La causa que desde hace doce años se tramita en la Justicia Federal, para que se investiguen las denuncias relacionadas con torturas a soldados argentinos en Malvinas, viene sufriendo un ataque permanente por parte del llamado lobby militar y de sectores reconocidos por la defensa de quienes fueron ya condenados por su rol como genocidas, durante la última dictadura. Ahora se suma activamente un grupo de abogados, que parece ser afecto al desconocimiento de los delitos de lesa humanidad.
(Por José Piñeiro) – En pocos días un escrito público del ingeniero Pedro Güiraldes, en una respuesta a manifestaciones de integrantes del CECIM La Plata, pretendió desvirtuar las razones que impulsan el avance de la causa por torturas en Malvinas al relacionar la continuidad de la misma con la supuesta pertenencia de la jueza Lilian Herráez y el fiscal Marcelo Rapoport a la agrupación “kirchnerista” Justicia Legítima, dijo en su escrito el ingeniero.
Ahora se concretó una denuncia que apunta al exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, y al propio Rapoport, en este caso en la Procuración General de la Nación; impulsada por un grupo de abogados. En la misma también se cuestiona el rol de ambos en esta causa radicada en el año 2012; porque alegan que la misma es “cosa juzgada” y afirman que solo se buscaría una retribución monetaria por parte de los denunciantes y quienes los acompañan.
¿Pero quiénes son los que intentan desacreditar tanto las denuncias como a quienes afirman haber sido torturados durante la guerra? Un rápido repaso por nombres y trayectorias sirve para confirmar que se trata de los mismos que, desde hace un buen tiempo, están embarcados a través de las redes sociales, blogs, páginas web y distinto tipo de medios y expresiones; en la defensa de los militares que fueron juzgados y condenados por genocidas, a partir del rol que tuvieron en la última dictadura militar.
La denuncia contra Vassel y Rapoport la promueven abogados integrantes de la denominada “Asociación de Defensores de Derechos Humanos en Latinoamérica”, la que publica la página web “Prisionero en Argentina”, dirigida por el excomisario Claudio Kussman, quien fue condenado por su rol durante la dictadura en la ciudad de Bahía Blanca y en el año 2016 fue beneficiado con la prisión domiciliaria por el gobierno de Mauricio Macri. Los integrantes de esta asociación aseguran que Kaussman es víctima de una “aberración” y está detenido y condenado por un “malentendido”.
Además en su página aseveran que nuestro país es un “país terrorista”, que mantiene “ilegalmente en prisión y acelera la muerte” de quienes supuestamente durante la dictadura “combatieron al terrorismo”. Todo el sitio está dedicado a la defensa de los genocidas, aunque haciendo foco en el caso de Claudio Kussman y teniendo como uno de sus editores a un hijo del comisario condenado.
Vale mencionar que entre los abogados que impulsan la denuncia contra Rapoport y Vassel están Guillermo Jesús Fanego, representante de genocidas en la megacausa ESMA, y entre los abogados que los representan se encuentra Elena Genise, activa defensora en las redes sociales de los militares condenados por su papel durante la dictadura y Marcelo Llambías, quien fue condenado en su momento por el asesinato de otro militar en el año 2001 y promotor hace algunos años atrás de una petición pública dirigida a la por entonces presidenta Cristina Fernández, en la cual reclamaba la “libertad para todos los presos de las FFAA (Fuerzas Armadas) y FFSS (Fuerzas de Seguridad)”, en alusión a los detenidos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
El desconocimiento de los delitos de lesa humanidad como tales parece ser entonces el hilo conductor que los agrupa. Justificando la tortura en ambos casos, tanto en la dictadura como en la guerra de Malvinas. No parece ser casual, los dinosaurios no han desaparecido todavía.
