El constitucionalista Eduardo Barcesat respondió a las críticas del legislador del bloque UCR-Cambiemos al proyecto que pretende prohibir al gobierno nacional que ponga en garantía de endeudamiento externo los recursos naturales de la provincia. Pablo Blanco había argumentado que no podía acompañarlo, porque la propia provincia puso en garantía las regalías, pero Barcesat observó la omisión del principio de legalidad esencial plasmado en la Constitución por parte del radical. Le recordó al legislador que, con la reforma del ’94, se reconoció el dominio de las provincias sobre sus recursos naturales, por lo cual el presidente Macri ha “usurpado” una potestad que no le corresponde. Dio cuenta de la denuncia penal que tramita desde 2016 por malversación de caudales, violación de deberes de funcionario público e “infame traición a la Patria”.
Río Grande.- El constitucionalista Eduardo Barcesat dialogó ayer con Radio Nacional Ushuaia para poner en claro los alcances del proyecto que acercó a la gobernadora Bertone, vinculado con la prohibición al gobierno nacional para que ponga como garantía de la toma de endeudamiento externo los recursos naturales de la provincia.
La gobernadora hizo propia esta iniciativa y la presentó a la Legislatura, con la inmediata reacción del radical Pablo Blanco, del bloque UCR-Cambiemos, quien argumentó que no podía prohibir esto al presidente Macri cuando aprobó la toma de endeudamiento provincial con garantía de regalías.
Blanco omitió un principio de legalidad plasmado en la Constitución, dado que con la reforma del ’94, el dominio de los recursos naturales es de las provincia. En función de esto, la gobernadora está facultada para ponerlos en garantía, pero no así el presidente, que ha “usurpado” una potestad que no le corresponde, y tiene una denuncia penal en su contra que tramita desde 2016.
, en su último paso por la provincia, mantuvo reuniones con el intendente de Río Grande y también con la gobernadora Rosana Bertone, a quien presentó un proyecto de ley para tratar de impedir que la nación ponga en garantía de endeudamiento externo los recursos naturales de la provincia.
Por Radio Nacional Ushuaia aseguró que los actos del macrismo son nulos y además tramita una denuncia por violación de deberes de funcionario público, malversación de caudales e infame traición a la Patria, al haber quebrado la división de poderes entre nación y provincia, teniendo como soporte principal la Constitución Argentina, que reconoce a las provincias el dominio de sus recursos.
“El estado nacional está poniendo en garantía la totalidad de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio argentino, violentando el principio constitucional que sostiene que el dominio de los recursos primarios le corresponde a las provincias”, explicó Barcesat, dando por tierra los argumentos de Blanco: “El diputado de Cambiemos parece no advertir cuál es el principio de legalidad. No voy a examinar la razonabilidad de si la gobernadora hizo bien o mal al poner las regalías petroleras en garantía de la deuda contraída por la provincia, porque es autoridad provincial, se hizo por ley y tiene la competencia para hacerlo. Si la medida es buena o mala, que lo juzguen los fueguinos. En cambio, lo que ha hecho el presidente de la nación es apropiarse de una potestad que le corresponde a las provincias. Es un ejercicio usurpativo que descalifica la legalidad del acto, es decir que es un acto nulo, antijurídico, lesivo de la Constitución nacional y que tiene que ser revisado por las provincias, en resguardo de las facultades que la Constitución les otorga taxativa y expresamente en el artículo 124. En esto no hay debate”, aseveró.
En función de la reforma del ’94, “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, según señala el artículo mencionado, y para Barcesat no hay dudas de que Macri “cometió un acto usurpativo, porque lo que dice el texto constitucional es que el dominio originario implica que sólo la provincia puede, a través de sus órganos competentes, disponer de sus riquezas y recursos naturales”.
También cuestión la información sesgada que dio el gobierno nacional sobre este tema, dado que incluso hubo una publicación parcial de las resoluciones en la versión escrita del Boletín Oficial: “En este caso lamentablemente, de una forma muy encubridora, hubo un endeudamiento compulsivo al que nos sometió el presidente, y las resoluciones firmadas por Luis Caputo no se publicaron en la edición en papel del Boletín Oficial sino en la página web, según dijeron por su extensión. Allí uno se encuentra con el sometimiento a la jurisdicción extranjera, con que no se puede cuestionar la validez de la deuda, que no se pueden pedir mayores plazos ni que se baje la tasa de interés pactada. Aparte de todo eso, menciona los bienes del artículo 236 del código civil y comercial, que son el conjunto de recursos naturales y las empresas de capital estatal, sean nacionales, provinciales o municipales”, afirmó.
Consultado acerca de si esto amerita acciones judiciales contra el presidente y los funcionarios que intervinieron en estas negociaciones con el FMI, dijo que la denuncia penal “ya se hizo a partir del 2016, porque esto comenzó con el espurio negociado con los fondos buitre, que en realidad fue pagarse a los propios tenedores de los bonos, que eran argentinos en un 85%”, aseguró sobre lo que, en el discurso, eran presentados como acreedores extranjeros.
“Da vergüenza decir esto, pero todos los actos de contratación nueva de deuda fueron sometidos a este régimen. Todo ello está en juicio, en el que se habla de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales, y se invoca la figura de infame traidor a la Patria, por haber quebrado la división de poderes entre el gobierno nacional y el gobierno provincial”, remarcó.
Doctrina favorable
El constitucionalista además dio a conocer que hay doctrina de la Corte Suprema de la nación favorable a un eventual planteo de nulidad de la forma en que se tomó la deuda externa, poniendo como garantía los recursos naturales de las provincias. En caso de aprobarse la ley que presentó al gobierno fueguino, no podrían argumentar que es posterior a la toma del crédito, porque antes que la ley está “la Constitución, que es del año ’94, y ahí está el fundamento de la nulidad jurídica de esta brutal deuda que ha contraído el presidente, bajo esta condiciones ominosas”, subrayó.
De avanzarse en un litigio internacional en un futuro gobierno en el que Macri no esté a la cabeza, mencionó su interés en formar parte, porque además desde 2014 la Corte Suprema fijó doctrina, ante el intento de ejecución de Griesa, que fue frenado. “Esa doctrina no ha sido modificada por ningún fallo posterior de la Corte y va a ser el bastión al que tendrá que asirse la Argentina, si es que se pretende extorsionarnos y sacarnos las riquezas y recursos naturales, por actos nulos perpetrados por el gobierno de Mauricio Macri”, adelantó.
Ley Malvinas mejorada
Con respecto a otro proyecto presentado a la gobernadora, vinculado con un agregado a la Ley Malvinas, aseguró que abre la posibilidad de dar marcha atrás con los acuerdos de Madrid y con el acuerdo Foradori-Duncan, que desde Cambiemos pretenden presentar como una “hoja de ruta” solamente, dado que todo acuerdo o tratado requiere del aval del Congreso, que en estos casos no tiene.
“Hemos hecho un aporte, que fue puesto a consideración de la gobernadora y rige para lo futuro. No agrega mucho a lo que ya dice la Constitución sobre los tratados y acuerdos con las potencias extranjeras, que deben ser aprobados o desechados por el Congreso de la nación”, explicó.
Con los acuerdos de Madrid y el acuerdo Foradori-Duncan “no se cumplió con este procedimiento, porque el Congreso no fue notificado ni tomó intervención en el tema. Esta es la base de toda la enajenación de las riquezas de la plataforma submarina que le corresponden a la provincia de Tierra del Fuego”, indicó sobre la reciente adjudicación de áreas off shore a empresas británicas, más las negociaciones en las que se está avanzando por los recursos pesqueros.
“El proyecto que le he entregado a la gobernadora plantea que se desechen todos los acuerdos y tratados celebrados por fuera del mecanismo previsto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución nacional, porque se deben aprobar o desechar en forma previa a su ejecución”, concluyó.
