La Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia denunció “detenciones arbitrarias” que se habrían dado de forma “ilegal e inconstitucional”. Se refieren a un hecho que habría ocurrido el pasado 19 de mayo en la zona de la Plaza Islas Malvinas. Reclaman “la nulidad de todo el procedimiento” y “la inconstitucionalidad de los edictos policiales”.
Ushuaia.- Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia emitieron un documento donde denuncian que “El pasado sábado 19 de mayo la policía de la provincia detuvo a dos jóvenes de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional”. El texto expresa que “Dos jóvenes que salieron a la noche de un concurrido boliche céntrico, fueron interceptados por la policía y detenidos. Dos jóvenes que en la helada madrugada de esa noche se acercaron al fogón conocido como «llama eterna» del Monumento a los caídos en la Plaza Islas Malvinas y mientras conversaban, sin más, sorpresivamente unos diez policías los rodearon y casi sin mediar palabras los detuvieron”, dijo Miguel Herrera, integrante de la Multisectorial de DDHH.
Luego refirió que “Julián y Damian (junto con la novia de éste que es testigo de lo sucedido) salen del local bailable y caminan mientras charlan. A pocos metros llegan al Monumento a los caídos en la Plaza Islas Malvinas y se acercan al fuego de la «llama eterna» de aquel monumento, que vale destacar es un espacio público”.
Mencionan desde la Multisectorial que los jóvenes “Allí conversaron unos pocos minutos hasta que llegaron tres autos y una camioneta, todos vehículos identificados como de la Policía Provincial, de la cual rápidamente descendieron unos diez agentes que se dividen en dos grupos y rodearon a los dos jóvenes”.
Advirtiendo que “Entre improperios y maltratos de parte de los agentes de la policía hacia los dos jóvenes que ya estaban rodeados y separados les dicen que no pueden estar allí, paso seguido Damián es arrojado al piso y esposado. Julián pregunta el motivo de la detención a su compañero y le contestan que se calle y muestre su DNI”.
Dicen que “Cuando saca su billetera para mostrar el documento un agente lo empuja desde atrás golpeando su rostro contra el mural de la memoria que allí se encuentra y esposándolo sin mediar explicaciones ni motivos, sin que por supuesto, llegara a identificarse. Luego fueron llevados a la comisaría 4ta. del Barrio Pipo. En el traslado fueron sometidos a un interrogatorio ilegal e improcedente y previo paso por la Guardia del Hospital en que un médico constatara que no hubiera lesiones y su «aparente» estado de ebriedad”, dicen advirtiendo que en ningún momento se les practicó test de alcoholemia.
Relatan que “Allí, mientras esperaban al médico de guardia, continuó el interrogatorio ilegal en el que una y otra vez les volvían a hacer las mismas preguntas y les negaban cualquier respuesta sobre por qué estaban detenidos. Ya en los calabozos de la comisaría se encuentran con que no hay ni una silla, una cama o un abrigo y ahí tuvieron que pernoctar hasta el otro día, pasando frío, incomunicados temerosos, sin que sus familias supieran donde estaban, sin que un Fiscal o un Juez ni ninguna autoridad del sistema judicial tomase intervención: a total merced de una fuerza de seguridad, avasallando el estado de derecho”, denuncian desde la Multisectorial.
Continúa el relato señalando que “Luego de permanecer alrededor de siete horas detenidos y antes de liberarlos les hacen trapear los calabozos y firmar un acta de detención en el cual figura los motivos de ésta: EDICTOS POLICIALES, 01/59 y 02/59 por «ebriedad» y «desórdenes». Con los Edictos Policiales, vigentes desde 1959 y refrendados 1965, es la policía una fuerza que se arroga superpoderes: ellos acusan, son los únicos testigos y son los que te detienen, inventan un motivo, te juzgan y determinan la «condena». Las personas detenidas quedan bajo tutela del comisario a cargo, sin que intervenga un Juez y sin que haya garantías de debido proceso. Este caso es uno más de los tantos que se suceden día a día y más aún los fines de semana. Se persigue a lxs jóvenxs, se abusa de poder y se coartan derechos”, expresa el comunicado.
Luego dicen desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia que “Ante esto nos preguntamos: ¿Para qué sirven estas detenciones en las que en su mayoría se apresa a personas jóvenes que no están cometiendo ningún delito?
¿Son acaso operativos de entrenamiento en los que la policía actúa con impunidad sobre personas reales que no saben están siendo parte de un ejercicio de entrenamiento policial, (por otra parte abusivo e ilegal), en el que los nuevos policías complementan su «formación»?
¿A quiénes es funcional que seamos la única provincia del país en tener en vigencia los edictos policiales?
¿Cómo puede ser que éste vigente una ley que viola nuestros principios de estado democrático y constitucional, así como las expresas disposiciones de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y el fallo judicial y lo dispuesto en él por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Walter Bulacio, en el que se condenó al Estado argentino y se rechazó enfáticamente la utilización de “razzias” o detenciones al azar, exigiendo que las condiciones para realizarlas deben estar objetiva y previamente definidas en una ley formal.?”
Más adelante dicen que “Con la vigencia de los edictos o contravenciones «se habilita un auténtico sistema penal subterráneo, que institucionaliza privaciones ilegítimas de libertad, al amparo del aparato estatal, que a su vez, abren la llave a otras gravísimas violaciones a derechos fundamentales.»” Citando la «Historia Ideológica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1966-1973) » Héctor J. Tanzi.
Finalmente manifiestan que “Una vez más la fuerza provincial encargada de velar por nuestra seguridad avasalla nuestros derechos amparada en la ley de Edíctos Policiales, vetusta, arcaica e inconstitucional, todo en anuencia de los poderes del estado cómplices, tanto Ejecutivo como Legislativo y ante silencio y de un Poder Judicial que deja en manos de la policía un libre albedrío que cercena derechos y garantías antojadizamente en nombre de la in-seguridad”.
Para terminar exigiendo “La nulidad de todo el procedimiento. La inconstitucionalidad de los Edictos Policiales. La inmediata derogación de dichos Edictos. ¡Basta de criminalizar a la juventud!”, concluye el comunicado.
