El legislador Pablo Blanco convocó a reunión de comisión para el próximo martes y, hasta el momento, se pondrá en debate el proyecto del bloque UCR-Cambiemos para llevar de seis a tres meses la actualización de la movilidad jubilatoria. La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich adelantó que pedirá la discusión de su proyecto y de una iniciativa de un grupo de jubilados, para restituir la movilidad automática. Además, presentará detalles de la información requerida a los organismos de control, hasta ahora sin respuesta, sobre el destino de los fondos de la ley de emergencia que debían ir a capitalizar la caja, y no fueron enviados por el Poder Ejecutivo desde su entrada en vigencia.
Río Grande.- El martes a las 10 de la mañana está prevista una reunión de comisión, convocada por el legislador Pablo Blanco, con el fin de retomar el debate de la movilidad jubilatoria. Fue girada una invitación al Directorio de la caja, a diferencia de la oportunidad anterior, en la que solamente se requirió la presencia de su presidente, Rubén Bahntje, quien no asistió.
La directora de la caja de previsión Elisa Dietrich adelantó a Radio Provincia que ya confirmó su presencia y va a concurrir “como representante de la caja y también para que se escuche el proyecto de ley que presenté y el que presentó una jubilada de Río Grande, acompañado por la firma de varios jubilados. En esta convocatoria solamente figura como tema de debate el proyecto que presentó Pablo Blanco, que busca reducir de seis a tres meses la actualización de la movilidad, sin cambiar nada más de la ley. El otro proyecto que había ingresado un grupo de jubilados pedía la derogación de un artículo, para volver a la redacción anterior. Mi proyecto y el de los jubilados no tuvieron tratamiento parlamentario, porque ningún legislador los tomó para darle tratamiento parlamentario e incluirlo en el temario de la comisión. Es decir que no forman parte del temario, pero serían considerados en la reunión del martes”, confió.
Consultada acerca de si se espera que esta vez asista el presidente, dijo que “yo se lo pregunté y me contestó con evasivas. El presidente remitió una nota respondiendo al legislador Blanco, donde le informa datos sobre la situación económica y financiera de la caja, a fin de que tenga información para analizar en forma previa a la reunión del martes. También envió al Poder Ejecutivo un informe de la situación económica y financiera de la caja, en el marco de la transición. Bahntje no manifestó voluntad de ir pero en esta oportunidad creo que no va a ser motivo para que la reunión no se lleve a cabo. Aparentemente hay voluntad de que la situación se debata y esta vez no tienen la excusa de que no esté la información relevante, porque la tienen”, subrayó.
Consideró que “la voluntad política debe pasar por otro lado, porque en los últimos treinta años los gobiernos se han ido beneficiando con los recursos de la caja. Luego de los 208 millones de pesos que se evaporaron en la época de Estabillo, Manfredotti generó el Fondo Residual para recuperar la cartera de deudores del banco y, pasados 16 años, el Fondo Residual recuperó un montón de dinero que no fue a parar a la caja”, afirmó.
“En 2016 se sacó nuevamente una ley de emergencia, donde vuelven a aparecer íntegros estos 208 millones de pesos, y nuevamente pasan a ser administrados por el banco y por el Poder Ejecutivo, que asumió el compromiso de la deuda, pero siempre los recursos previsionales fueron utilizados para financiar la política, las inoperancias y las incapacidades que han demostrado los gobiernos a lo largo de 30 años”, fustigó.
“Los legisladores tendrán que evaluar si quieren restituir al menos mínimamente parte del daño que han causado al sistema previsional y a los jubilados, restituyendo una parte tan vital como es el derecho de mantener un haber que tenga un correlato con los activos, para que podamos tener una vida más digna. El gobierno de Bertone, a través de la 1068, obligó a los trabajadores y a los jubilados a pagar de su propio salario, perdiendo poder adquisitivo, por las malas administraciones del Poder Ejecutivo. El aporte solidario es el único recurso estatal que ha entrado efectivamente a financiar el sistema previsional, no los otros recursos, porque no entraron los del banco, ni los de la detracción del 15% de coparticipación, que son infinitamente superiores”, advirtió.
“La devolución a los jubilados del 82% móvil debe ser un reconocimiento histórico a los que hemos aportado durante tantos años y tenemos el derecho de mantener un poder adquisitivo razonable, que acompañe al activo. La movilidad no es una dádiva ni se puede pretender compensar la falta de recursos de los jubilados con plata en negro. A los legisladores no les tembló el pulso para sacar los 25 inviernos y no les preocupó de dónde iban a salir los recursos; autorizaron por la 460 a los organismos a no pagar aportes y contribuciones, y tampoco les tembló el pulso cuando sancionaron la 1068, que les robó a los trabajadores y a los jubilados parte del salario para sostener el sistema. Esto no es solamente una cuestión de recursos económicos, sino que tiene que ver con el derecho que tenemos los jubilados a que se reconozca nuestra historia laboral. Los legisladores no pueden seguir aplicando las mismas políticas de siempre, porque un Poder Ejecutivo administra mal los recursos y después los trabajadores y jubilados debemos pagar las consecuencias”, manifestó la directora.
Reclamó “un cambio de postura de los legisladores, porque en todos estos años han contribuido a la corrupción, a la malversación y al despojo de derechos de los trabajadores”.
Fondos extraviados
Dietrich expuso una situación por demás preocupante respecto del dinero que debía ingresar a la caja de previsión y ni los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas pueden decir cuánto es ni dónde está. Cabe recordar que las herramientas de financiamiento del sistema previsional previstas en la ley de emergencia era, por un lado, el llamado “aporte solidario”, que efectivamente ingresó; pero además debía girarse parte de las utilidades del Banco Tierra del Fuego y como mínimo el 70% de la devolución de la detracción del 15%.
Respecto de las utilidades del banco, Dietrich sostuvo que “el dato fehaciente que consta en la cuenta general de 2016 dice que las utilidades del 2015 fueron aproximadamente 124 millones de pesos. Eso corresponde al ejercicio 2015, que se rindió en el primer trimestre de 2016 y el banco los transfirió al Poder Ejecutivo. Los fondos de 2016 que fueron remitidos en el primer trimestre de 2017 al Poder Ejecutivo, son 134 millones más o menos. El resultado de 2017, que debió haberse determinado en 2018, hasta la fecha lo desconozco y seguramente surgirá en la cuenta del ejercicio de este año. No se sabe a qué se orientaron o imputaron estos recursos”, sostuvo, asegurando que a la caja nunca llegaron.
“Yo he enviado infinidad de notas al Tribunal de Cuentas pidiendo informes sobre la imputación de estos recursos, y el Tribunal de Cuentas no me ha sabido informar. Esos datos no existen dentro de la cuenta general”, subrayó.
En cuanto a la detracción del 15% de la coparticipación, dijo que “el Ejecutivo mandó en 2017 una afectación de 113 millones de pesos, pero el Ministerio de Economía informó que era la detracción realizada a los tres municipios, de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, por los períodos 2016 y 2017. Cuando le pregunté al Tribunal de Cuentas si ese monto responde al 70% del total ingresado por la devolución de coparticipación, que es el porcentaje mínimo que se debía destinar al sistema previsional, el Tribunal de Cuentas dice que no sabe cuál es el total ingresado a la provincia”, reveló.
“Solamente se habla de un giro de recursos de la detracción a los municipios, y yo pregunté qué pasaba con la parte que corresponde al gobierno porque, si fueron 113 millones entre las municipalidades, el monto del gobierno no puede ser inferior, y no se ha remitido un solo centavo a la caja”, ratificó.
“El jueves pasado me acerqué al Tribunal de Cuentas y tuve una conversación informal con el secretario legal, quien me dijo que se ha hecho una investigación especial y que se está trabajando sobre todos los puntos sobre los que vengo solicitando informes desde 2017 hasta la fecha. Yo le pedí al Tribunal, como máximo responsable del control de las cuentas públicas, que determine antes de la finalización del mandato qué imputación le dio el Poder Ejecutivo a todos los recursos que ingresaron por la ley de emergencia previsional. Al día de hoy en las cuentas de la caja no hay forma de saberlo, porque lo que se cumple en forma normal son las obligaciones corrientes y el pago del convenio de deuda. No se conoce ningún otro recurso extraordinario que haya ingresado, teniendo en cuenta los recursos que se generaron en el marco de la ley de emergencia”, sostuvo.
“Todo esto lo voy a plantear en la Legislatura y no solamente lo digo verbalmente sino que lo presentaré por escrito, si bien ya le informé sobre esto a la Legislatura el 14 de noviembre, cuando nos presentamos en el debate del presupuesto 2019, que finalmente no se trató. Todos estos datos y las notas enviadas al Tribunal de Cuentas le fueron adjuntadas a cada bloque legislativo, por lo cual ningún legislador puede desconocer esta situación, dado que fueron informados verbalmente y por escrito”, concluyó Dietrich.
