El Dr. Federico Rauch fue contundente al expresar su rechazo al voto electrónico y aseguró que terminaría con la democracia, al no poder conocerse si el resultado realmente refleja la voluntad del elector. Argumentó que toda intermediación con tecnología convierte a la elección en pasible de hackeos y subrayó que, salvo en Venezuela, ya no se usa en el mundo. También informó sobre algunos avances en la demanda contra las automotrices.
Río Grande.- El Dr. Federico Rauch sentó posición sobre uno de los temas de la agenda de debate de la reforma política, en diálogo con Radio Universidad 93.5, y apuntó contra la incorporación de tecnología en el sistema de votación.
“La gravedad está vinculada en el modo de votación con la introducción de medios electrónicos para mediar entre la voluntad de los que votamos y el Estado que recuenta los votos”, dijo.
“Esto es lo que se llama voto electrónico o boleta electrónica, que implica siempre la intermediación de la máquina y de alguna organización privada contratada por el Estado, en la emisión del voto. Sería terminar con la democracia”, sentenció, asegurando que “no hay científico o técnico independiente que no pertenezca a una empresa que venden estos sistemas de voto electrónico, que no afirme que no hay ninguna certeza de evitar el fraude en escala masiva cuando se entrega a las máquinas la intermediación de la voluntad del elector”.
“Nuestro sistema tiene defectos, pero desde este punto de vista es mucho más seguro, porque la boleta en papel es verificada y controlada por humanos. Aunque se diga que la boleta tiene un chip y ninguna máquina intermedia, cuando se introduce electrónica en este proceso, se introduce la posibilidad de hackeo y de alterar los resultados de una elección”, subrayó.
Recordó que “la democracia se basa en la soberanía del pueblo y, si no se puede estar seguro de qué ha decidido el pueblo, se socava la legitimidad misma del ejercicio del voto. El voto electrónico no se utiliza en ninguna parte del mundo, salvo en Venezuela, y a Maduro le resolvió el problema, por eso es presidente y por eso está cuestionada su elección”, citó como claro ejemplo del efecto negativo del sistema.
Demanda contra automotrices
Por otra parte, el abogado aportó algunas novedades de la demanda colectiva contra las automotrices, que involucra a “casi 7.000 fueguinos”, dijo.
“Hoy es la demanda colectiva más grande de Latinoamérica; por otro lado, las automotrices son multinacionales de las más grandes del mundo, y no sabemos de un juicio más grande que este. Hemos creado un sitio en internet al que se accede por la página del estudio Rauch, donde publicamos las novedades que se van produciendo a lo largo de este juicio, para que todos puedan informarse. Han contestado todas las automotrices hace menos de un mes y básicamente tanto Ford como Volkswagen, Renault, Peugeot, Toyota, han utilizado más de 1.500 abogados que intervienen en este juicio y han ejercido plenamente su defensa. Han dicho que la justicia provincial no les resulta fiable ni conveniente y han reclamado que el juicio se remita a la justicia federal”, explicó.
“Invocaron el artículo 116 de la Constitución Nacional y, como son vecinos de otras provincias porque sus plantas y sus sedes están fuera de la provincia, quieren que la Corte Suprema sea la que tramite la causa o bien el juzgado federal de Río Grande. Han puesto algunas excepciones en el juzgado federal y el resultado por el momento fue negativo, ya que el fiscal y el juez federal no le hicieron lugar, porque no es correcto el planteamiento. Ford Motors Argentina apeló esta decisión, la llevó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que es la misma Cámara que les levantó la multa de casi 200 millones de dólares que les había impuesto la Secretaría de Comercio por la violación de la ley de defensa de la competencia. Esa misma Cámara les revocó la multa y eso motivó que el estado nacional interpusiera un recurso extraordinario ante la Corte, que está en trámite. La Corte tiene que resolver si va a mantener la aplicación de la multa o no”, repasó de la causa paralela que se tramita y es independiente de la demanda colectiva que está en jurisdicción de la provincia, sobre violación a la ley de defensa del consumidor.
“La Cámara de Comodoro Rivadavia confirmó la decisión que tomó el juez federal de la provincia de Tierra del Fuego y estamos tramitando un recurso extraordinario que presentó Ford Motors, para elevar la situación a la Corte Suprema. Ya sea que le concedan ese recurso o no, Ford Motors va a ir a la Corte Suprema, para conseguir que le saque el expediente a la justicia de Tierra del Fuego y se lo dé a los juzgados federales, con los que tienen más contacto porque los estudios de sus abogados están en Buenos Aires”, dijo.
“En la provincia el Dr. Boccardo, que está llevando este histórico juicio en primera instancia, ya está para resolver las otras excepciones que plantearon las automotrices, entre ellas la incompetencia. Luego seguramente se va a fijar una audiencia pública, donde se van a resolver los planteamientos previos, si va a haber que producir algún tipo de prueba, para luego ingresar a los alegatos y la sentencia. Va a ser un proceso largo, porque es un juicio muy complejo”, adelantó.
Promoción en riesgo
También el letrado fue consultado sobre la coyuntura actual de ajuste nacional y el riesgo que puede correr la 19640. Se remitió a la decisión que tomó la ex presidente en los últimos dos años de su mandato, al imponer el IVA a la actividad hidrocarburífera, que “a mi modo de ver desacertada, pero hizo uso de las facultades que otorga el artículo 31 de la ley 19640. Desde hace años vengo diciendo que nosotros estamos a tiro de un decreto y el Poder Ejecutivo, cualquiera sea, puede derogar total o parcialmente el régimen, tanto el subsistema industrial como el subsistema de exención fiscal del que gozamos todos los fueguinos. La ex presidente hizo una derogación parcial, aplicada a las petroleras a las que les quitó los beneficios. No es que tenga simpatía por las petroleras, porque las considero responsables primarias de la crisis económica que atraviesa actualmente el país, pero cualquier marcha atrás al régimen de promoción de la 19640 es poner en tela de juicio el futuro mismo de los fueguinos. No solamente es un precedente sino una demostración de que se puede hacer”, alertó.
No consideró casual que ahora aparezca la controversia por la aplicación de IVA a los servicios de Netflix y Spotify. “La cuestión es determinar si los fueguinos dentro del área aduanera especial deben pagar el IVA por el servicio que se provee dentro del área. La respuesta claramente es no, porque el área aduanera está exenta del cobro de este impuesto, y por consiguiente no se puede cobrar el IVA a quienes contraten Netflix u otro servicio. La AFIP siempre ha insistido para ver de qué manera puede cobrar los impuestos dentro del área aduanera y lo ha logrado a través de reglamentaciones, porque los fueguinos estamos pagando por los bienes que ingresan lo mismo o mucho más de lo que se paga en el resto del país. Eso es consecuencia, no de algunos comerciantes vivarachos, sino de regulaciones de la AFIP que han desvirtuado el uso efectivo de los beneficios por parte de la población. Es lo que pasa con los autos, porque un particular no puede importar un auto de Punta Arenas, pero sí lo puede hacer una automotriz”, señaló.
“En teoría un particular podría traer un auto del país de origen para ser usado en la provincia, si leen la 19640, pero en la práctica no es así por las reglamentaciones que ha impuesto el Estado nacional a través de distintos organismos, entre ellos la AFIP. Hasta el año 2001 los fueguinos podían comprar un auto en Punta Arenas o traérselo de Europa o Estados Unidos sin pagar ningún impuesto más que el flete”, recordó, afirmando que las resoluciones actuales son ilegales, porque “no pueden derogar un beneficio establecido por una ley. Sin embargo esa barrera cerró en la práctica la competencia de precios en los autos y permitió que cuesten lo mismo o más caro que en el resto del país, desde el 2001. La diferencia se la llevan los que pueden traer esos autos sin estas barreras para los particulares”, cuestionó.
“Hay grandes sectores en la Capital Federal que ejercen el poder en la nación que, por incomprensión o por interés, realmente quieren voltear definitivamente la ley y eliminarla completamente. En medio del ajuste que recién empieza, no es descartable que entre el tijeretazo para ajustar gastos que quiere el gobierno nacional se mire nuevamente a Tierra del Fuego; no al presupuesto estatal sino a los privados y las exenciones fiscales que tiene la 19640”, avizoró.
“En el presupuesto 2018 que presentó Macri y fue aprobado, en el capítulo 7 está Tierra del Fuego y ahí dicen que el costo fiscal es de 30 mil millones de pesos, medidos a octubre del año pasado. Si ahora el FMI sostiene que hay que reducir el déficit fiscal, la pregunta es dónde se va a reducir, y no hay dudas de que hay gente que va a mirar hacia Tierra del Fuego”, analizó.
Por último se le consultó al abogado si analiza seguir participando en política como el año pasado, cuando se postuló para la diputación, pero lo descartó: “Fue una situación muy puntual y estoy en una etapa donde tengo muchas cosas para hacer y el ejercicio de la política es un problema, sobre todo porque en toda Latinoamérica campea la anomia y la corrupción. Para quienes no estamos en eso, es un poco difícil dedicarse a estas cosas. Está fuera de mis planes, pero no quiere decir que no siga colaborando en lo que pueda, dando una opinión, informando sobre cosas que uno sabe, y trabajando institucionalmente desde el sector privado como un ciudadano más”, concluyó.
