El presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Vázquez, salió al cruce de las acusaciones realizadas –vía mensaje anónimo y firmadas por supuestos empleados del organismo-, de que se estaría dilapidando el patrimonio del IPV por la entrega de más de 400 lotes en el Pipo y de 384 en Cabo de Mar de Río Grande (en la primera etapa).
Ushuaia.- Tras observar que la solicitada “no la suscribe nadie”, el Dr. Gustavo Vázquez, presidente del Instituto Provincial de Vivienda, relativizó la publicación al señalar que “la planta de IPV está compuesta por 260 personas y no sé cuántas serán las personas responsables de haber publicado esta comunicación”.
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De todos modos aseguró que “nosotros estamos haciendo lo que nos indica la norma, que es dar soluciones habitacionales, no solamente a través de viviendas sino como expresamente lo dice la ley 19, en su artículo 6 inciso D, otorgando lotes con servicios a las familias que los necesitan”.
Vázquez aseguró que “hay un desconocimiento total (por parte de los denunciantes) en cuanto al proyecto, los montos de los terrenos, el entendimiento de lo que es el Estado” porque “en una parte observa que el IPV cedió a título gratuito una parcela de 32.360 metros cuadrados para la construcción de una planta potabilizadora; como si eso hubiera sido en desmedro del Estado”.
Remarcó que “la planta potabilizadora es necesaria para que las casas tengan agua y cloacas” y consideró, por tanto, que “es inentendible cuál sería la crítica de hacer plantas potabilizadoras”.
“Esta gente está desinformando de una manera increíble” lamentó el titular del IPV, quien ratificó que “ni siquiera se hace responsable de lo que escribe, porque dice ‘los empleados del IPV’ cuando estos ascienden a 260 personas y ayer (martes) algunos vinieron a asegurarme que nos firmaron esa publicación y que no tienen nada que ver con su contenido”.
Tras reiterar que el IPV puede cumplir con su misión principal que es dar soluciones habitacionales entregando viviendas o terrenos, Vázquez comentó que “el Instituto tiene dos proyectos grandes, uno en Cabo de Mar de Río Grande, de aproximadamente 1440 soluciones; y en el sector 3 de Río Pipo (Ushuaia), con unas 1200 aproximadamente”.
Aclaró que “los precios de los lotes están determinados por las áreas técnicas del organismo” y que “el proyecto de le IPV, que trabajó en conjunto con la Municipalidad y con Catastro; así que esto no es de ahora sino que está en el marco de convenios que se firmaron mucho antes”.
En cuanto al sistema de ahorro previo planteado para estos terrenos, aseveró que “tampoco es nuevo porque ya se ha realizado antes y es una forma de financiarnos”, máxime teniendo en cuenta que “a la fecha, la Nación nos debe 518 millones de pesos”.
Observó que “la gente va a empezar a pagar un lote con servicios y al momento que la obra –que ya está en ejecución- esté terminada le va a quedar un saldo que va a poder financiar, y con la adjudicación podrá pedir una hipoteca”.
El titular del IPV conjeturó que la denuncia responde “a intereses de otro tipo, de gente que se arroga la facultad de opinar por la gente que ha solicitado el terreno”. “Sería bueno que den la cara los que le quieren negar a la gente el acceso a su terreno. Que le digan a la gente que no se los quieren dar. Están perjudicando a más de mil familias con el único objetivo de hacer política barata y generar malestar. A mí me gustaría que los sectores que están alentando este rechazo a más de mil familias, den la cara y salgan de las sombras. Porque mandan documentos a los medios sin firma o usan a algunos trabajadores para ocultar los verdaderos intereses que están detrás de todas estas movidas. A los únicos que perjudica es a los vecinos que quieren acceder a su terreno» amplió Vázquez.
En otro orden de cosas, Vázquez se refirió a la implementación del sistema de cuota mínima, en el marco de la crisis que actualmente se vive para morigerar la situación de los adjudicatarios.
En ese sentido explicó “a través de las áreas ‘Social’ y ‘Recupero’ las familias se pueden acercar para solicitar este beneficio, en caso de que no puedan hacer frente a la totalidad de la cuota, para que se evalúe, ya sea el achicamiento de la cuota o su refinanciamiento”.
“Son todas cuestiones que la ley faculta a las autoridades del Instituto para dar solución a las familias que necesiten que las acompañemos”, dijo.
Qué dice la solicitada de empleados del IPV
“Los empleados del IPV nos dirigimos a los ciudadanos de Tierra del Fuego atento a la intención política de entregar 420 lotes en el Sector 3 de la Urbanización Río Pipo de la ciudad de Ushuaia y 768 lotes en la Urbanización Cabo del Mar, dentro de Margen Sur de la ciudad de Río Grande.
Es nuestro deber informar a la población: 420 lotes en el sector 3 de la Urbanización Río Pipo: La urbanización del Río Pipo fue proyectada hace casi 20 años mediante un programa realizado por el Ingeniero Dolder, quien fue reconocido en un congreso latinoamericano por la creación del mismo y su aplicación en el proyecto de urbanización del Río Pipo. Los empleados del IPV trabajamos desde entonces para mantener y desarrollar dicho proyecto, con la premisa de otorgar la mayor cantidad posible de soluciones habitacionales, manteniendo como objetivo su concepción original, una urbanización modelo en Latinoamérica que fue planificada a conciencia. Hace más de 4 años que estamos desarrollando el proyecto de urbanización del sector 3, cuyo costo de infraestructura se calcula a la fecha en más de 1.000 millones de pesos, puesto que se prevén cerca de 1.500 soluciones habitacionales, más de 100 lotes, parcelas para próximos proyectos, espacios verdes que conservan el bosque nativo en sus sectores más antiguos y reservas fiscales para equipamiento comunitario (escuelas, bomberos, centros de salud, policía, oficinas estatales, etc). Con la entrega desmedida de 420 lotes, anunciada por el Gobierno provincial, los proyectos mencionados no podrán llevarse a cabo, ya que constituyen casi la totalidad de las tierras más aptas para construir. Lo cual significa echar por tierra dos décadas de trabajo a conciencia, con una planificación reconocida internacionalmente, y resignar la solución futura a más de mil familias que pertenecen a la demanda general inscripta en el IPV.
768 lotes en la Urbanización Cabo del Mar de Margen Sur: Las tierras que el IPV compró en Cabo del Mar, no están en condiciones de ser loteadas ya que no hay trabajos de mensura realizados, ni proyectos de loteo presentados en el municipio de Río Grande, no se ha realizado el estudio de impacto ambiental y a la fecha no se cuenta con un proyecto de infraestructura. Por ello, se calcula que no es posible que dichos lotes estén en condiciones de ser entregados por aproximadamente 5 años, periodo mínimo que llevaría realizar todos los trámites, estudios, trabajos y obras. Además el IPV cedió a título gratuito una parcela de 32.360 m2 a la DPOSS, para la construcción de una planta potabilizadora. En declaraciones públicas, el Gobierno provincial ha informado la financiación de la infraestructura por 100 millones de pesos, pero a la fecha el costo de la infraestructura para los más de 700 lotes asciende a más de 700 millones de pesos, por lo que desconocemos (y nos desconcierta) el cálculo realizado por el Gobierno provincial. Los precios de los lotes se estiman a la fecha en $1.000.000 en Ushuaia y $800.000 en Río Grande (importe que surge de las declaraciones de Vazquez a “Boletin 24”), valores que serán actualizados al momento de las entregas (dentro de 2/5 años). Los terrenos no son hipotecables hasta su cancelación total (30 años a un promedio de $12.000 mensuales) y el IPV no cuenta con fondos para otorgar créditos a la demanda general, supuesta razón por la cual están suspendidos hace más de dos años (ya hemos informados que se han entregado más de 240 millones en préstamo a asociaciones civiles, clubes, organismos, cooperativas, etc.).
Tanto el Sector 3 de la Urbanización del Río Pipo en Ushuaia, como el predio de Cabo del Mar de Margen Sur en Río Grande, son los únicos predios que posee el IPV para construir viviendas futuras y así perseguir nuestra misión solucionar el déficit habitacional de los ciudadanos de la provincia de Tierra del Fuego. Los políticos están dilapidando el patrimonio del IPV, engañando a los ciudadanos, pensando solo en el corto plazo, utilizando la necesidad para generar clientelismo y así beneficiarse políticamente, un beneficio que no es para toda la sociedad, un beneficio que es para unos pocos y terminará por perjudicarnos a todos.
Entregar terrenos no es dar una solución habitacional”, señalan finalmente los autores de la solicitada.
