La congregación religiosa se opone a la adhesión a la ley nacional, por considerar que adoctrina en ideología de género y reclaman que sea optativa. La legisladora Martínez Allende, presidente de la comisión de salud, se comprometió a invitarlos la semana próxima para que den su postura, pero defendió la capacitación obligatoria y la necesidad de que se aborde la temática de violencia de género. Si bien hay mayoría para aprobar el proyecto, apunta a lograr mayor consenso.
Río Grande.- La legisladora del bloque UCR-Cambiemos Liliana Martínez Allende fue consultada por FM Del Pueblo sobre la polémica por la adhesión provincial a la Ley Micaela, a partir de la oposición que planteó en primer término el legislador Ricardo Romano, y luego los pastores de la congregación evangélica, que serán invitados la semana próxima a la comisión de salud.
Recordó que la Ley Micaela “es un proyecto que aprobó el Congreso Nacional y en la Legislatura se está debatiendo la adhesión. Ya obtuvo dictamen en la comisión 1 de legislación general, y todavía está en tratamiento en la comisión 5. Seguramente en un tiempo más lo podremos seguir trabajando”.
Consideró que “fue muy importante la presencia de los papás de Micaela y que la comunidad los pueda escuchar”, en la reunión de comisión de este miércoles, y explicó que “esta ley obliga a la capacitación de los agentes de los tres poderes del estado en la problemática de la violencia de género, aunque muchas veces se confunde con otros temas”.
“Yo estuve hablando con los padres de Micaela antes de la reunión de comisión y los invité a participar. También en la reunión que se hizo por la mañana habían estado dos agentes de la fiscalía, del poder judicial, por un pedido de padres de personas con discapacidad, porque tienen inconvenientes con la atención al público. De esto se trata la Ley Micaela, no para el caso de discapacidad, pero sí para la atención de las víctimas de violencia de género, y para eso todos debemos capacitarnos. Debemos saber cómo manejarnos, cómo atender a una persona ya sea con una problemática con discapacidad como en un tema de violencia”, manifestó.
Puntualizó que “sobre todo en Río Grande se plantearon inconvenientes cuando se acerca una persona con discapacidad a consultar que trámite debe hacer, por la atención que están recibiendo, y esto es falta de capacitación. Siempre capacitar es mucho mejor para que el agente que en este caso está en mesa de entradas dé la información correcta”.
“Realmente necesitamos la capacitación y tal vez no tenga que ser a través de una ley, como se plantea, pero es necesaria la capacitación en los tres poderes del estado. En esto se mezcla el tema de la objeción de conciencia, la ideología de género, el aborto, que no tienen nada que ver. Es un proyecto que solamente tiene que ver con la capacitación de las personas que trabajan en el estado en violencia de género”, reiteró.
Consultada sobre la posición del legislador del FPV Ricardo Romano, que se convirtió en vocero de los pastores, dijo que “ellos plantean el tema de la objeción de conciencia y cuestionan que la capacitación sea obligatoria, como también que el agente del estado que no quiera capacitarse tenga una pena por no querer hacerlo. Es una posición que hay que atender. Yo hablé por la noche con uno de los pastores que integran el consejo y han pedido ser escuchados. Estuvimos charlando y ellos se oponen a que se trate esta ley. El legislador Romano está dentro del consejo de pastores, o al menos está con ellos”, señaló.
Espera que Romano “pueda tener la posibilidad de hablar con los padres de Micaela, sacarse alguna duda”, dado que en comisión les pasó su teléfono para que se comuniquen. “La verdad es que uno puede coincidir o no con esta postura, pero sabemos que es necesaria la capacitación en los tres poderes del estado”, insistió.
Apuntó que en la reunión de la mañana “los agentes del poder judicial se llevaron el pedido de los papás para que cumplan con la buena atención a las personas con discapacidad y con la capacitación a aquellos que están en una mesa de entradas. Las personas con discapacidad manifestaron que ya concurren con una carga propia y que muchas veces es el último trámite que llegan a hacer, para pedir por la vía judicial que se les otorgue un beneficio o que les den una derivación. Van con mucha carga emocional y a veces han sido maltratados en algunos otros lugares donde han ido, y van con el prejuicio de que los van a atender mal. Pero si por lo menos quien los atiende los puede asesorar bien, esto hace que no tengan que ir y volver, porque esto hace que se sientan muy mal. A veces no tiene vehículo o dejan su trabajo para hacer su trámite y también es complicado que les den el permiso por un día o dos. No todos están en el estado, donde tienen más facilidad para salir. Todos debemos estar capacitados, incluidos nosotros, desde la gobernadora para abajo, los legisladores, los concejales, los intendentes y todas las personas que dependen de nosotros, y también los juzgados. Los tres poderes debemos tener esa capacitación, que no puede ser optativa. Si alguien hace una contravención en el tránsito, no elige si le ponen la multa o no, y es algo que está establecido, por eso debemos tener una capacitación por igual para que sepamos cómo atender. Cada poder manejará esa capacitación a su manera, tanto en la cuestión de discapacidad, como en la cuestión de género, y debe haber un abordaje específico en cada uno de los temas”, subrayó.
Mayoría garantizada
Si bien la mayoría para aprobar la Ley Micaela está, la legisladora apuesta al debate para generar mayor consenso. “Esto se tiene que debatir y seguramente la semana que viene podremos invitar al consejo de pastores para escucharlos. Ellos tienen su postura y está muy bien que los escuchemos. Debemos tratar de consensuar para que esto salga lo mejor posible, porque todos coincidimos en que se debe hacer esa capacitación. Si no están de acuerdo en algunas cosas, está bueno que lo expliquen y seremos los legisladores quienes tomemos la decisión, pero lo bueno es que podamos escuchar a todos. Nosotros no sabíamos que ellos no estaban de acuerdo con esta ley, porque si hablamos de capacitación en los tres poderes del estado, no tendríamos que darle mucha vuelta”, advirtió.
“Hemos tenido esta objeción y me parece que los tenemos que escuchar, pero la capacitación debe ser obligatoria en el estado y luego en la faz privada uno no los puede obligar”, sentenció.
Finalmente informó que hoy de 15 a 17 horas, en la sede de la UNTDF de Río Grande van a estar los padres de Micaela García, en una charla abierta a la comunidad. “Es importante que la comunidad se acerque a escucharlos porque es una historia que hay que tomar en cuenta. Tenemos que saber que nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida, todos somos padres y no estamos exentos de que nos pase, porque estamos expuestos todos los días a que nos pueda pasar algo así”, concluyó.
