“Por más que haya cien escritos y cien acuerdos”, según dijo ayer el diputado nacional, el gremio metalúrgico está dispuesto a reclamar aumento salarial si cambian las condiciones de la industria. Recordó que lo lograron en los ’90, habiendo una ley vigente de congelamiento. Cuestionó al gobierno fueguino por firmar pactos que perjudicarán a todos los habitantes y negó haber participado de las negociaciones con el gobierno nacional para bajar los precios de los productos electrónicos. No descartó a la gobernadora Bertone como “gestora” de la suspensión de paritarias.
Río Grande.- El diputado nacional y secretario general de la UOM Río Grande adelantó que, en caso de mejora de las condiciones de la industria, pedirán aumento salarial aunque haya un acuerdo firmado que congela las paritarias hasta junio de 2020.
Fue en declaraciones realizadas ayer por Radio Provincia, donde comenzó evaluando el resultado de la movilización del lunes. “Como es característico en nuestra organización, hubo una vez más una demostración clara de compromiso y responsabilidad en la defensa de nuestros derechos. La convocatoria fue organizada por una multisectorial integrada por sectores sociales y gremiales de la ciudad y logró una participación muy importante”, dijo, recordando que “estaba convocada para defender el derecho a seguir habitando Tierra del Fuego, los puestos de trabajo en la industria, y la soberanía en su conjunto”.
“La participación fue muy importante pese a que algunos sectores se manifestaron en contra e intentaron desmovilizar. La sociedad y sobre todo el movimiento obrero ha comprendido la situación que estamos atravesando, y se ha manifestado a pesar de ser un día feriado y un fin de semana largo”, valoró.
Sobre las últimas declaraciones de la gobernadora Bertone, que aseguró que, con este acuerdo con Nación y AFARTE, “se evitó una catástrofe”, el diputado tomó distancia y afirmó que no participó de las negociaciones, quitándose la responsabilidad del congelamiento de salarios.
“Nosotros tenemos dos situaciones, una tiene que ver con el anexo que se ingresó a la firma del acuerdo que llevó adelante el gobierno provincial con el gobierno nacional, donde no hemos participado y creo que ningún sector participó en el debate, a pesar de los compromisos generados el pasado 3 de noviembre -en la convocatoria en Casa de Gobierno. En esto hay un fuerte reclamo de muchos de los que se acercaron y fueron parte de la convocatoria, que asumieron la decisión de ser parte de la pelea que había que dar con el gobierno nacional. Lamentablemente esto no se dio y vemos peligrosamente que se ha generado una condición totalmente distinta que llama poderosamente la atención, porque no fue debatida ni discutida”, sostuvo del acuerdo final, al que se sumó la semana pasada el pacto fiscal.
“El gobierno obviamente tiene la facultad, la potestad de hacerlo, pero creemos que encierra enormes riesgos para los habitantes de la provincia”, manifestó.
Respecto de si considera que estos acuerdos son el principio del fin de los beneficios para los trabajadores, y habrá un efecto cascada en otros sectores, consideró que “no debiera ser así porque en el caso particular nuestro tenía que ver con una exigencia del gobierno nacional. A través de la información que brindó el propio gobierno provincial, el problema grave que existía era que los salarios metalúrgicos eran muy altos y traccionaban los reclamos de los distintos sectores, y ese era un motivo necesario para modificarlos porque, si no, no había ninguna alternativa de continuidad de las condiciones actuales. A punto tal que una de las exigencias que nos trajeron a la mesa de discusión fue la reducción del 30% del salario a partir de ahora. Obviamente la rechazamos y, con el consenso y la discusión muy profunda en distintas asambleas, logramos un apoyo absolutamente mayoritario para transitar esta instancia”, explicó del proceso que derivó en el acuerdo que congeló las paritarias.
Aclaró que “a diferencia de lo que se ha expresado, no significa un congelamiento sino que es mantener las condiciones actuales y, en caso de que la industria mejore sus actuales condiciones, no descartamos ningún reclamo en materia salarial, por más que haya cien escritos y cien acuerdos”, disparó.
“Esta situación ya la pasamos con leyes en los años ’90, cuando la convertibilidad nos impedía discutir salarios y sin embargo logramos mejorar nuestras condiciones durante todo ese período de tiempo, con discusiones que se dieron por fábrica. Y hemos demostrado nuestra firmeza para hacer respetar nuestros derechos. No va a ser esta vez la excepción”, advirtió el diputado.
“Muchos nos han criticado y respetamos todas las opiniones, pero tenemos en claro el enorme esfuerzo que hemos hecho, que no solamente es en beneficio de los trabajadores metalúrgicos sino de toda la población, porque van a poder seguir teniendo alternativas laborales muchos sectores, como los taxistas, los remiseros, y los que prestan algún servicio a la industria”, observó.
Reconoció un impacto en la economía fueguina por la pérdida de poder adquisitivo de los metalúrgicos, pero también recordó críticas por los sueldos que consiguieron: “Nosotros hemos sido siempre blanco de cuestionamientos. Si el salario subía, como consecuencia de ello los comerciantes subían los precios y mucha gente nos criticaba. Ahora esta alternativa, producto de una extorsión terrible que hemos tenido para poder seguir trabajando y habitando nuestra provincia, ha sido producto del análisis que nos generaron los anuncios del gobierno en su momento a través del Ministro de Hacienda, y la propia gobernadora que habló de la disolución de la provincia”, expuso.
La “gestora”
Respecto de la responsabilidad de Bertone en este acuerdo que consideró “extorsivo”, se le preguntó sobre las declaraciones del diputado Gastón Roma, que la llamó “la gestora del dunga-dunga”, como el propio Martínez había definido este renunciamiento a aumentos salariales, y no descartó su responsabilidad. “Nosotros no participamos de ninguna reunión con la gobernadora, sí sabemos que la gobernadora estuvo reunida con los funcionarios del gobierno nacional y con el sector empresario. No descartamos su participación, pero tampoco podemos asegurarlo. Sabemos que existieron reuniones donde nosotros no participamos. En la reunión del 3 de noviembre hubo un compromiso de muchos de ayudar y participar, y esto no pudo suceder, y creo que hoy está siendo cuestionado. Es posible, no lo descartamos pero tampoco podemos asegurarlo”, dijo de la responsabilidad de la mandataria.
Consultado acerca del “circo” del que habló el diputado Roma en torno a los impuestos internos, y el puntapié inicial para congelar los salarios estatales, respondió que “tampoco le doy mucha seriedad a lo que dice alguien que muchas veces habló en contra de mantener las condiciones del régimen. Hay que tomar con mucho cuidado algunas expresiones. Yo he estado charlando con los compañeros estatales y tienen la firme decisión de retomar las paritarias, y no van a ceder a ningún tipo de presión”, aseveró.
“Nosotros estamos muy preocupados y tenemos en marcha un plan de lucha que será analizado y se coordinarán esfuerzos con organizaciones nacionales. El gobierno provincial puede tener una intención de ajustar, pero frente a ellos están los trabajadores, la sociedad y las distintas organizaciones de todo nivel, que también manifestarán sus posiciones”, sostuvo.
Marcó la complicidad del gobierno fueguino con la Nación, en perjuicio de los habitantes: “Nosotros hace largo tiempo manifestamos que esta realidad la íbamos a sufrir ante la llegada de un gobierno de estas características. Lamentablemente después en la propia provincia también el giro del gobierno provincial trajo consecuencias terribles sobre los habitantes. Esto se agrava más con la ejecución de medidas que van a traer como consecuencia un daño enorme a todos los habitantes, no sólo de Tierra del Fuego sino de todo el país. En el caso de la provincia, las condiciones son todavía más difíciles porque no hay alternativas. A pesar de que se sigue manteniendo el discurso de la reconversión productiva y otros chamuyos, la realidad es que no existen alternativas en Tierra del Fuego. Alrededor del 60% del trabajo privado se da a partir de la incorporación de trabajadores a las fábricas. Es decir que la ocupación de las fábricas permite que el 60% de los trabajadores privados tengan origen en esta actividad. Esto no se va a resolver con la pesca del salmón, con la turba o la madera, como dicen en los discursos que hemos escuchado”, concluyó.
