El abogado de la familia de Lautaro Crespo, el menor víctima de discriminación en el Colegio Trejo Noel de Tolhuin, respondió a las declaraciones de la ex directora del establecimiento, Angélica Del Estal, que pretende “volver con la frente alta” a su cargo. El sumario administrativo concluyó en marzo de este año y la docente reclama volver a su lugar de trabajo. Para el Dr. Gustavo García Casanovas, hubo una maniobra del Gobierno para evitar acciones judiciales por los daños y perjuicios ocasionados. Más allá del resultado de la investigación administrativa, recordó la condena en tres instancias judiciales, que confirmaron la discriminación al menor con síndrome de Down.
Río Grande.- El Dr. Gustavo García Casanovas, abogado de la familia de Lautaro Crespo, respondió a las declaraciones de la ex directora el colegio Trejo Noel de Tolhuin, María Angélica Del Estal, que pretende “volver con la frente alta” a su cargo, luego de resultado del sumario administrativo en la que no se le encontró responsabilidad.
Este miércoles se había acercado a los estudios de Radio Universidad la ex directora, para dar a conocer el resultado de este sumario y a la vez reclamar por la demora del ministro de Educación Diego Romero en dictar la resolución correspondiente y restablecerla en el cargo, dado que la investigación administrativa concluyó el 6 de marzo, con la aspiración de “volver con la frente alta”.
Dicho sumario comenzó recién a mediados de 2017, por un caso que fue judicializado en 2014, durante el gobierno de Fabiana Ríos, y tuvo de parte de la justicia un fallo favorable a la familia del menor, en las tres instancias judiciales. Luego del fallo de primera instancia, el gobierno de Ríos decidió apelar la sentencia, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones pero, en lugar de acatarla, avanzó con un nuevo recurso hasta el fallo definitivo del Superior Tribunal, por el cual se ordenó al ministerio adecuar los contenidos, entre otras medidas.
Durante toda la gestión Ríos hubo una suerte de protección a Del Estal, pese a las sentencias condenatorias de la justicia, y recién en 2017 el ministro Diego Romero dio inicio al sumario correspondiente y decidió apartar del cargo a la directora.
El Dr. García Casanova dio su lectura del resultado del sumario, y dijo que “fue realizado a los fines de evitar demostrar la responsabilidad del estado. Si el estado hubiera sancionado en este sumario a la directora, automáticamente estaría reconociendo su responsabilidad y sería pasible de una acción civil por un resarcimiento económico. Al estado no le convenía descubrir la verdad, y acá hay dos víctimas: una es Lautaro Crespo, que sufrió persecución y discriminación en toda la secundaria; y la otra víctima es la verdad”, manifestó.
Explicó que “si el estado condena a uno de sus funcionarios, automáticamente se condena a pagar un resarcimiento y, por lo tanto, prefieren sacrificar a la verdad y decir que está todo bien. Si la señora quiere volver con la frente alta, yo le recordaría que tres instancias judiciales, la primera instancia, la Cámara de Apelaciones y el Superior Tribunal de Justicia, decidieron hacer lugar al amparo de la familia, porque a Lautaro se lo discriminaba en la escuela”, afirmó.
“Lo que el estado diga internamente para librarse de la responsabilidad, a nosotros nos tiene sin cuidado y no nos interesa, porque en ese sumario no llamaron a la veedora judicial –que constató en el aula el trato que se le daba a Lautaro, por disposición de la jueza de la causa-, no llamó a testigos de los padres ni a alumnos para que atestigüen, ni al principal discriminado, que fue Lautaro. No sé qué tipo de sumario hicieron, si no llamaron a los testigos de cargo”, cuestionó.
“Hicieron un sumario interno, donde fue a declarar toda la gente que la denunciada había contratado en la escuela, que saben que si ella vuelve le van a tener que ver la cara, y declararon lo que era conveniente a los intereses del estado”, advirtió.
Se le preguntó por qué cree que el ministro Romero no firma todavía la resolución para restituirla en el cargo, transcurridos más de tres meses del cierre del sumario: “El ministro Romero forma parte del estado y va a firmar esta resolución con las dos manos, porque de esta manera evita cualquier tipo de demanda civil en contra del estado. Seguramente algún abogado del estado, en resguardo de los propios intereses, debe haber tomado una decisión respecto de a quién llamar y a quién no de testigos. Si uno lee la sentencia de primera instancia de la Dra. Herráez, antes de tomar una decisión ella resuelve nombrar una veedora dentro de la institución. El informe de la veedora judicial, que no tiene relación ni con nuestra parte ni con el estado, describe una situación terrorífica para un chico con síndrome de Down, que en ese momento tenía 14 años. Apoyada en esta documentación, la Dra. Herráez determinó que se lo estaba discriminando y que había que nombrar una maestra acompañante permanente y alguien que la reemplazara cuando esa maestra faltaba meses enteros, como ocurrió. En el sumario no citaron a declarar a la gente que vivió las situaciones de discriminación junto con Lautaro, que fueron sus compañeros y lo veían diariamente. No llamaron a la veedora, y no veo cómo van a hacer que en el sumario salga la verdad de lo que ocurrió”, planteó.
Cabe reiterar que durante la gestión Ríos no hubo ninguna acción respecto de la directora, sino que se usaron todas las herramientas del estado para llevar a la familia hasta la última instancia judicial y, aun perdiendo, la sentencia no se ejecutó. La situación parecía cambiar con la gestión Bertone, porque “fue una muy buena medida del ministro Romero iniciar la investigación sumaria a la señora Del Estal y sacarla de la escuela. Lautaro se pudo recibir gracias a eso”, aseguró.
“Los maestros interpretaron que tenían que hacer los ajustes necesarios que marca la ley, y hasta ese momento no habían hecho ningún ajuste razonable a favor de Lautaro. La situación mejoró para él cuando la señora Del Estal dejó de estar en la escuela –en octubre de 2017- y la nueva directora se hizo cargo de todo. La labor que hizo Romero permitió que el alumno transcurriera mejor su finalización de la secundaria y esto fue muy bueno, y lo que se necesitaba para que se pudiera recibir”, destacó.
“Esto ocurrió en diciembre del año pasado. Lautaro egresó, tiene su boletín de calificaciones, su título secundario y ahora está haciendo una actividad comercial en Tolhuin, administrando una librería junto a sus padres”, contó el letrado.
Consultado sobre la reacción del padre de Lautaro ante la noticia de un sumario que libra de toda responsabilidad a Del Estal, dijo que “estaba muy enojado con la situación, porque se había acercado para ofrecer testigos de la discriminación y el gobierno no los aceptó nunca. Yo entiendo que esto se dio así, para evitar la responsabilidad posterior del estado, como lo determinaron tres sentencias judiciales”, insistió.
Pasos a seguir
Respecto de los próximos pasos, en lo personal su tarea está terminada. “Yo me ocupo de la defensa de los intereses de las personas con discapacidad, y trato de hacer juicios para que se les reconozcan los derechos. No me estoy ocupando hoy de cuestiones económicas de indemnización, y la familia podrá buscar un abogado especialista en derecho civil, que demande al gobierno por daños y perjuicios, pero no sé qué intención tiene la familia”, aclaró.
“Ellos están muy contentos con que su hijo pudo finalizar la educación secundaria, porque eso le da armas para que se pueda defender. Ahora está en una etapa de laboralidad y buscaron de qué podía trabajar Lautaro para poder ser autosuficiente. Lo han encontrado con la compra de un fondo de comercio, que es una librería. Lautaro atiende la librería y se encarga paulatinamente de la compra de insumos, de entender los procesos de venta y de ganancias, entre otras”, dijo.
Los derechos no se reglamentan
Dado que Del Estal se excusó en la falta de reglamentación respecto de la integración de un menor con discapacidad al colegio, e incluso criticó que todavía no la haya resuelto el ministro Romero, el abogado remarcó que “los derechos constitucionales de las personas no necesitan reglamentación. No es un programa para pensar qué hacer y no hay nada qué reglamentar con respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Hay que aplicarlos nada más. El estado se presentó ante la Cámara de Apelaciones y desconoció de qué se trataban los ajustes que debía realizar en los contenidos, y no se puede desconocer qué es un ajuste razonable con respecto a una persona con discapacidad. Lo que tiene que hacer el ministerio es contratar a un especialista en educación que adapte los contenidos curriculares, conociendo el problema que tiene un chico con síndrome de Down, o un chico con autismo, o un chico con síndrome de Asperger o lo que sea, y adaptar los contenidos a su modo de comprensión. A un chico ciego no pueden decirle que mire al pizarrón, y si un chico es sordo no le pueden explicar verbalmente. Cada adaptación tiene que ver con la discapacidad que cada persona tiene, y eso es lo que se tiene que aplicar”, enfatizó.
El Dr. García Casanovas mencionó otro juicio en el que está interviniendo, por discriminación a una joven de 15 años, que asiste a una escuela de la provincia, también con síndrome de Down. “Hicimos una presentación idéntica a la de Lautaro. El ministro de educación no puede decir que no sabía de qué se trata, teniendo ese antecedente, y ahora están haciendo adaptaciones curriculares. Todo el año anterior no hicieron ninguna y la alumna perdió un año. Desde febrero a la fecha le han dado clases como si no tuviera síndrome de Down, y el juez interviniente resultó ser el mismo que el caso de Lautaro, y les dijo que la menor debe tener una maestra acompañante. El ministro contestó que le podía dar una maestra por cuatro horas, no por todo el horario escolar, y el juez le respondió que le estaba dando una orden, no pidiéndole un favor, y que pusiera una maestra desde que entra a la escuela hasta que se va”, resumió de este nuevo caso.
“Las órdenes judiciales se tienen que cumplir y ahora estoy pidiendo la ejecución de esta sentencia, que está firme, y también pido una sanción al ministro por no cumplir con la orden judicial. No puede ser que, por no tener fondos, o por no querer gastar la plata en esto, no cumpla con la orden judicial”, fustigó.
“Yo soy abogado de muchísimas personas con discapacidad y tengo un hijo con discapacidad. Formo parte del colectivo que trabaja en temas de discapacidad. Sabemos que generamos gastos, que es lo que muchos dicen, pero nadie está exento el día de mañana de adquirir una discapacidad. Basta un choque, para quedar con una discapacidad, y sin embargo hay mucha gente que cree que generamos gastos, hasta que ellos mismos lo sufren. Son gastos de los cuales se tiene que hacerse cargo el estado”, sostuvo.
“Las personas con discapacidad tienen derechos y los tienen que hacer valer y, si no pueden porque los entes les dicen que no, deben buscar un abogado matriculado en la provincia y hacer una presentación judicial, porque los jueces hacen cumplir la ley”, concluyó.
Recuadro ————
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La batalla judicial que debió enfrentar la familia de Lautaro Crespo durante el mandato de Ríos no tiene precedentes, e incluso en la gestión Bertone se sumaron comunicados de partidos políticos afines a la directora, como Nuevo Encuentro, denunciando persecución cuando el ministro Romero dispuso el inicio de un sumario en su contra.
El amparo comenzó en 2014, luego de que hicieran repetir de año al alumno y pretendieran dejarlo fuera del sistema. El abogado siempre aseguró que “en todos los actos de discriminación a los que fue sometido el menor hubo una intervención directa de la directora Del Estal”.
La jueza Silvia Herráez, hoy jubilada, fue quien intervino en la causa, y designó veedores para constatar los hechos denunciados, entre ellos, que fue el único al que no se le permitió recuperar las materias a fines de 2014, porque no le dieron una sola fecha para que rindiera.
En la audiencia judicial la directora acordó que le iban a hacer recuperatorios en marzo de 2015, pero en lugar de darle clase, durante todos los días durante un mes le daban una hoja en blanco y le hacían cinco preguntas por materia, sin decirle qué tenía que estudiar.
Esto fue volcado en el informe de la veedora, que siguió el proceso desde el aula, y su dictamen fue lapidario. Contó que el menor con síndrome de Down estaba en un salón donde el docente le daba clase a los demás chicos y una tutora le daba clases independientes a él, sin integrarlo. Tras la sentencia favorable de Herráez, el gobierno de Ríos apeló, la Cámara confirmó la sentencia, hubo una nueva apelación y finalmente el Superior Tribuna dictó el fallo definitivo, que tampoco se cumplió, al punto que el Dr. García Casanovas debió pedir la ejecución de sentencia.
En su sentencia, la jueza Herráez concluyó que “el plan de estudios presentado era difícilmente adaptable a las capacidades del joven, puesto que se lo obligaba a aprender una gama muy amplia de conceptos, en un breve lapso de tiempo. La metodología que utilizaban para el proceso de enseñanza era algo nunca visto, ya que consistía en darle una hoja con preguntas a Lautaro, que debían ser respondidas en ese momento por el alumno. Estas evaluaciones eran diarias y en todas las materias. Lo expuesto era de imposible realización de manera diaria para cualquier alumno, más para un chico que sufre una discapacidad que conlleva un retraso mental. Cada uno de los tutores, coordinadoras y operadoras tenían una forma distinta de trabajo y tampoco contaban con una técnica o habilidad para explicar a Lautaro, provocando que no entendiera los contenidos, haciéndose el momento insostenible”, dijo la magistrada.
También expuso la situación de aislamiento en el aula, y exhortó al Ministerio de Educación a “capacitar en forma urgente al personal directivo y docente”. Además, dio cuenta de la “postura inflexible por parte de la directora del establecimiento María Angélica Del Estal” que “no aportó solución alguna a tal obstáculo”.
“La actitud de las autoridades educativas y de la Directora del establecimiento escolar no sólo contradicen el marco legal aplicable a las personas con discapacidad sino que, además, han colocado al joven en situación de exigirle un esfuerzo superior a sus posibilidades, que -además de ilegal- aparece altamente injusto, atentando contra la igualdad de oportunidades que se merecía y obstaculizando su inclusión social”, fue la posición de la jueza, ratificada en todas las instancias superiores.
Con el resultado del sumario, Angélica Del Estal estaría en condiciones de volver a su puesto de directora y la decisión depende directamente del ministro de Educación Diego Romero.
