El presidente del IPV expuso su malestar por la protesta de ATE en las oficinas y adelantó denuncias contra los responsables, que “prohibieron” la entrada del personal e ingresaron a todas las áreas con los bombos. Reconoció que está pendiente pasar al básico el monto no remunerativo otorgado en 2017 para toda la administración, pero afirmó que había una mesa de diálogo y hoy mismo tenían agendado un encuentro. Respecto de la polémica por la adjudicación de una vivienda a un femicida que no vive en la provincia, se conoció que la resolución de darlo de baja se tomó el mismo día de la entrega de viviendas.
Río Grande.- El presidente del IPV Gustavo Vázquez expuso el malestar causado por la protesta de ATE en las oficinas del instituto, que impidió realizar las actividades normales y obligó a cancelar las audiencias previstas, además de adelantar las denuncias correspondientes contra los responsables.
Por FM Master’s, dijo que tiene “clarísimo desde un primer momento que esto tiene un condimento netamente electoralista. Tenemos gente operando, lo hemos visto en las redes sociales, armando grupos que ya la policía ha detectado, y se van a hacer las denuncias correspondientes”, advirtió.
Recordó que por las redes sociales se estaba “organizando la usurpación de viviendas y generando descontento” y consideró que el reclamo salarial de ATE es “una excusa, porque sabemos que el gobierno provincial otorgó el 23% de aumento hace dos meses, para toda la provincia. Este es un cuestionamiento que vienen haciendo los trabajadores desde hace tiempo, que no lo resolvieron oportunamente y lo plantean ahora, un mes antes de las elecciones. Sabemos que las personas que mueven esto están totalmente relacionadas con una disputa electoralista”, ratificó.
Consultado sobre los audios que se filtraron, donde el presidente hablaría de amenazas a los trabajadores, aclaró que “esa no fue una charla privada, sino una conversación que tuve con todos los directores y con todo el personal del IPV, ante la situación que se había planteado dentro del instituto. Nos habíamos sentado en una mesa de diálogo hace tres semanas para ver concretamente cuál era el reclamo y empezar a ver cómo se resolvía, y al otro día de repente vinieron con bombos y platillos y no pudimos atender a la gente. Cancelamos las audiencias, hicimos las actas correspondientes”, dijo del proceso seguido ayer.
“Hay gente que no tiene trabajo, que tiene problemas y viene al IPV a ser atendida y a conseguir una audiencia. Estábamos conversando e irrumpieron de manera violenta con bombos y de hecho no me permitieron el paso, así que vamos a hacer las denuncias correspondientes contra quienes están amenazando y realizan estos actos de violencia verbal y hasta física en algún punto, porque nos han prohibido cerrar las puertas y se metieron en las oficinas”, manifestó.
“Hemos dejado a los directores generales trabajando y, como es imposible trabajar, la gente del IPV se retiró a su casa, porque estaban por las áreas tocando los bombos y era una situación compleja. Lo amparan en un reclamo pero tenemos clarísimo que es electoralista”, volvió a señalar el funcionario.
Compromiso pendiente
Consultado sobre el reclamo de los trabajadores que piden pasar al básico el aporte no remunerativo que dio el gobierno desde 2017, reconoció que está pendiente y no pudo explicar por qué no se siguió la misma línea que el resto de la administración pública. “Había una mesa de diálogo y teníamos prevista una reunión. En 2017 la boleta complementaria que se pagó fue a cuenta de futuros aumentos, por decisión del IPV y sus paritarios, y no quisieron incluirlo al básico”, aseguró, con la aclaración de que no estaba al frente del instituto en ese momento.
“Salió un decreto por el que tenía que incluirse al básico y cerrar este tema, y el IPV lo dejó abierto. Hoy hay que verlo porque había una obligación a través de un decreto de incorporarlo al básico”, sostuvo y dijo que las razones de este incumplimiento del sector empleador “es uno de los temas que hay que dilucidar. Con la normativa que tenemos y los decretos que salieron, está claro que debía ser absorbido en su momento. Hay un expediente con relación a este reclamo que estamos estudiando a ver cómo se llega a esta situación y por qué no se incluyó oportunamente”, informó Vázquez.
No obstante, reiteró que “el gremio no reclamó en todo este tiempo. Hoy escuchaba hablar de un pago en negro, pero esto se paga por boleta complementaria y se sigue pagando todos los meses desde aquella vez. No hay nada en negro”, dijo de la suma que en este caso sigue siendo no remunerativa.
“Como todo el estado provincial regularizó esa situación en su momento y se incorporó al básico, estamos viendo de acuerdo al expediente y los antecedentes que hay cómo es que acá no se hizo. Más allá del reclamo, que tengo clarísimo que es netamente electoralista, si existe ese derecho, esta no es la forma de reclamar, porque acá los trabajadores del IPV han cobrado el sueldo el día 2. Fue el primer organismo provincial que pagó el sueldo y siempre se ha pagado en tiempo y forma. Han cobrado el 2% de la certificación de obra de los fondos FONAVI, que históricamente es el monto más alto que se ha pagado, por la cantidad de obra que se ha hecho. Se han dado beneficios que venían pidiendo los empleados hace mucho, como el tema de las capacitaciones. Nosotros desde un primer momento pusimos en la mesa que no era posible dar los aumentos que reclamaban pero que íbamos a estar acompañando al personal con capacitación. Hemos invertido cientos de miles de pesos en cada capacitación que ha pedido cada empleado de cada área. Hemos reconocido un derecho que no estaba reconocido, que era la subrogación de los cargos, porque un director se iba y lo cubría otra persona que no tenía cargo o categoría, y no se le reconocía el trabajo mientras el director se iba uno o dos meses por la situación que fuera. Se empezó a reconocer eso, se han hecho cursos de resucitación cardiopulmonar, trabajos de donación de sangre, capacitación, se ha pagado en tiempo y forma, nuestra gestión es transparente, por eso tengo claro que esto es electoralista y no amerita este tipo de acciones”, fustigó.
Desvío de fondos
También se le preguntó sobre las críticas de que la plata del FONAVI va a otro tipo de obras que no son viviendas, como el caso de los gimnasios. “Eso está totalmente dentro del ámbito de la ley. La ley FONAVI y la del IPV facultan a hacer viviendas y equipamiento comunitario. El amplio universo de equipamiento comunitario comprende una escuela, un gimnasio, una plaza, un centro de atención de salud, un montón de cosas que son equipamiento para la comunidad. Todas esas obras que se mencionan han sido hechas dentro de la ley y en el marco de los procesos correspondientes, con fondos FONAVI y en algunos casos con fondos de recupero o de otras inversiones. Son todas inversiones que benefician a la comunidad”, subrayó.
“Yo escuchaba la crítica de que se le estaba haciendo un gimnasio a un colegio privado (María Auxiliadora). Primero que no es totalmente privado, porque hay una intervención del Estado, y el Estado tiene que estar también. Además, al no tener gimnasio hace que vayan al Estado a pedir los gimnasios. Nosotros tenemos que estar en todos los lugares, no estamos trabajando para un sector de la sociedad sino que trabajamos para todos los sectores, para los colegios, las familias, las asociaciones sindicales. De hecho el año pasado el 1° de mayo le entregamos 128 viviendas a ATE y estamos construyendo 120 viviendas más en Río Grande para ATE”, dijo.
“Hay ciertos reclamos que no dejan otro margen que pensar que claramente es electoralista, por ciertos personajes que tenemos acá adentro, que sabemos quiénes son y están fogoneando estas situaciones. Yo hablé con todos los directores y el personal del IPV, atento a que personal de ATE vino al IPV, insultó, prohibió abrir las puertas y no permitió que se preste normalmente el servicio, y así no se puede mantener la paz social. Esta gente lo único que quiere es generar conflictos y dudas sobre un montón de cosas, pero estamos muy tranquilos para responder, como esto del equipamiento comunitario. Lo vamos a seguir haciendo porque es responsabilidad del IPV. Así hemos hecho gimnasios y puentes también, como el puente del Río Pipo, que es equipamiento comunitario y es trascendental para el desarrollo de la ciudad en un lugar donde el IPV se está desarrollando y tenemos proyectadas 1.200 viviendas”, enfatizó.
“Nadie desconoce la realidad que estamos viviendo, el contexto económico nacional, los recortes que hemos tenido en obra pública y en vivienda, porque nos deben más de 400 millones y aun así nosotros estamos trabajando, haciendo viviendas, resolviendo problemas de hace muchísimos años. No queda margen para pensar que esto sea un reclamo justo, en estos términos”, remarcó.
Apuntó que “una persona de ATE que tenemos bien identificada dijo que iba a prender fuego el IPV y que no iba a entrar nadie a trabajar. Eso es una amenaza. Yo sería incapaz de amenazar a nadie y no es la mayoría del personal del IPV la que está en esta situación”.
En cuanto a la circular que lleva su firma, por la cual pide que le informen quiénes no están trabajando y no prestan servicios, a fin de tomar las medidas pertinentes, indicó que “ese comunicado dice al final que es ‘a los fines de mantener el servicio del instituto’, porque nosotros somos una entidad pública que tiene que mantener un servicio, y no pudimos mantener el servicio. Hay gente que no tiene trabajo ni vivienda y que no pudo ser atendida porque no se pudieron hacer las audiencias que teníamos. Esta gente tiene casa, tiene trabajo, cobra un sueldo, y la gente que no tiene trabajo ni casa no puede llegar a su fin porque nos encontramos en esta situación lamentable. Desde la semana pasada estuvimos trabajando con gobierno y teníamos una reunión pautada para este jueves con la gente del área laboral y el IPV. En medio surgió esto. Acordamos algo, hablamos y se rompe la palabra y se rompen los canales de diálogo cuando pasan estas cosas”, criticó.
Asimismo, se refirió a las críticas de ATE por el “vaciamiento” del instituto. “Eso tendríamos que preguntárselo al sindicato y ver a qué tema concreto se refieren. El otro día escuchaba críticas porque no recuperamos la plata de las escaleras de emergencia que estamos haciendo en Chacra II y Chacra IV, pero esa plata no es del IPV sino que la puso el gobierno provincial, acompañando al IPV para hacer las obras que los vecinos vienen pidiendo hace 30 años. Hay una confusión muy grande en lo que son las prioridades, los valores, el estado de derecho, la paz social, y hay que revisar esas cosas. Nosotros tenemos un fin social y hay una demanda muy grande desde que vino esta gestión, porque no se entregaban casas a inscriptos desde el año ’99. Hoy estamos finalizando el listado de 2004 y 2005, es decir que se avanzó un montón en este contexto económico”, dijo.
“Acá puede haber muchas denuncias, como la que hicieron el martes de que le entregamos una casa a un asesino, pero no se entregó ninguna casa a ningún asesino y se cumplió con los procedimientos legales. Se pidió información, se dio de baja y no recibió ninguna casa, ni siquiera tuvo contacto con la llave”, dijo del caso Rojas. “Las noticias falsas para romper esta paz social que todos hemos conseguido y nos ha costado mucho, está clarísimo de dónde vienen”, concluyó.
Recuadro——
Perdonado por Ríos y por poco beneficiado con una vivienda de Bertone
Rojas: el femicida que golpea a los dos sectores en pugna
Aun frente al discurso de los funcionarios de gobierno que apunta contra el sector del intendente Melella, por la exposición pública que tomó la adjudicación de una vivienda a un violador y femicida, el caso Rojas golpea a ambos sectores en disputa en esta carrera electoral.
El vicepresidente del IPV, Favio Escobar, fue el primero que el mismo día de la entrega de viviendas, este martes 28 de mayo, aseguró que el violador y femicida Juann Pablo Rojas había sido impugnado “durante el proceso de publicación” del listado, y “se lo apartó del sorteo hasta que se comprobara su situación”.
Cabe recordar que el sorteo de estas viviendas se realizó el 14 de mayo, y la entrega de llaves se concretó el 28 de este mes, de manera informal y por temor a “algún tipo de operativo político”, como explicó Escobar. Ese mismo día los vecinos pudieron ingresar a sus departamentos y por las redes sociales se daba a conocer que Rojas seguía en el listado de beneficiarios, dado que los mismos vecinos fueron quienes expusieron esta situación.
Por razones obvias, el ex convicto no recibió la llave porque se encuentra en la provincia de Neuquén. Fue condenado por el abuso sexual y homicidio de Eva Noelia Sánchez en 2001 y beneficiado con el régimen de libertad condicional por la conmutación de pena que dispuso la ex gobernadora Fabiana Ríos, aliada al intendente Melella en este proceso electoral.
Vale decir que, quien hoy se pone al frente de la defensa de los derechos de las mujeres, habilitó la posibilidad de que quedara libre el violador y femicida en octubre de 2016, por lo cual ambos sectores se ven afectados políticamente por esta adjudicación, de existir algún fin político detrás.
A fines del año pasado Rojas había comunicado al juzgado su lugar de residencia fuera de Tierra del Fuego, como parte de las medidas de conducta que debe cumplir. Ratificó en su legajo su residencia el pasado 20 de mayo, pocos días después de realizado el sorteo y, aun con impugnaciones presentadas continuaba apareciendo.
La decisión de darlo de baja se plasmó luego del escándalo que se desató: el acto de entrega de viviendas se realizó el martes por la mañana y en horas de la tarde el IPV emitió la resolución, fechada el mismo 28 de mayo, en la que decidió quitarlo del listado.
