Los técnicos del kirchnerismo creen que los precios atrasados ya fueron «sincerados» por Macri y que se puede promover el consumo sin generar inflación. No es fácil decodificar a Cristina Kirchner. Sus movimientos siguen siendo fuente de interpretaciones, tras su llamado a ocupar «el lugar que sea» en una gran coalición en su regreso sorpresivo al Partido Justicialista, algo que no hacía desde hace 14 años. Y aunque todavía se desconoce cuál será su rol en ese armado, la ex presidente ya comenzó a esbozar algunas pistas de lo que podría ser su programa económico en un eventual tercer mandato, con el impulso de un nuevo «pacto social» que no genera entusiasmo en el empresariado.
Buenos Aires.- Cristina lo introdujo en la Feria del Libro, cuando planteó la necesidad de un «contrato social de ciudadanía responsable» y recordó el antecedente del último gobierno de Perón en 1973, de cuyo fracaso responsabilizó al empresariado. Además de créditos, subsidios y medidas impositivas a favor del sector privado, aquel plan de 1973 congeló precios y salarios, luego de un aumento de emergencia, y suspendió por dos años las paritarias. La preocupación entonces era frenar la inflación y otorgar un alivio, aunque sin compensar todo lo perdido.
Ahora, la idea que barajan en los equipos económicos, con Axel Kicillof a la cabeza, es un «consenso» que permita reactivar la economía y generar empleo, con el foco puesto en el mercado interno y la recomposición del poder adquisitivo. «El 70% del consumo en Argentina es mercado interno, no hay posibilidad de crecimiento sin promover el ingreso popular», dijo a iProfesional Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y discípulo de Kicillof, de quien fue alumno en Económicas de la UBA.
En concreto, el paquete que discuten en los think tanks kirchneristas contempla un aumento superior a la inflación de salarios, jubilaciones y asignaciones pero, a diferencia del 73, sin un congelamiento de la negociación colectiva. El principal asesor de Cristina aseguró en su visita a Washington que esa es la única vía para impulsar la rentabilidad, ante la ausencia de una «lluvia de inversiones», el volumen limitado de comercio exterior y el ajuste del gasto público. En suma, los componentes de la demanda.
Otra de las diferencias con la experiencia setentista es que tampoco se prevé un control de precios como el que hubo en aquel momento y que, luego de un breve período de calma, derivó en la devaluación y explosión tarifaria conocida como el «Rodrigazo». Lo que se busca es estabilizar las variables económicas, con una desdolarización de las tarifas de servicios, una política similar en materia hidrocarburífera y algún mecanismo aún indefinido para contener los precios de bienes esenciales como el trigo.
Dentro de ese esquema no se descarta una regulación de los capitales, incluido el plazo para liquidar divisas, hoy sin límites en el tiempo desde que Macri los eliminó en 2017. Las medidas en evaluación irían acompañadas de una baja de las tasas de interés, manteniendo el tipo de cambio. Pero en este plano es donde los economistas alineados con Cristina prefieren aventurarse menos, a siete meses de las elecciones.
Borrón y cuenta nueva
El diagnóstico compartido en el entorno de Cristina es que Cambiemos ya «sinceró» las tarifas, los combustibles y el dólar. Este último subió un 360% desde la asunción de Macri. Por ese motivo, creen que la recuperación de los ingresos no impactaría en la inflación, que acumuló un 15,8% en el primer cuatrimestre y tocó un nuevo récord del 55,8% interanual en abril. En contraste con los precios, los asalariados registrados perdieron 16 puntos desde 2015, mientras que jubilados y beneficiarios cerca de 20.
La idea es reeditar la experiencia del 2003, cuando recién asumido Néstor Kirchner decretó el aumento de salarios, planes y jubilaciones para consolidar la reactivación iniciada por la gestión precedente. La exmandataria lo reconoció en la Feria del Libro al recordar que el pago por parte de su difunto esposo de 2,3 millones de planes jefas y jefes «era un instrumento importante que había tenido el anterior gobierno del doctor Duhalde y el ministro Lavagna para paliar la terrible crisis del 2001».
En realidad, Duhalde adoptó otras medidas adicionales que serían claves para la recuperación posterior: devaluó la moneda -una suba del dólar de 200% en seis meses-, salió del default y aplicó retenciones a las exportaciones, según explicó en su momento, para «bancar» los planes jefes y jefas de hogar. Así, luego de que la economía cayera 10% y la inflación subiera un 40% en 2002, la actividad registró al año siguiente un rebote del 8,8%, mientras que los precios solo aumentaron un 3,8%. Duhalde también reveló tiempo después que pactó un «cogobierno» con Raúl Alfonsín para dominar el Congreso.
La expresidente intentó recrear ese contexto -bastante diferente al actual- en su retorno al PJ, donde el jueves pasado aseguró que el consumo fue «destruido» y el salario «aniquilado». La metáfora, además de culpar a Macri de la recesión, apunta a legitimar la iniciativa de un «acuerdo social para gobernar» mediante una coalición «más amplia que lo electoral», con la atracción de los gobernadores, el peronismo federal y la dirigencia gremial y social, hoy desperdigados entre la interna peronista, el progresismo y los radicales disconformes.
La construcción de esa alianza tiene como prioridad sortear un escenario de crisis económica sin mayorías políticas, en el que la administración entrante necesitará de un amplio respaldo para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y los bonistas. Con ese respiro financiero, Kicillof busca ganar margen para concretar un aumento de emergencia de los ingresos y evitar el default. Algo que desde Washington ven inviable sin pagar el «costo político» de aplicar reformas y un ajuste monetario, como anticipó este medio el lunes.
«El pacto social es hacer un borrón y cuenta nueva, con acuerdos que tengan en cuenta que los trabajadores están rezagados y hay sectores sociales sin empleo digno», dijo a iProfesional Héctor Recalde, diputado de Unidad Ciudadana y asesor de 65 sindicatos de la CGT con los que mantiene un contacto cotidiano. El abogado laboralista tuvo participación en el entendimiento firmado el 6 de junio de 1973 por el ministro de Economía José Ber Gelbard, el titular de la CGE, Julio Broner, y el de la CGT, José Rucci.
Tensiones
Lejos de un escenario sacudido por huelgas fabriles y protestas de carácter insurreccional, como las que precedieron el pacto del 73, Recalde reconoce que el principal desafío del acuerdo será la «responsabilidad» de los empresarios. Cristina apuntó a ellos en la Feria del Libro al elogiar la figura de Gelbard y lamentarse por la falta de empresarios que además de «ganar plata» entiendan que «tienen que ganar plata todos y poner todos».
Un mensaje que el Gobierno leyó como una respuesta directa a los 10 puntos propuestos por Macri, que incluyen la reforma laboral, previsional y el cumplimiento de los pagos al FMI, junto con las restricciones fiscales. Esas definiciones con las que el oficialismo intentó acercar sin éxito a la oposición recibieron, en cambio, un respaldo contundente de las principales cámaras empresarias. En ese ámbito se resisten a abandonar el programa económico en curso y volver al «populismo», un fantasma agitado desde Cambiemos.
Los empresarios advierten que el congelamiento hasta las elecciones de los precios de la canasta básica, junto con el de las tarifas, son medidas transitorias de alivio que «no atacan las causas de la inflación», pero que demuestran su responsabilidad.
«Un acuerdo exige una reforma impositiva, la eficiencia del gasto y requiere moderación salarial o guiar los incrementos hacia la productividad», dijo a este medio Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de UIA y titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).
La discusión genera debates también dentro del peronismo. Lavagna, por caso, propone instrumentar un consejo económico y social y recomponer los haberes jubilatorios, a la vez que reformular el sistema previsional y mantener el equilibrio fiscal. La CGT, en tanto, explicitó su respaldo el jueves a un «programa de emergencia» a través de un comunicado en el que, además de ratificar el paro general de 24 horas convocado para el 29 de mayo, ratificó su reclamo de una suba del salario mínimo, jubilaciones y prestaciones sociales.
En la central sostienen que es necesario encontrar un equilibrio entre el valor de las tarifas y los salarios de manera de recomponer el poder adquisitivo, en momentos que los sindicatos presionan por sellar acuerdos de hasta un mes con ajustes automáticos. Frente a ese escenario, en los equipos económicos cercanos al instituto Patria, el centro de pensamiento creado por Cristina, sostienen que será imprescindible consensuar una trayectoria a la baja de la inflación mediante acuerdos amplios.
Estos podrían contemplar paritarias «largas» que desalienten la indexación de los salarios. «No debería ser problemático volver a un esquema de paritarias de un año sin cláusula gatillo», dijo a este medio Sergio Chouza, economista del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. En un año electoral fue la gobernadora María Eugenia Vidal quien autorizó en abril la cláusula gatillo al cerrar un acuerdo con los maestros bonaerenses, consistente en ajustes trimestrales atados a la inflación y una recomposición parcial de lo perdido en 2018.
