ir en contra y, si yo pudiese haber hecho algo lo hubiese hecho. Sé que la gobernadora también lo hubiese hecho, pero estábamos atados de pies y manos”, aseveró, al tiempo que se defendió de las críticas por sus reiteradas ausencias a las citaciones a comisión para explicar su postura.
“No estoy de acuerdo con que ponga al Secretario de Ambiente de la provincia en tela de juicio porque no fue a una comisión”, dijo, y aseguró que “había una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. No fui a la comisión porque entendía que no tenía nada para aportar. Estaban haciendo una cesión en venta de tierras cumpliendo un mandato judicial, y el Ejecutivo tenía que dar cumplimiento de una sentencia judicial. No estaba en nuestras manos poder cambiar esa sentencia, pero para eso están los legisladores, que tenían la oportunidad de rechazar la sentencia”, sostuvo.
Remarcó que “el Poder Legislativo no está obligado a recibir órdenes del Poder Judicial y ellos podrían haber votado en contra”.
Asimismo, defendió la postura de la concejal Laura Colazo, al señalar que “puede hablar por sí misma. Es mi compañera y va a ser la madre de mi hijo. Ella sostuvo que había una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, porque hay separación de los poderes del Estado, y coincido en que hay muchos actores que hoy ponen el grito en el cielo por esta votación de la Legislatura, como el legislador Rubinos, que parece que tuvo que esperar dos años para tomar posición, porque esto ingresó en 2016”, recordó.
Según el funcionario, no tiene injerencia como autoridad de aplicación, porque la cesión de las diez mil hectáreas se da “a través de la ley 313, de la cual no soy autoridad de aplicación. No fui a la comisión porque entendía que no tenía para aportar y no estaban derogando la ley de creación del área natural protegida. Lo que hacían era una cesión en venta de tierra, cumpliendo un mandato judicial. Desde el Poder Ejecutivo teníamos que dar cumplimiento a un mandato judicial y por eso hablo de la separación de los poderes del Estado, porque esta oportunidad estaba en la Legislatura. Los legisladores tenían la oportunidad de rechazar la sentencia”, reiteró para finaliza.
