El Dr. Francisco Ibarra, abogado defensor del Gobernador electo, adelantó el pedido de indagatoria del Secretario de Seguridad, luego del requerimiento fiscal para avanzar con la investigación. Calificó de “bochornoso” lo ocurrido con la causa, luego de dos rechazos del mismo fiscal a la denuncia presentada por la entrega de una vivienda del IPV al testigo Hugo Moya. “Cuando el fiscal ante el Superior Tribunal indicó que se debía investigar, recién se avanza en estas cuestiones”, sostuvo, y la primera medida será constituirse en querellante. Aseguró que hay prueba suficiente para llamar a indagatoria y procesar al funcionario, que admitió haber entregado la vivienda del gobierno a uno de los testigos que declaró contra Melella. “Es un delito grave”, afirmó.
Río Grande.- El abogado defensor del Gobernador electo Gustavo Melella, Dr. Federico Ibarra, adelantó ayer por Radio Provincia que pedirá el llamado a indagatoria del secretario de Seguridad Javier Eposto, a quien denunció por peculado, tras haber entregado una vivienda del gobierno al testigo Hugo Moya, en la causa que investiga el presunto abuso sexual e irregularidades en la obra pública.
“Después de idas y venidas se hizo el requerimiento de instrucción a los fines de poder investigar”, expresó, y dijo que la primera medida será “constituirnos como querellantes en estas actuaciones. Tenemos esta facultad una vez que el fiscal pide el requerimiento, para intervenir en la investigación”.
Ibarra cuestionó la demora en requerir la investigación, y también prevé indagar sobre los motivos. “Es algo que se va a determinar en estas mismas actuaciones. En su momento dije que íbamos a ir hasta las últimas consecuencias, y por eso formulamos esta denuncia cuando tomamos conocimiento de los hechos y vimos la prueba documental, que es el acta policial donde el mismo testigo (Hugo Moya) manifestaba que le había entregado la vivienda el Secretario de Seguridad”.
“Yo quiero saber el motivo por el cual no se quiso investigar hasta ahora, cuando a simple vista existe un hecho que merece ser investigado”, sostuvo sobre la denuncia por peculado que formuló oportunamente.
“Se trata de una vivienda que pertenece al Estado y la tiene el IPV, destinada a los funcionarios políticos que la requieran. No sabemos cómo es posible que un funcionario que no la tenía destinada, porque la tenía el jefe de gabinete (Leonardo Gorbacz), hace entrega de la vivienda el mismo día que Moya se estaba presentando en calidad de testigo en la fiscalía que hoy tiene que investigar”, subrayó.
“Esto genera muchas dudas y amerita ser investigado. En su momento no se investigó porque decían que no constituía delito y ahora, cuando el fiscal ante el Superior Tribunal indicó que se debía investigar, recién se avanza en estas cuestiones”, planteó el letrado.
Se le preguntó si este cambio en el fiscal Guillermo Quadrini, que había rechazado la denuncia y ahora decide requerir la investigación, puede tener relación con el resultado electoral. “No quiero pensar eso, porque no debe ser así. Mi cliente es el Gobernador electo y la instrucción que me dio fue siempre ir hasta las últimas consecuencias. Se me rechazaron en dos oportunidades las presentaciones y ahora se está investigando, pero no me gusta cómo se está actuando. Me parece bochornoso, y más bochornoso me parece lo que sucede en el ámbito de estas actuaciones”, cuestionó, ante el escándalo judicial que se desató por la negativa de la fiscal de turno a recibir el expediente.
“Yo siempre tenía dado que esta denuncia era un circo y ahora ese circo se ve en el ámbito de la justicia, con lo que sucedió entre una fiscal que no quiso recibir el expediente y denunció al funcionario que lo llevaba”, dijo del altercado entre la fiscal Urquiza y el juez Sahade con su secretario, quienes han pedido un jury para la funcionaria judicial.
La fiscal Urquiza subrogaba a Quadrini y, para el Dr. Ibarra, no había ninguna razón para negarse a recibir el expediente. “Yo desconozco la participación en este expediente de la fiscal, porque quien debía manifestarse en estas actuaciones es el Dr. Quadrini. Sé que no se encontraba en la ciudad y ella estaba subrogando, pero es bochornoso y avergüenza al poder judicial lo que ha sucedido, porque un juez, en este caso el Dr. Sahade, dispone la remisión de la causa a la fiscalía con habilitación de día y hora, que es un procedimiento habitual en el ámbito del derecho penal, sobre todo cuando una fiscalía se encuentra de turno. Los juzgados no se manejan en el ámbito penal como en el horario normal, y más aún cuando se trata de una fiscalía de turno”, explicó.
“Llevar el expediente para correr vista es un trámite normal y habitual; pero se negaron a recibir un expediente, no digo a dictaminar, porque nadie la obligaba a formular un dictamen en forma inmediata. A su vez pretendió desalojar con la fuerza pública al funcionario que llevaba el expediente. Realmente es una vergüenza”, sostuvo sobre este incidente en el que aparecieron varios patrulleros en escena.
“Sinceramente no se comprende a qué se debe esta animosidad, cuando se trata de una causa que recién se está iniciando y está en plena investigación. Nosotros nos vamos a constituir en querellantes por el interés afectado, que entendemos que es beneficiar a un testigo para que declare en contra del imputado en la causa. Al Secretario de Seguridad se lo ha imputado en forma directa y estoy pidiendo la declaración indagatoria”, sentenció.
Los pasos previos
Ibarra detalló que, antes de la indagatoria, se deberá “completar la investigación con el resto de la prueba”, que ya presentó. Recordó que hay declaraciones a los medios de comunicación del propio Eposto en las que reconoce haber entregado la vivienda a Hugo Moya; también se han obtenido los expedientes administrativos del IPV, a fin de certificar el destino que tenía la vivienda en cuestión, más las actas policiales en las que Moya menciona que tenía las llaves porque se las había dado el Secretario de Seguridad. También consta “la declaración de los mismos policías que dijeron que esta persona (Hugo Moya) entró a la vivienda con las llaves y la declaración del propio Moya. Una vez que se tenga todo esto, entiendo que corresponde la declaración indagatoria de Eposto”, afirmó.
Consultado acerca de la pena prevista para este tipo de delito, respondió que “el peculado prevé hasta seis años, pero hay que ver cómo concurren los delitos, porque con el falso testimonio llega hasta los diez años. Es un delito grave y hay que ver cómo concurren las figuras. Esto será en una etapa última del proceso, pero primero hay que determinar una conducta ilegal y su encuadramiento. El próximo paso es que se junten las pruebas que hemos ofrecido y se llame a indagatoria”, concluyó el abogado.
