En el marco de una convocatoria multisectorial efectuada por el intendente de la Ciudad Gustavo Melella, representantes de diferentes espacios políticos, sindicales, institucionales, sociales y de entidades de la comunidad suscribieron ayer una acción de amparo colectivo que será presentado por el Municipio de Río Grande contra el Gobierno Nacional, ante la inminente concesión de permisos de exploración y explotación hidrocarburífera en zonas off shore a empresas extranjeras vinculadas al ilegítimo gobierno británico en Malvinas.
Río Grande.- El Intendente Gustavo Melella estuvo acompañado por secretarios y subsecretarios de su gabinete, concejales, veteranos de guerra, representantes gremiales e integrantes del Observatorio Cuestión Malvinas.
Melella dijo que “nos estuvieron asesorando la ex Embajadora Alicia Castro y organizaciones vinculadas a la cuestión Malvinas para llevar a cabo esta presentación judicial en defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales”.
“Lo que está ocurriendo es muy grave. El Gobierno Nacional ha asumido una postura de desentenderse de la cuestión de soberanía y cumplir los puntos del nefasto acuerdo Foradori Duncan, en el cual el Gobierno Nacional se compromete a despejar cualquier traba para el desarrollo británico en el Atlántico Sur”, aseguró.
Asimismo, el intendente detalló que “hoy presentamos este recurso de amparo colectivo para lograr es que se frene esta entrega. En un momento se discutió si teníamos potestad de hacer esta presentación. Nuestra Carta Orgánica nos intima a permanentemente defender la soberanía y esta acción va en ese sentido”.
Por su parte, el Secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Dr. Federico Runín, explicó que “la presentación se trata de un recurso de amparo colectivo contra el decreto nacional 872, que es el que convocó a concurso público internacional para adjudicar permisos de exploración y explotación en la zona de la plataforma continental argentina y por supuesto las adyacencias de Malvinas”.
“También se está pidiendo una medida cautelar de no innovar con el objeto de frenar el efecto ejecutorio de este decreto e impedir la adjudicación de los permisos a empresas que tienen vinculaciones con el gobierno ilegítimo británico de Malvinas. Creemos que esto es un impacto directo contra los derechos soberanos argentinos sobre nuestras islas”, subrayó.
Acompañaron al intendente Melella rubricando la presentación ATE, ASOEM, SITOS, la UOM, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, la Asociación Bancaria, CEC, SOIVA, SUPETAX, APUN UNTDF, UTEDYC, SETIA, SECASFPI-ANSES, SMATA, Veteranos de Guerra y el Concejo Deliberante.
El amparo colectivo ante la Justicia Federal
El Municipio de Río Grande ingresó ayer al juzgado federal de la Dra. Mariel Borruto una medida cautelar que busca frenar la adjudicación de áreas petroleras a empresas británicas, mediante el planteo de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a concurso público internacional.
Se trata de un amparo colectivo que fue firmado además por los concejales de la ciudad, un amplio abanico de representantes de organizaciones sindicales y también organizaciones civiles, como el centro de veteranos de guerra.
Plantea que el otorgamiento de permisos de exploración y explotación en la cuenca oeste de las Islas Malvinas, en la plataforma continental argentina, es un “flagrante atentado contra nuestro derecho a la soberanía sobre las islas”, y ataca el decreto 872/2018, por el cual el año pasado se convocó a concurso público internacional. Mediante dicho decreto se instruyó a la Secretaría de Energía al llamado a concurso y, en su artículo tercero, autorizó “la inclusión en los permisos de exploración de cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”, con lo cual se intenta “ceder soberanía argentina sobre las zona concursada, al pretenderse habilitar la zona de jurisdicción en estados internacionales”.
Remarca que dentro de las áreas concursadas se encuentra la Cuenca Malvinas Oeste, que está pegada a las Islas Malvinas, “constituyéndose en una zona de alta trascendencia geopolítica y seguridad nacional”.
Por un lado, la medida cautelar cuestiona por inconstitucional la cesión de jurisdicción como “una gravísima afrente a la soberanía nacional”, y por el otro apunta contra la falta de restricciones en el decreto de convocatoria, respecto del origen de los concursantes.
“El decreto 872/2018 no prevé ninguna excepción respecto de su país de origen, tanto para los permisos de exploración como para las concesiones de explotación. Mucho menos se menciona prohibición alguna a las firmas que ya operan ilegal e ilegítimamente al norte de las Islas Malvinas. Esto a su vez atenta contra la vigencia de la ley 26.659 de hidrocarburos, que establece las condiciones para la exploración y explotación en la plataforma continental argentina”, sostiene el escrito.
Se enfoca en el artículo quinto de la ley de hidrocarburos, que prevé que el Estado, en ninguno de sus niveles, podrá contratar con empresas nacionales o extranjeras “que no hayan obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación por parte de autoridad competente argentina”.
Considera que “el decreto atacado desconoce y lesiona normas de orden público, vulnerando palmariamente la soberanía nacional en una absoluta ilegalidad”.
Respecto de la competencia del Municipio de Río Grande para accionar por la vía del amparo, alude al artículo 18 de la carta orgánica municipal, que establece “el carácter irrenunciable e imprescriptible del reclamo soberano sobre nuestras Islas Malvinas”.
La medida cautelar busca “suspender los efectos ejecutorios del decreto nacional e impedir la adjudicación de permisos exploratorios en las áreas concursadas internacionalmente, en favor de empresas internacionales que han estado directamente vinculadas con el gobierno ilegítimo de Malvinas, con manifiesto perjuicio a nuestra soberanía argentina”.
Se agrega que tampoco en el decreto atacado hay “una observancia de las normas ambientales internacionales, ni el correspondiente estudio de impacto ambiental previo sobre la zona concursada, hecho que también abona a la vulneración evidente de todo el ordenamiento jurídico argentino”.
